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La trata de personas experimentó un fuerte aumento en España durante 2025. Según el informe anual de la Fiscalía General del Estado, las víctimas potenciales llegaron a 1.246, un 57,9 % más que las 789 contabilizadas el año anterior. De ellas, 875 fueron identificadas formalmente y otras 371 se encontraban en riesgo grave de explotación.
La explotación sexual continúa concentrando la mayoría de los casos, con 442 víctimas identificadas y otras 362 en situación de riesgo. Sin embargo, también creció la trata con fines laborales, que alcanzó 384 víctimas, principalmente hombres vinculados a sectores como agricultura, ganadería, construcción, hostelería, limpieza y servicio doméstico.
El Ministerio Público advierte que las redes criminales utilizan cada vez más internet y las tecnologías de comunicación para captar víctimas y promocionar servicios sexuales. En este ámbito, las mujeres latinoamericanas representan el grupo predominante: colombianas y venezolanas concentran el 54,5 % de las víctimas de explotación sexual.
La Fiscalía alerta además que muchas mujeres conocen que ejercerán la prostitución, pero son engañadas respecto de las condiciones en que deberán hacerlo. La coacción, el abuso y la explotación dificultan tanto su identificación como la persecución de las organizaciones criminales.
La trata de personas experimentó un fuerte aumento en España durante 2025. Según el informe anual de la Fiscalía General del Estado, las víctimas potenciales llegaron a 1.246, un 57,9 % más que las 789 contabilizadas el año anterior. De ellas, 875 fueron identificadas formalmente y otras 371 se encontraban en riesgo grave de explotación.
La explotación sexual continúa concentrando la mayoría de los casos, con 442 víctimas identificadas y otras 362 en situación de riesgo. Sin embargo, también creció la trata con fines laborales, que alcanzó 384 víctimas, principalmente hombres vinculados a sectores como agricultura, ganadería, construcción, hostelería, limpieza y servicio doméstico.
El Ministerio Público advierte que las redes criminales utilizan cada vez más internet y las tecnologías de comunicación para captar víctimas y promocionar servicios sexuales. En este ámbito, las mujeres latinoamericanas representan el grupo predominante: colombianas y venezolanas concentran el 54,5 % de las víctimas de explotación sexual.
La Fiscalía alerta además que muchas mujeres conocen que ejercerán la prostitución, pero son engañadas respecto de las condiciones en que deberán hacerlo. La coacción, el abuso y la explotación dificultan tanto su identificación como la persecución de las organizaciones criminales.
Los venezolanos tienen hoy razones para agradecer a Donald Trump y, al mismo tiempo, razones para preguntarse si algunas de sus decisiones no terminarán teniendo un costo demasiado alto.
Su gobierno hizo lo que durante años ningún otro quiso o pudo hacer: sacar a Nicolás Maduro del poder. Pero esa decisión ha convivido con una política migratoria marcada por el temor para miles de venezolanos en Estados Unidos, incluso para quienes ingresaron legalmente, solicitaron asilo o confiaron en encontrar alguna vía de regularización. Durante la campaña de Trump, muchos respaldaron la promesa de perseguir la delincuencia, no al migrante. Con el paso del tiempo, sin embargo, quedó claro que la frontera entre ambas cosas podía ser mucho más estrecha de lo que imaginaron.
La salida de Maduro abrió entonces una etapa todavía más compleja. Que una transición necesitara negociar con sectores del chavismo podía ser parte del pragmatismo necesario para desmontar un régimen. Lo que pocos imaginaron es que esa negociación terminara confundiendo gobernabilidad con impunidad, y pragmatismo con la rehabilitación de quienes construyeron y se enriquecieron bajo la dictadura, mientras los liderazgos democráticos son relegados.
El peligro mayor es que Delcy Rodríguez utilice el enorme patrimonio venezolano , petróleo, minerales y otros recursos estratégicos, como moneda de cambio para conservar cuotas de poder, comprar tiempo o diluir la exigencia de un verdadero cambio político. Si Venezuela termina entregando sus riquezas para que quienes gobernaron durante décadas aseguren su supervivencia, no habrá ocurrido una transición. Habrá ocurrido un pacto sobre Venezuela sin los venezolanos.
Los venezolanos tienen hoy razones para agradecer a Donald Trump y, al mismo tiempo, razones para preguntarse si algunas de sus decisiones no terminarán teniendo un costo demasiado alto.
