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Un memorándum suscrito en agosto de 2024 por el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), Luis Thayer, se ha transformado en un antecedente clave en medio de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por presuntas irregularidades en el ingreso de niños haitianos a Chile. El documento coincide con un significativo aumento en la llegada de ciudadanos haitianos al país entre 2024 y 2025.
La instrucción administrativa, emitida durante la gestión de Thayer, introdujo una flexibilización de algunos de los requisitos exigidos a ciudadanos haitianos que solicitaban residencia desde el extranjero. Entre las medidas adoptadas se incluyó la aceptación de certificados de nacimiento sin legalización y sin la necesidad de realizar trámites ante el Consulado de Chile en Haití. Asimismo, se flexibilizó la exigencia relativa a la vigencia de los certificados de antecedentes penales.
Las cifras muestran un incremento sustancial de ingresos tras la entrada en vigor de estas disposiciones. Según antecedentes difundidos por Reportajes T13, entre 2023 y 2024 ingresaron a Chile 3.545 ciudadanos haitianos, mientras que durante 2025 la cifra alcanzó las 8.693 personas, lo que representa un aumento cercano al 150%.
El antecedente adquiere especial relevancia luego de que la Contraloría General de la República detectara una serie de situaciones que actualmente son investigadas por el Ministerio Público. Entre ellas destaca el ingreso de más de 300 niños haitianos entre enero y abril de 2025 bajo el Programa de Reunificación Familiar, así como la llegada al país de 486 menores trasladados por solo 12 adultos entre 2024 y 2025.
A ello se suma otro dato que encendió las alertas de los organismos fiscalizadores: de una muestra de 105 niños analizada por Contraloría, no ha sido posible determinar el paradero actual de 64 menores. Estos antecedentes han puesto el foco sobre la actuación de distintas instituciones involucradas en el proceso, entre ellas el Servicio Nacional de Migraciones, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Ni
Un memorándum suscrito en agosto de 2024 por el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), Luis Thayer, se ha transformado en un antecedente clave en medio de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por presuntas irregularidades en el ingreso de niños haitianos a Chile. El documento coincide con un significativo aumento en la llegada de ciudadanos haitianos al país entre 2024 y 2025.
La instrucción administrativa, emitida durante la gestión de Thayer, introdujo una flexibilización de algunos de los requisitos exigidos a ciudadanos haitianos que solicitaban residencia desde el extranjero. Entre las medidas adoptadas se incluyó la aceptación de certificados de nacimiento sin legalización y sin la necesidad de realizar trámites ante el Consulado de Chile en Haití. Asimismo, se flexibilizó la exigencia relativa a la vigencia de los certificados de antecedentes penales.
Las cifras muestran un incremento sustancial de ingresos tras la entrada en vigor de estas disposiciones. Según antecedentes difundidos por Reportajes T13, entre 2023 y 2024 ingresaron a Chile 3.545 ciudadanos haitianos, mientras que durante 2025 la cifra alcanzó las 8.693 personas, lo que representa un aumento cercano al 150%.
El antecedente adquiere especial relevancia luego de que la Contraloría General de la República detectara una serie de situaciones que actualmente son investigadas por el Ministerio Público. Entre ellas destaca el ingreso de más de 300 niños haitianos entre enero y abril de 2025 bajo el Programa de Reunificación Familiar, así como la llegada al país de 486 menores trasladados por solo 12 adultos entre 2024 y 2025.
A ello se suma otro dato que encendió las alertas de los organismos fiscalizadores: de una muestra de 105 niños analizada por Contraloría, no ha sido posible determinar el paradero actual de 64 menores. Estos antecedentes han puesto el foco sobre la actuación de distintas instituciones involucradas en el proceso, entre ellas el Servicio Nacional de Migraciones, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Ni
Esta jornada el Servicio de Registro Civil e Identificación presentó una querella criminal por el delito de estafa tras conocerse que falsos funcionarios pedían pagos a extranjeros para regularizar su situación migratoria en el país.
