PUBLICACIONES
LO MÁS RECIENTE
La reciente circular del Servicio de Registro Civil e Identificación, que redefine el criterio para otorgar la nacionalidad chilena a hijos de extranjeros, continúa generando debate entre especialistas en derecho migratorio.
Para el experto en migración, Adrián Hernández (@ambientejuridicove ), la medida podría tener consecuencias graves en materia de derechos fundamentales. “Este cambio administrativo aumenta el riesgo de apatridia. En el caso de hijos de venezolanos, existe una imposibilidad práctica de acceder a su nacionalidad debido a la falta de funcionamiento consular en Chile y a las trabas para realizar la inscripción de forma remota. Si tampoco se les reconoce la nacionalidad chilena, quedan en un limbo jurídico”, advierte.
Desde el punto de vista constitucional, el artículo 10 N°1 contempla una excepción al reconocimiento de la nacionalidad para hijos de extranjeros transeúntes. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia han sido consistentes en señalar que el concepto de “transeúnte” no equivale a irregularidad migratoria, sino a una estancia meramente accidental o de paso, sin ánimo de residencia. Al tratarse de una excepción a un derecho fundamental, su interpretación debe ser restrictiva, conforme a los principios constitucionales y a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.
En tanto, el abogado Osvaldo Llinás (@osvaldollinas) advierte que el nuevo criterio podría tensionar el sistema institucional. “Es previsible un aumento de reclamos administrativos ante Migraciones y de acciones judiciales, como ha ocurrido en casos donde la Corte Suprema ha reconocido la nacionalidad en función del arraigo de los padres. Esto abre un escenario de mayor judicialización”, explica.
Llinás agrega que Chile mantiene un sistema de ius soli con excepciones constitucionales taxativas, por lo que la categoría de “extranjero transeúnte” no puede interpretarse de manera extensiva. A su juicio, la irregularidad migratoria no equivale jurídicamente a tránsito, y la jurisprudencia de la Corte Suprema ha consolidado un criterio basado en el arraigo y la realidad material.
La reciente circular del Servicio de Registro Civil e Identificación, que redefine el criterio para otorgar la nacionalidad chilena a hijos de extranjeros, continúa generando debate entre especialistas en derecho migratorio.
Para el experto en migración, Adrián Hernández (@ambientejuridicove ), la medida podría tener consecuencias graves en materia de derechos fundamentales. “Este cambio administrativo aumenta el riesgo de apatridia. En el caso de hijos de venezolanos, existe una imposibilidad práctica de acceder a su nacionalidad debido a la falta de funcionamiento consular en Chile y a las trabas para realizar la inscripción de forma remota. Si tampoco se les reconoce la nacionalidad chilena, quedan en un limbo jurídico”, advierte.
Desde el punto de vista constitucional, el artículo 10 N°1 contempla una excepción al reconocimiento de la nacionalidad para hijos de extranjeros transeúntes. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia han sido consistentes en señalar que el concepto de “transeúnte” no equivale a irregularidad migratoria, sino a una estancia meramente accidental o de paso, sin ánimo de residencia. Al tratarse de una excepción a un derecho fundamental, su interpretación debe ser restrictiva, conforme a los principios constitucionales y a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.
En tanto, el abogado Osvaldo Llinás (@osvaldollinas) advierte que el nuevo criterio podría tensionar el sistema institucional. “Es previsible un aumento de reclamos administrativos ante Migraciones y de acciones judiciales, como ha ocurrido en casos donde la Corte Suprema ha reconocido la nacionalidad en función del arraigo de los padres. Esto abre un escenario de mayor judicialización”, explica.
Llinás agrega que Chile mantiene un sistema de ius soli con excepciones constitucionales taxativas, por lo que la categoría de “extranjero transeúnte” no puede interpretarse de manera extensiva. A su juicio, la irregularidad migratoria no equivale jurídicamente a tránsito, y la jurisprudencia de la Corte Suprema ha consolidado un criterio basado en el arraigo y la realidad material.
La Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino de Chile (ANJUF) expresó su respaldo a la futbolista Mary Valencia, de origen colombiano y nacionalizada chilena, tras ser víctima de insultos racistas en redes sociales, en una publicación de la cuenta oficial de la selección chilena.
La delantera de Colo Colo, de 23 años, había sido destacada por su actuación con La Roja femenina en la victoria por 3-1 frente a Uruguay, en el marco de la Liga de Naciones —clasificatoria al Mundial de Brasil 2027—, pero terminó convirtiéndose en un nuevo caso de discriminación en el fútbol chileno.
Nacida en Cauca, Colombia, Valencia fue objeto de comentarios denigrantes por su color de piel y origen en múltiples mensajes publicados en Instagram, donde incluso se cuestionó su representación de Chile, país al que llegó a los 11 años y que le otorgó la nacionalidad en 2021.
“Mary Valencia es una jugadora importantísima para nuestro país, tanto en la selección como a nivel de club”, señaló Javiera Moreno, presidenta del sindicato, en declaraciones al medio BioBio.