Su gobierno hizo lo que durante años ningún otro quiso o pudo hacer: sacar a Nicolás Maduro del poder. Pero esa decisión ha convivido con una política migratoria marcada por el temor para miles de venezolanos en Estados Unidos, incluso para quienes ingresaron legalmente, solicitaron asilo o confiaron en encontrar alguna vía de regularización. Durante la campaña de Trump, muchos respaldaron la promesa de perseguir la delincuencia, no al migrante. Con el paso del tiempo, sin embargo, quedó claro que la frontera entre ambas cosas podía ser mucho más estrecha de lo que imaginaron.
La salida de Maduro abrió entonces una etapa todavía más compleja. Que una transición necesitara negociar con sectores del chavismo podía ser parte del pragmatismo necesario para desmontar un régimen. Lo que pocos imaginaron es que esa negociación terminara confundiendo gobernabilidad con impunidad, y pragmatismo con la rehabilitación de quienes construyeron y se enriquecieron bajo la dictadura, mientras los liderazgos democráticos son relegados.
El peligro mayor es que Delcy Rodríguez utilice el enorme patrimonio venezolano , petróleo, minerales y otros recursos estratégicos, como moneda de cambio para conservar cuotas de poder, comprar tiempo o diluir la exigencia de un verdadero cambio político. Si Venezuela termina entregando sus riquezas para que quienes gobernaron durante décadas aseguren su supervivencia, no habrá ocurrido una transición. Habrá ocurrido un pacto sobre Venezuela sin los venezolanos.
Entre las 2.753 personas que murieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center de Nueva York también hubo cuatro venezolanos: John Howard Boulton, Jenny Seu Kueng Low Wong, Eduardo Hernández y Anabel de Hernández.
Boulton, nacido en 1971, trabajaba para Euro Brokers International, cuya oficina estaba en el piso 84 de la Torre Sur. Tras el impacto del primer avión contra la Torre Norte, alcanzó a comunicarse con su esposa y trató de evacuar junto a sus compañeros. Sin embargo, los escombros y las condiciones del edificio obligaron al grupo a regresar. Minutos después, el segundo avión impactó la torre y Boulton quedó entre las víctimas.
Jenny Seu Kueng Low Wong, nacida en Caracas en 1976, trabajaba como asistente de un vicepresidente de Marsh & McLennan, en el piso 100 de la Torre Norte. El impacto del primer avión bloqueó las rutas de evacuación desde los niveles superiores, donde cientos de personas quedaron atrapadas.
Eduardo Hernández, de 41 años, y Anabel de Hernández, de 40, trabajaban en las cercanías del World Trade Center. Ambos se encontraban en la zona durante los ataques y también murieron en la tragedia.
Entre las 2.753 personas que murieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center de Nueva York también hubo cuatro venezolanos: John Howard Boulton, Jenny Seu Kueng Low Wong, Eduardo Hernández y Anabel de Hernández.
Boulton, nacido en 1971, trabajaba para Euro Brokers International, cuya oficina estaba en el piso 84 de la Torre Sur. Tras el impacto del primer avión contra la Torre Norte, alcanzó a comunicarse con su esposa y trató de evacuar junto a sus compañeros. Sin embargo, los escombros y las condiciones del edificio obligaron al grupo a regresar. Minutos después, el segundo avión impactó la torre y Boulton quedó entre las víctimas.
Jenny Seu Kueng Low Wong, nacida en Caracas en 1976, trabajaba como asistente de un vicepresidente de Marsh & McLennan, en el piso 100 de la Torre Norte. El impacto del primer avión bloqueó las rutas de evacuación desde los niveles superiores, donde cientos de personas quedaron atrapadas.
Eduardo Hernández, de 41 años, y Anabel de Hernández, de 40, trabajaban en las cercanías del World Trade Center. Ambos se encontraban en la zona durante los ataques y también murieron en la tragedia.
La defensa de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, acudió ante una corte federal de Estados Unidos luego de que la Fiscalía rechazara su propuesta para que la ex primera dama venezolana pudiera enfrentar el proceso bajo arresto domiciliario.
El abogado Nizar El Fakih explicó que los representantes de Flores buscaron inicialmente alcanzar un acuerdo con los fiscales antes de presentar la petición ante el tribunal. Aunque la decisión corresponde finalmente al juez, un entendimiento previo con la Fiscalía puede influir en la definición de las condiciones de una eventual libertad provisional.