Señalan personas engañaban a extranjeros asegurando que eran funcionarios de una sucursal del Registro Civil en el centro de Santiago y que podían regularizar su situación migratoria por el pago de $350 mil.
Ante esto, el servicio emitió un comunicado en que señaló que ante los graves hechos conocidos, esta institución ha interpuesto una querella criminal por el delito de estafa ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de quienes resulten responsables de engañar a ciudadanos extranjeros ofreciendo falsas regularizaciones migratorias a cambio de sumas de dinero".
"Queremos ser categóricos en precisar que se determinó que no existen funcionarios del Registro Civil involucrados en estos hechos. Los sujetos que realizaron el cobro ilegal son personas externas que se hacían pasar por funcionarios de la institución de manera completamente fraudulenta", mencionaron.
Agregaron que "como Servicio, condenamos enérgicamente que personas inescrupulosas se hagan pasar por funcionarios públicos, aprovechándose de la buena fe, la vulnerabilidad y la necesidad de las personas que buscan poner en regla su situación en el país. No toleraremos que se utilice el nombre de nuestra institución para cometer delitos".
"Finalmente, recordamos a toda la comunidad que los funcionarios del Registro Civil solo atienden de manera presencial en nuestras oficinas y que el Servicio no cuenta con atención de 24 horas ni realiza cobros informales por fuera de los canales establecidos. Los valores y precios de cada trámite están debidamente regulados y publicados de forma transparente tanto en las oficinas del Servicio como en nuestro sitio web oficial", cerraron.
Redacción de Emol.
Esta jornada el Servicio de Registro Civil e Identificación presentó una querella criminal por el delito de estafa tras conocerse que falsos funcionarios pedían pagos a extranjeros para regularizar su situación migratoria en el país.
Señalan personas engañaban a extranjeros asegurando que eran funcionarios de una sucursal del Registro Civil en el centro de Santiago y que podían regularizar su situación migratoria por el pago de $350 mil.
Ante esto, el servicio emitió un comunicado en que señaló que ante los graves hechos conocidos, esta institución ha interpuesto una querella criminal por el delito de estafa ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de quienes resulten responsables de engañar a ciudadanos extranjeros ofreciendo falsas regularizaciones migratorias a cambio de sumas de dinero".
"Queremos ser categóricos en precisar que se determinó que no existen funcionarios del Registro Civil involucrados en estos hechos. Los sujetos que realizaron el cobro ilegal son personas externas que se hacían pasar por funcionarios de la institución de manera completamente fraudulenta", mencionaron.
Agregaron que "como Servicio, condenamos enérgicamente que personas inescrupulosas se hagan pasar por funcionarios públicos, aprovechándose de la buena fe, la vulnerabilidad y la necesidad de las personas que buscan poner en regla su situación en el país. No toleraremos que se utilice el nombre de nuestra institución para cometer delitos".
"Finalmente, recordamos a toda la comunidad que los funcionarios del Registro Civil solo atienden de manera presencial en nuestras oficinas y que el Servicio no cuenta con atención de 24 horas ni realiza cobros informales por fuera de los canales establecidos. Los valores y precios de cada trámite están debidamente regulados y publicados de forma transparente tanto en las oficinas del Servicio como en nuestro sitio web oficial", cerraron.
Redacción de Emol.
Un preinforme de la Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre eventuales fallas administrativas en los mecanismos de protección y control migratorio de niños, niñas y adolescentes extranjeros en Chile. Los antecedentes preliminares dan cuenta de situaciones que podrían comprometer gravemente el interés superior del niño y evidencian debilidades en los sistemas de seguimiento implementados por los organismos responsables.
Entre los hallazgos más preocupantes figura la detección de casos en que un solo adulto ingresó o trasladó a numerosos menores de edad en un mismo vuelo, una situación que contraviene los estándares de resguardo establecidos para el desplazamiento de niños acompañados por terceros.
La situación adquiere una dimensión aún más delicada al constatarse que las autoridades no tendrían actualmente ubicación conocida de al menos 64 niños de nacionalidad haitiana.