La atacante, elegida en 2025 como la mejor jugadora de la liga femenina chilena, también fue destacada por su “calidad humana”. “El racismo y los ataques, incluso coordinados a través de bots, no tienen cabida y están completamente alejados de los valores del deporte”, agregó la dirigente.
El caso de Valencia se suma a otro episodio reciente de xenofobia en el fútbol regional. En febrero pasado, hinchas de Huachipato profirieron insultos contra jugadores del club venezolano Carabobo durante un partido de la fase previa de la Copa Libertadores 2026.
Tras lo ocurrido, la Conmebol sancionó al equipo chileno e inició un expediente disciplinario, luego de la denuncia pública realizada en redes sociales por un jugador del conjunto venezolano y por su entrenador en conferencia de prensa.
La Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino de Chile (ANJUF) expresó su respaldo a la futbolista Mary Valencia, de origen colombiano y nacionalizada chilena, tras ser víctima de insultos racistas en redes sociales, en una publicación de la cuenta oficial de la selección chilena.
La delantera de Colo Colo, de 23 años, había sido destacada por su actuación con La Roja femenina en la victoria por 3-1 frente a Uruguay, en el marco de la Liga de Naciones —clasificatoria al Mundial de Brasil 2027—, pero terminó convirtiéndose en un nuevo caso de discriminación en el fútbol chileno.
Nacida en Cauca, Colombia, Valencia fue objeto de comentarios denigrantes por su color de piel y origen en múltiples mensajes publicados en Instagram, donde incluso se cuestionó su representación de Chile, país al que llegó a los 11 años y que le otorgó la nacionalidad en 2021.
“Mary Valencia es una jugadora importantísima para nuestro país, tanto en la selección como a nivel de club”, señaló Javiera Moreno, presidenta del sindicato, en declaraciones al medio BioBio.
La atacante, elegida en 2025 como la mejor jugadora de la liga femenina chilena, también fue destacada por su “calidad humana”. “El racismo y los ataques, incluso coordinados a través de bots, no tienen cabida y están completamente alejados de los valores del deporte”, agregó la dirigente.
El caso de Valencia se suma a otro episodio reciente de xenofobia en el fútbol regional. En febrero pasado, hinchas de Huachipato profirieron insultos contra jugadores del club venezolano Carabobo durante un partido de la fase previa de la Copa Libertadores 2026.
Tras lo ocurrido, la Conmebol sancionó al equipo chileno e inició un expediente disciplinario, luego de la denuncia pública realizada en redes sociales por un jugador del conjunto venezolano y por su entrenador en conferencia de prensa.
El Servicio de Registro Civil e Identificación emitió una nueva circular que redefine el criterio para otorgar la nacionalidad chilena a hijos de extranjeros nacidos en el país, marcando un giro respecto de la práctica administrativa consolidada en la última década. La medida, contenida en la Circular N°014 del 17 de abril de 2025, instruye que los recién nacidos cuyos padres se encuentren en condición de “permanencia transitoria" deberán ser inscritos como “hijos de extranjero transeúnte”, excluyéndolos automáticamente del acceso a la nacionalidad chilena.
El cambio se fundamenta en la entrada en vigencia de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, que por primera vez define legalmente el concepto de “extranjero transeúnte” como aquel que se encuentra en el país de manera temporal y sin intención de establecerse. A partir de esta definición, el Registro Civil establece que los oficiales deben basarse exclusivamente en un criterio objetivo: si el nacimiento ocurre durante la vigencia de un permiso de permanencia transitoria, el niño no será considerado chileno, sin evaluar otros antecedentes como contratos de trabajo, arriendos o indicios de arraigo.
La instrucción también limita el margen de análisis que anteriormente permitía ponderar el “ánimo de permanencia” de los padres, elemento que fue clave en fallos judiciales y prácticas administrativas posteriores a 2014. Casos como el de una menor nacida en Iquique en 2018, cuya nacionalidad fue finalmente reconocida por la Corte Suprema tras acreditarse la intención de sus padres de radicarse en Chile, reflejaban un enfoque más amplio en la interpretación del artículo 10 de la Constitución.
Con la nueva circular, ese criterio queda descartado a nivel administrativo. El documento señala expresamente que el Registro Civil no tiene facultades para determinar la intención de residencia de los padres, atribución que recae exclusivamente en el SERMIG. Incluso, en casos de duda o falta de documentación concluyente, la instrucción ordena igualmente inscribir al recién nacido como hijo de extranjero transeúnte, trasladando la carga de impugnación a los propios padres mediante solicitudes posteriores de rectificación.
El Servicio de Registro Civil e Identificación emitió una nueva circular que redefine el criterio para otorgar la nacionalidad chilena a hijos de extranjeros nacidos en el país, marcando un giro respecto de la práctica administrativa consolidada en la última década. La medida, contenida en la Circular N°014 del 17 de abril de 2025, instruye que los recién nacidos cuyos padres se encuentren en condición de “permanencia transitoria" deberán ser inscritos como “hijos de extranjero transeúnte”, excluyéndolos automáticamente del acceso a la nacionalidad chilena.