La solicitud está vinculada a razones médicas. Según la defensa, Flores presenta afecciones cardíacas que requieren atención especializada y, por ello, planteó permanecer en Estados Unidos bajo un régimen de arresto domiciliario, con monitoreo mediante GPS y vigilancia permanente.
Tras la negativa de los fiscales, el planteamiento pasó ahora al ámbito judicial. Será el juez federal encargado del caso quien determine si existen antecedentes suficientes para conceder la medida cautelar y, eventualmente, establezca las condiciones bajo las cuales podría cumplirse.
La defensa de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, acudió ante una corte federal de Estados Unidos luego de que la Fiscalía rechazara su propuesta para que la ex primera dama venezolana pudiera enfrentar el proceso bajo arresto domiciliario.
El abogado Nizar El Fakih explicó que los representantes de Flores buscaron inicialmente alcanzar un acuerdo con los fiscales antes de presentar la petición ante el tribunal. Aunque la decisión corresponde finalmente al juez, un entendimiento previo con la Fiscalía puede influir en la definición de las condiciones de una eventual libertad provisional.
La solicitud está vinculada a razones médicas. Según la defensa, Flores presenta afecciones cardíacas que requieren atención especializada y, por ello, planteó permanecer en Estados Unidos bajo un régimen de arresto domiciliario, con monitoreo mediante GPS y vigilancia permanente.
Tras la negativa de los fiscales, el planteamiento pasó ahora al ámbito judicial. Será el juez federal encargado del caso quien determine si existen antecedentes suficientes para conceder la medida cautelar y, eventualmente, establezca las condiciones bajo las cuales podría cumplirse.
La Corte Suprema acogió un recurso de amparo en favor de una ciudadana haitiana a quien se impidió ingresar a Chile junto a sus dos hijas chilenas, de 10 y 6 años. La Segunda Sala concluyó que la medida fue ejecutada sin un acto administrativo formal que revocara su residencia definitiva y cuestionó que las autoridades no consideraran el interés superior de las menores.
Para el abogado y experto en migraciones Osvaldo Llinás @osvaldollinas , el fallo establece un límite relevante al actuar de la autoridad. “La administración no puede sustituir un procedimiento administrativo por una decisión material de hecho, especialmente cuando existen derechos fundamentales comprometidos. Si la residencia debía entenderse revocada, correspondía que ello fuera formalmente determinado por la autoridad competente y conforme al debido proceso”, sostuvo.
La mujer había obtenido residencia definitiva en 2015 y mantenía vínculos familiares en Chile, donde su cónyuge y sus dos hijas son ciudadanos chilenos. La PDI consideró tácitamente revocada su residencia debido al tiempo que permaneció fuera del país. Sin embargo, la Suprema estimó que el impedimento de ingreso fue adoptado “de facto” y sin un procedimiento administrativo que lo sustentara, ordenando autorizar su ingreso condicionado conforme a la Ley de Migración y Extranjería.
El máximo tribunal también consideró desproporcionada la medida por sus efectos sobre las niñas chilenas y señaló que existían alternativas menos gravosas, como el ingreso condicionado. La resolución tuvo dos votos disidentes, que estuvieron por confirmar el rechazo del amparo dictado inicialmente por la Corte de Apelaciones de Santiago.
La Corte Suprema acogió un recurso de amparo en favor de una ciudadana haitiana a quien se impidió ingresar a Chile junto a sus dos hijas chilenas, de 10 y 6 años. La Segunda Sala concluyó que la medida fue ejecutada sin un acto administrativo formal que revocara su residencia definitiva y cuestionó que las autoridades no consideraran el interés superior de las menores.
Para el abogado y experto en migraciones Osvaldo Llinás @osvaldollinas , el fallo establece un límite relevante al actuar de la autoridad. “La administración no puede sustituir un procedimiento administrativo por una decisión material de hecho, especialmente cuando existen derechos fundamentales comprometidos. Si la residencia debía entenderse revocada, correspondía que ello fuera formalmente determinado por la autoridad competente y conforme al debido proceso”, sostuvo.
La mujer había obtenido residencia definitiva en 2015 y mantenía vínculos familiares en Chile, donde su cónyuge y sus dos hijas son ciudadanos chilenos. La PDI consideró tácitamente revocada su residencia debido al tiempo que permaneció fuera del país. Sin embargo, la Suprema estimó que el impedimento de ingreso fue adoptado “de facto” y sin un procedimiento administrativo que lo sustentara, ordenando autorizar su ingreso condicionado conforme a la Ley de Migración y Extranjería.