El caso también ha generado controversia luego de que el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, señalara públicamente que ya en 2023 había advertido y denunciado posibles hechos vinculados al traslado irregular de niños haitianos. Sin embargo, sus declaraciones han despertado cuestionamientos desde distintos sectores, ya que, de confirmarse que existían antecedentes previos, resulta inevitable preguntarse por qué las medidas adoptadas no lograron evitar que dos años después la Contraloría detectara irregularidades de tal magnitud.
Un preinforme de la Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre eventuales fallas administrativas en los mecanismos de protección y control migratorio de niños, niñas y adolescentes extranjeros en Chile. Los antecedentes preliminares dan cuenta de situaciones que podrían comprometer gravemente el interés superior del niño y evidencian debilidades en los sistemas de seguimiento implementados por los organismos responsables.
Entre los hallazgos más preocupantes figura la detección de casos en que un solo adulto ingresó o trasladó a numerosos menores de edad en un mismo vuelo, una situación que contraviene los estándares de resguardo establecidos para el desplazamiento de niños acompañados por terceros.
La situación adquiere una dimensión aún más delicada al constatarse que las autoridades no tendrían actualmente ubicación conocida de al menos 64 niños de nacionalidad haitiana.
El caso también ha generado controversia luego de que el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, señalara públicamente que ya en 2023 había advertido y denunciado posibles hechos vinculados al traslado irregular de niños haitianos. Sin embargo, sus declaraciones han despertado cuestionamientos desde distintos sectores, ya que, de confirmarse que existían antecedentes previos, resulta inevitable preguntarse por qué las medidas adoptadas no lograron evitar que dos años después la Contraloría detectara irregularidades de tal magnitud.
La presencia de trabajadores venezolanos en el mercado laboral chileno continúa disminuyendo a un ritmo sin precedentes. Según datos analizados por el Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales, más de 45 mil venezolanos abandonaron la fuerza laboral durante los últimos doce meses, completando seis meses consecutivos de caídas interanuales. La disminución afecta principalmente a personas que llevan menos de cinco años en Chile, trabajadores con educación superior y jóvenes menores de 35 años, configurando un fenómeno inédito desde que existen registros estadísticos sobre la migración venezolana en el país.
Para el experto en migración y derecho laboral, Adrián Hernández @ambientejuridicove , esta situación no responde exclusivamente a un eventual retorno hacia Venezuela. "Una parte importante de esta disminución obedece a los despidos masivos de trabajadores migrantes venezolanos en situación irregular que se han producido a partir del llamado realizado por el Gobierno a los empleadores para revisar sus dotaciones. Lamentablemente, en muchos casos estos despidos ocurren sin el debido respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Muchos desconocen la legislación chilena, no reclaman indemnizaciones, remuneraciones pendientes o cotizaciones adeudadas, y terminan perdiendo importantes recursos económicos y beneficios laborales que les corresponden por ley", afirmó.
El informe del OCEC también advierte que la caída de la fuerza laboral venezolana se concentra especialmente en profesionales y trabajadores calificados, lo que podría generar efectos en sectores donde esta comunidad tiene una alta participación.
Hernández enfatizó, igualmente, que los mensajes contradictorios y los llamados a fiscalizaciones masivas contra el sector empresarial realizados por el Ejecutivo, además de propiciar despidos masivos, contribuyen a la precarización laboral mediante la contratación informal, situación que resulta contraproducente para los objetivos de desarrollo económico de la nación.
La presencia de trabajadores venezolanos en el mercado laboral chileno continúa disminuyendo a un ritmo sin precedentes. Según datos analizados por el Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales, más de 45 mil venezolanos abandonaron la fuerza laboral durante los últimos doce meses, completando seis meses consecutivos de caídas interanuales. La disminución afecta principalmente a personas que llevan menos de cinco años en Chile, trabajadores con educación superior y jóvenes menores de 35 años, configurando un fenómeno inédito desde que existen registros estadísticos sobre la migración venezolana en el país.
