En los últimos años, algunos sectores han intentado instalar un nocivo debate sobre si el Estado chileno debe entregar servicios sociales como salud y educación a los migrantes. La premisa sugiere que los extranjeros son una carga que desplaza a los nacionales y que la calidad de la salud y la educación se ha deteriorado porque hoy se atiende a casi dos millones de personas extranjeras. Nada más lejos de la realidad.
Las personas migrantes no solo pagan impuestos como cualquier chileno, sino que además enfrentan costos adicionales. Una visa temporaria puede llegar a costar hasta $300.000, lo que significa ingresos directos al Estado. Según la CASEN 2022, el 87% de la población extranjera en edad de trabajar está ocupada o buscando empleo, incluso por encima de la tasa nacional, lo que refleja su aporte a la economía y a la recaudación fiscal.
En salud, el sistema no es gratuito: todos deben cotizar en Fonasa o en isapres. Aun así, los migrantes hacen un uso menor. Mientras el 78% de los chilenos accede a prestaciones AUGE-GES, solo un 65% de los migrantes lo hace, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud publicados por *El País* en 2024. La explicación es clara: son mayoritariamente jóvenes, con menos prevalencia de enfermedades, y muchos sienten que “no tienen derecho a enfermarse” en un contexto de vulnerabilidad.
En educación, la presencia migrante es significativa. En 2024, más de 273 mil estudiantes extranjeros estaban matriculados en el sistema escolar, un 7,7% de la matrícula nacional. Su incorporación no debilita la educación, sino que contribuye a sostenerla en un país que envejece aceleradamente. El Censo 2024 reveló que la tasa de fecundidad cayó a 1,16 hijos por mujer, y que por cada 100 menores de 14 años ya hay 79 personas de 65 o más.
En síntesis, los migrantes cumplen las mismas obligaciones que los chilenos —y muchas veces mayores exigencias— para acceder a los servicios sociales. El debate sobre si deben recibirlos no es más que una estrategia de desinformación de ciertos sectores que buscan sembrar miedo y división. Lo que Chile necesita discutir no es si los migrantes merecen derechos básicos, sino cómo construir una sociedad más justa.