El máximo tribunal también consideró desproporcionada la medida por sus efectos sobre las niñas chilenas y señaló que existían alternativas menos gravosas, como el ingreso condicionado. La resolución tuvo dos votos disidentes, que estuvieron por confirmar el rechazo del amparo dictado inicialmente por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Este 10 de septiembre, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Chile vuelve a enfrentar una realidad que permanece como uno de los desafíos relevantes de salud pública. Durante 2025 se registraron 1.927 muertes por suicidio en el país, de acuerdo con cifras informadas por el Ministerio de Salud. Aunque el indicador mantiene una tendencia a la baja desde 2023, la magnitud del fenómeno continúa siendo preocupante.
Los datos muestran que no se trata de un fenómeno aislado ni exclusivamente asociado a una determinada edad o condición social. Entre 2000 y 2021 se registraron 39.521 muertes por esta causa y los hombres concentraron el 82,4% de los casos, evidenciando una brecha de género persistente. En 2024, la tasa alcanzó aproximadamente 10,5 muertes por cada 100.000 habitantes, con cerca de 1.980 fallecimientos.
La evolución de las cifras también revela que los avances no permiten bajar la guardia. Tras alcanzar niveles más elevados durante la década de 2000, Chile logró reducir las tasas y posteriormente estabilizarlas en torno a 10 muertes por cada 100.000 habitantes. El desafío actual pasa por fortalecer la prevención, detectar tempranamente las señales de riesgo y garantizar que quienes atraviesan una crisis puedan acceder oportunamente a atención profesional.
En este contexto, el Ministerio de Salud ha reforzado la estrategia de prevención y mantiene disponible la línea *4141, que entrega orientación profesional, gratuita y confidencial las 24 horas del día desde teléfonos móviles. La conmemoración busca recordar que el suicidio es prevenible y que hablar responsablemente sobre salud mental, escuchar y acompañar pueden ser acciones decisivas frente a una situación de riesgo.
Este 10 de septiembre, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Chile vuelve a enfrentar una realidad que permanece como uno de los desafíos relevantes de salud pública. Durante 2025 se registraron 1.927 muertes por suicidio en el país, de acuerdo con cifras informadas por el Ministerio de Salud. Aunque el indicador mantiene una tendencia a la baja desde 2023, la magnitud del fenómeno continúa siendo preocupante.
Los datos muestran que no se trata de un fenómeno aislado ni exclusivamente asociado a una determinada edad o condición social. Entre 2000 y 2021 se registraron 39.521 muertes por esta causa y los hombres concentraron el 82,4% de los casos, evidenciando una brecha de género persistente. En 2024, la tasa alcanzó aproximadamente 10,5 muertes por cada 100.000 habitantes, con cerca de 1.980 fallecimientos.
La evolución de las cifras también revela que los avances no permiten bajar la guardia. Tras alcanzar niveles más elevados durante la década de 2000, Chile logró reducir las tasas y posteriormente estabilizarlas en torno a 10 muertes por cada 100.000 habitantes. El desafío actual pasa por fortalecer la prevención, detectar tempranamente las señales de riesgo y garantizar que quienes atraviesan una crisis puedan acceder oportunamente a atención profesional.
En este contexto, el Ministerio de Salud ha reforzado la estrategia de prevención y mantiene disponible la línea *4141, que entrega orientación profesional, gratuita y confidencial las 24 horas del día desde teléfonos móviles. La conmemoración busca recordar que el suicidio es prevenible y que hablar responsablemente sobre salud mental, escuchar y acompañar pueden ser acciones decisivas frente a una situación de riesgo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió las elecciones legislativas de noviembre en una apuesta económica al prometer un pago de US$5.000 a cada ciudadano adulto si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado.
Trump presentó la medida como un “dividendo” para los estadounidenses y aseguró que los recursos provendrían del éxito económico y de los ingresos obtenidos mediante los aranceles impulsados por su administración. Sin embargo, no entregó detalles sobre cómo se financiaría ni sobre el mecanismo legal para ejecutar las transferencias.