Para el experto en migración y derecho laboral, Adrián Hernández @ambientejuridicove , esta situación no responde exclusivamente a un eventual retorno hacia Venezuela. "Una parte importante de esta disminución obedece a los despidos masivos de trabajadores migrantes venezolanos en situación irregular que se han producido a partir del llamado realizado por el Gobierno a los empleadores para revisar sus dotaciones. Lamentablemente, en muchos casos estos despidos ocurren sin el debido respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Muchos desconocen la legislación chilena, no reclaman indemnizaciones, remuneraciones pendientes o cotizaciones adeudadas, y terminan perdiendo importantes recursos económicos y beneficios laborales que les corresponden por ley", afirmó.
El informe del OCEC también advierte que la caída de la fuerza laboral venezolana se concentra especialmente en profesionales y trabajadores calificados, lo que podría generar efectos en sectores donde esta comunidad tiene una alta participación.
Hernández enfatizó, igualmente, que los mensajes contradictorios y los llamados a fiscalizaciones masivas contra el sector empresarial realizados por el Ejecutivo, además de propiciar despidos masivos, contribuyen a la precarización laboral mediante la contratación informal, situación que resulta contraproducente para los objetivos de desarrollo económico de la nación.
Las autoridades migratorias del régimen de Venezuela informaron un nuevo procedimiento dirigido a ciudadanos que abandonaron el país por vías irregulares o sin registrar formalmente su salida ante los controles migratorios. La medida busca facilitar el retorno de venezolanos al territorio nacional mediante la actualización de su estatus migratorio al momento de ingresar por un paso habilitado.
De acuerdo con la información difundida por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), las personas que hayan salido del país sin sellar su pasaporte o evadiendo los controles de salida podrán regresar legalmente por vía aérea o terrestre sin necesidad de realizar trámites previos en oficinas migratorias. El proceso se efectuará directamente en el punto de ingreso al país.
Las autoridades precisaron que el ingreso no será denegado por esta situación. Sin embargo, al momento de la entrada se deberá regularizar el registro migratorio mediante el pago de una tasa administrativa equivalente a 50 unidades de referencia, calculadas según la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV). El organismo aclaró que este cobro no corresponde a una multa, sino a un arancel asociado a la actualización del registro migratorio.
El pago podrá realizarse directamente en los módulos de control migratorio habilitados en aeropuertos y pasos fronterizos, utilizando tarjetas nacionales o internacionales. Desde el Gobierno venezolano señalaron que la iniciativa busca promover un retorno ordenado, fortalecer los controles migratorios y garantizar la correcta identificación de los ciudadanos que regresan al país tras haber salido por vías no regulares.
Las autoridades migratorias del régimen de Venezuela informaron un nuevo procedimiento dirigido a ciudadanos que abandonaron el país por vías irregulares o sin registrar formalmente su salida ante los controles migratorios. La medida busca facilitar el retorno de venezolanos al territorio nacional mediante la actualización de su estatus migratorio al momento de ingresar por un paso habilitado.
De acuerdo con la información difundida por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), las personas que hayan salido del país sin sellar su pasaporte o evadiendo los controles de salida podrán regresar legalmente por vía aérea o terrestre sin necesidad de realizar trámites previos en oficinas migratorias. El proceso se efectuará directamente en el punto de ingreso al país.
Las autoridades precisaron que el ingreso no será denegado por esta situación. Sin embargo, al momento de la entrada se deberá regularizar el registro migratorio mediante el pago de una tasa administrativa equivalente a 50 unidades de referencia, calculadas según la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV). El organismo aclaró que este cobro no corresponde a una multa, sino a un arancel asociado a la actualización del registro migratorio.
El pago podrá realizarse directamente en los módulos de control migratorio habilitados en aeropuertos y pasos fronterizos, utilizando tarjetas nacionales o internacionales. Desde el Gobierno venezolano señalaron que la iniciativa busca promover un retorno ordenado, fortalecer los controles migratorios y garantizar la correcta identificación de los ciudadanos que regresan al país tras haber salido por vías no regulares.