La magnitud de la propuesta abre interrogantes. Cálculos difundidos tras el anuncio sitúan su costo potencial en torno a US$1,2-1,35 billones, una cifra que supera ampliamente la recaudación anual que generarían los aranceles. Economistas han advertido que cubrir la diferencia mediante endeudamiento podría agravar el déficit fiscal y generar nuevas presiones inflacionarias.
Más allá de su viabilidad económica, el anuncio tiene una evidente dimensión electoral: Trump vinculó directamente el beneficio a una victoria republicana en los comicios del 3 de noviembre. La promesa transforma así una política pública de enorme impacto fiscal en un poderoso incentivo electoral, mientras la Casa Blanca aún no explica de dónde saldrían los recursos para convertir los US$5.000 anunciados en una realidad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió las elecciones legislativas de noviembre en una apuesta económica al prometer un pago de US$5.000 a cada ciudadano adulto si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado.
Trump presentó la medida como un “dividendo” para los estadounidenses y aseguró que los recursos provendrían del éxito económico y de los ingresos obtenidos mediante los aranceles impulsados por su administración. Sin embargo, no entregó detalles sobre cómo se financiaría ni sobre el mecanismo legal para ejecutar las transferencias.
La magnitud de la propuesta abre interrogantes. Cálculos difundidos tras el anuncio sitúan su costo potencial en torno a US$1,2-1,35 billones, una cifra que supera ampliamente la recaudación anual que generarían los aranceles. Economistas han advertido que cubrir la diferencia mediante endeudamiento podría agravar el déficit fiscal y generar nuevas presiones inflacionarias.
Más allá de su viabilidad económica, el anuncio tiene una evidente dimensión electoral: Trump vinculó directamente el beneficio a una victoria republicana en los comicios del 3 de noviembre. La promesa transforma así una política pública de enorme impacto fiscal en un poderoso incentivo electoral, mientras la Casa Blanca aún no explica de dónde saldrían los recursos para convertir los US$5.000 anunciados en una realidad.
El Gobierno de Perú evalúa coordinar con Venezuela un mecanismo para aumentar las expulsiones de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular, incluyendo el eventual traslado de grupos numerosos por vía marítima, según informó el ministro del Interior, César Astudillo, ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso.
Astudillo señaló que 1.635 extranjeros han sido expulsados hasta ahora y sostuvo que esta cifra podría incrementarse “muchísimo” si avanzan las conversaciones con Caracas. “Los vamos a mandar por barco y una buena cantidad”, afirmó. Sin embargo, el ministro no detalló cuándo comenzarían los traslados, desde qué puerto se realizarían, su capacidad ni los términos del eventual acuerdo con Venezuela.
Durante su exposición, Astudillo también aclaró que encontrarse en situación migratoria irregular no constituye por sí mismo un delito. Explicó que el escenario cambia cuando una persona expulsada vuelve a ingresar al país, razón por la cual las autoridades incorporan información biométrica para identificar eventuales reingresos mediante documentación distinta.
El anuncio se produce mientras Perú intensifica la fiscalización migratoria. Migraciones informó que durante 2026 se han realizado más de 2.500 operativos de control. Las expulsiones, en todo caso, deben aplicarse individualmente conforme a las causales y procedimientos establecidos en la legislación peruana.
El Gobierno de Perú evalúa coordinar con Venezuela un mecanismo para aumentar las expulsiones de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular, incluyendo el eventual traslado de grupos numerosos por vía marítima, según informó el ministro del Interior, César Astudillo, ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso.
Astudillo señaló que 1.635 extranjeros han sido expulsados hasta ahora y sostuvo que esta cifra podría incrementarse “muchísimo” si avanzan las conversaciones con Caracas. “Los vamos a mandar por barco y una buena cantidad”, afirmó. Sin embargo, el ministro no detalló cuándo comenzarían los traslados, desde qué puerto se realizarían, su capacidad ni los términos del eventual acuerdo con Venezuela.
Durante su exposición, Astudillo también aclaró que encontrarse en situación migratoria irregular no constituye por sí mismo un delito. Explicó que el escenario cambia cuando una persona expulsada vuelve a ingresar al país, razón por la cual las autoridades incorporan información biométrica para identificar eventuales reingresos mediante documentación distinta.
El anuncio se produce mientras Perú intensifica la fiscalización migratoria. Migraciones informó que durante 2026 se han realizado más de 2.500 operativos de control. Las expulsiones, en todo caso, deben aplicarse individualmente conforme a las causales y procedimientos establecidos en la legislación peruana.