La investigación sobre niños, niñas y adolescentes haitianos que ingresaron a Chile bajo la figura de reunificación familiar y cuyo paradero hoy es desconocido continúa sumando antecedentes. Documentos oficiales revelan que la Defensoría de la Niñez advirtió desde 2023 sobre falencias en los mecanismos de control y protección de menores migrantes, sin que sus observaciones derivaran en medidas concretas.
A través de diversos oficios, la institución alertó sobre la falta de protocolos específicos, problemas de coordinación entre organismos públicos y riesgos asociados a la migración irregular de menores. En enero de 2023, incluso calificó como “insuficiente” la respuesta estatal frente a esta problemática y propuso la creación de una mesa técnica para abordar el tema.
Las advertencias continuaron durante 2024 y 2025. Entre ellas, solicitudes de información sobre enrolamiento de menores extranjeros, registros biométricos y procedimientos de reunificación familiar. Según los antecedentes conocidos, varias de estas consultas no recibieron respuesta por parte de las autoridades competentes, incluido el Servicio Nacional de Migraciones.
La situación cobró especial relevancia este año, cuando la Defensoría solicitó antecedentes sobre el ingreso de menores con visas de reunificación familiar. Paralelamente, la Policía de Investigaciones reconoció que no existían protocolos específicos para detectar posibles irregularidades en estos casos, sino únicamente instrucciones de carácter general.
Los antecedentes coinciden con los hallazgos que hoy investigan la Fiscalía y la Contraloría General de la República, que detectaron casos de menores ingresados por terceros sin aparentes vínculos familiares y dificultades para establecer su ubicación. El caso vuelve a poner en cuestión la capacidad del Estado para garantizar la protección y trazabilidad de niños migrantes en Chile.
La investigación sobre niños, niñas y adolescentes haitianos que ingresaron a Chile bajo la figura de reunificación familiar y cuyo paradero hoy es desconocido continúa sumando antecedentes. Documentos oficiales revelan que la Defensoría de la Niñez advirtió desde 2023 sobre falencias en los mecanismos de control y protección de menores migrantes, sin que sus observaciones derivaran en medidas concretas.
A través de diversos oficios, la institución alertó sobre la falta de protocolos específicos, problemas de coordinación entre organismos públicos y riesgos asociados a la migración irregular de menores. En enero de 2023, incluso calificó como “insuficiente” la respuesta estatal frente a esta problemática y propuso la creación de una mesa técnica para abordar el tema.
Las advertencias continuaron durante 2024 y 2025. Entre ellas, solicitudes de información sobre enrolamiento de menores extranjeros, registros biométricos y procedimientos de reunificación familiar. Según los antecedentes conocidos, varias de estas consultas no recibieron respuesta por parte de las autoridades competentes, incluido el Servicio Nacional de Migraciones.
La situación cobró especial relevancia este año, cuando la Defensoría solicitó antecedentes sobre el ingreso de menores con visas de reunificación familiar. Paralelamente, la Policía de Investigaciones reconoció que no existían protocolos específicos para detectar posibles irregularidades en estos casos, sino únicamente instrucciones de carácter general.
Los antecedentes coinciden con los hallazgos que hoy investigan la Fiscalía y la Contraloría General de la República, que detectaron casos de menores ingresados por terceros sin aparentes vínculos familiares y dificultades para establecer su ubicación. El caso vuelve a poner en cuestión la capacidad del Estado para garantizar la protección y trazabilidad de niños migrantes en Chile.
El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) presentó una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte tras detectar una serie de ingresos al país de niños, niñas y adolescentes haitianos en vuelos realizados entre enero y octubre de 2025 bajo la figura de reunificación familiar. La acción judicial busca esclarecer la eventual existencia de delitos relacionados con el traslado irregular de menores de edad.
La denuncia se sustenta en antecedentes recopilados durante fiscalizaciones efectuadas conjuntamente por el Servicio Nacional de Migraciones, la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones (PDI). Según los informes, al menos 12 adultos, tanto chilenos como extranjeros, ingresaron reiteradamente al país acompañando grupos de entre dos y 18 menores haitianos, presentándose como sus responsables legales.
Sin embargo, las investigaciones preliminares habrían establecido que dichas personas no mantienen vínculos familiares o de consanguinidad con los menores y tampoco contarían con las autorizaciones exigidas por la legislación migratoria vigente. Frente a estos antecedentes, el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, señaló que la gravedad de los hechos justifica una investigación exhaustiva para determinar el paradero de los menores y establecer si existieron delitos de mayor complejidad vinculados a su ingreso al territorio nacional.
El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) presentó una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte tras detectar una serie de ingresos al país de niños, niñas y adolescentes haitianos en vuelos realizados entre enero y octubre de 2025 bajo la figura de reunificación familiar. La acción judicial busca esclarecer la eventual existencia de delitos relacionados con el traslado irregular de menores de edad.
La denuncia se sustenta en antecedentes recopilados durante fiscalizaciones efectuadas conjuntamente por el Servicio Nacional de Migraciones, la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones (PDI). Según los informes, al menos 12 adultos, tanto chilenos como extranjeros, ingresaron reiteradamente al país acompañando grupos de entre dos y 18 menores haitianos, presentándose como sus responsables legales.
Sin embargo, las investigaciones preliminares habrían establecido que dichas personas no mantienen vínculos familiares o de consanguinidad con los menores y tampoco contarían con las autorizaciones exigidas por la legislación migratoria vigente. Frente a estos antecedentes, el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, señaló que la gravedad de los hechos justifica una investigación exhaustiva para determinar el paradero de los menores y establecer si existieron delitos de mayor complejidad vinculados a su ingreso al territorio nacional.
Descubren puente clandestino sobre zanja fronteriza en Colchane y refuerzan vigilancia militar
Un puente improvisado fue detectado durante las últimas horas sobre la zanja construida en la frontera entre Chile y Bolivia, en la comuna de Colchane, una de las principales obras del Plan Escudo Fronterizo impulsado por el Gobierno. La estructura, confeccionada con sacos y tierra, habría sido instalada por terceros con el objetivo de facilitar cruces irregulares hacia territorio chileno.
El comisionado de la Macrozona Norte, Alberto Soto Valenzuela, informó que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ejército y del Ministerio Público, organismos que confirmaron la existencia de intervenciones no autorizadas en el sector. Asimismo, señaló que el área se encuentra bajo monitoreo permanente mediante sensores y patrullajes diurnos y nocturnos realizados por personal militar y de Carabineros.
Soto sostuvo que este tipo de acciones son una reacción esperable frente al fortalecimiento del control fronterizo, enfatizando que el Gobierno mantendrá una estrategia de resguardo “metódica, constante y efectiva”. La zanja fronteriza comenzó a construirse en marzo como una de las principales medidas para combatir el ingreso irregular de personas por pasos no habilitados.
Imagen capturada de Meganoticias.
Descubren puente clandestino sobre zanja fronteriza en Colchane y refuerzan vigilancia militar
Un puente improvisado fue detectado durante las últimas horas sobre la zanja construida en la frontera entre Chile y Bolivia, en la comuna de Colchane, una de las principales obras del Plan Escudo Fronterizo impulsado por el Gobierno. La estructura, confeccionada con sacos y tierra, habría sido instalada por terceros con el objetivo de facilitar cruces irregulares hacia territorio chileno.
El comisionado de la Macrozona Norte, Alberto Soto Valenzuela, informó que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ejército y del Ministerio Público, organismos que confirmaron la existencia de intervenciones no autorizadas en el sector. Asimismo, señaló que el área se encuentra bajo monitoreo permanente mediante sensores y patrullajes diurnos y nocturnos realizados por personal militar y de Carabineros.
Soto sostuvo que este tipo de acciones son una reacción esperable frente al fortalecimiento del control fronterizo, enfatizando que el Gobierno mantendrá una estrategia de resguardo “metódica, constante y efectiva”. La zanja fronteriza comenzó a construirse en marzo como una de las principales medidas para combatir el ingreso irregular de personas por pasos no habilitados.
Imagen capturada de Meganoticias.