El cambio se fundamenta en la entrada en vigencia de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, que por primera vez define legalmente el concepto de “extranjero transeúnte” como aquel que se encuentra en el país de manera temporal y sin intención de establecerse. A partir de esta definición, el Registro Civil establece que los oficiales deben basarse exclusivamente en un criterio objetivo: si el nacimiento ocurre durante la vigencia de un permiso de permanencia transitoria, el niño no será considerado chileno, sin evaluar otros antecedentes como contratos de trabajo, arriendos o indicios de arraigo.
La instrucción también limita el margen de análisis que anteriormente permitía ponderar el “ánimo de permanencia” de los padres, elemento que fue clave en fallos judiciales y prácticas administrativas posteriores a 2014. Casos como el de una menor nacida en Iquique en 2018, cuya nacionalidad fue finalmente reconocida por la Corte Suprema tras acreditarse la intención de sus padres de radicarse en Chile, reflejaban un enfoque más amplio en la interpretación del artículo 10 de la Constitución.
Con la nueva circular, ese criterio queda descartado a nivel administrativo. El documento señala expresamente que el Registro Civil no tiene facultades para determinar la intención de residencia de los padres, atribución que recae exclusivamente en el SERMIG. Incluso, en casos de duda o falta de documentación concluyente, la instrucción ordena igualmente inscribir al recién nacido como hijo de extranjero transeúnte, trasladando la carga de impugnación a los propios padres mediante solicitudes posteriores de rectificación.
Un migrante de origen venezolano, con varios años residiendo en los Estados Unidos, murió de un ataque al corazón durante un procedimiento policial en la ciudad de Orlando, Florida.
La víctima respondía al nombre de Ray Barráez, de 50 años. De acuerdo con la información divulgada hasta el momento, él sufrió un infarto cuando se vio ante una parada de tráfico de la policía, indicó el medio local Utahzolanos.
Según relatan los presentes en un primer momento sufrió un ataque de pánico y su situación se agravó rápidamente y le dio el ataque cardíaco fulminante.
Barráez, quien tenía un trámite abierto de solicitud de asilo, dejó viuda a su esposa Karly Moncada; y huérfano de padre a un adolescente de 14 años.
«En cuestión de momentos, nuestra vida cambió para siempre. Aún estamos tratando de asimilar esta pérdida tan grande», comentó su esposa en una campaña abierta en GofundMe para solicitar colaboración para sus gastos fúnebres.
«Él era un hombre lleno de vida, amoroso, trabajador y siempre dispuesto a ayudar a los demás. Para nosotros y para quienes lo conocieron, no era solo un esposo y padre, era un apoyo, un amigo y el corazón de nuestro hogar», añadió.
Un migrante de origen venezolano, con varios años residiendo en los Estados Unidos, murió de un ataque al corazón durante un procedimiento policial en la ciudad de Orlando, Florida.
La víctima respondía al nombre de Ray Barráez, de 50 años. De acuerdo con la información divulgada hasta el momento, él sufrió un infarto cuando se vio ante una parada de tráfico de la policía, indicó el medio local Utahzolanos.
Según relatan los presentes en un primer momento sufrió un ataque de pánico y su situación se agravó rápidamente y le dio el ataque cardíaco fulminante.
Barráez, quien tenía un trámite abierto de solicitud de asilo, dejó viuda a su esposa Karly Moncada; y huérfano de padre a un adolescente de 14 años.
«En cuestión de momentos, nuestra vida cambió para siempre. Aún estamos tratando de asimilar esta pérdida tan grande», comentó su esposa en una campaña abierta en GofundMe para solicitar colaboración para sus gastos fúnebres.
«Él era un hombre lleno de vida, amoroso, trabajador y siempre dispuesto a ayudar a los demás. Para nosotros y para quienes lo conocieron, no era solo un esposo y padre, era un apoyo, un amigo y el corazón de nuestro hogar», añadió.
La reanudación de las expulsiones de migrantes en Chile, impulsada por el gobierno de Chile, ha abierto un nuevo escenario en la política migratoria del país, marcado por tensiones entre el discurso político y las limitaciones jurídicas y operativas. El inicio de los vuelos de deportación, con un primer grupo de 40 personas expulsadas hacia países como Colombia, Bolivia y Ecuador, marca el arranque de una estrategia que busca instalar un sistema continuo de expulsiones, aunque aún con resultados acotados.
Sin embargo, el abogado migratorio Osvaldo Llinás (@defensamigrantescom ) advierte que el Estado chileno enfrenta importantes límites legales para ejecutar expulsiones masivas. Según explica, estas medidas no pueden aplicarse de manera colectiva, ya que cada caso requiere un acto fundado, revisión individual, respeto al debido proceso y control judicial. A ello se suman estándares del derecho internacional, como el principio de no devolución, la protección de la unidad familiar y el interés superior del niño, que complica la acción estatal incluso en contextos de presión migratoria.
El principal obstáculo, no obstante, aparece en la situación de los ciudadanos venezolanos. Actualmente, más del 60% de las personas con orden de expulsión en Chile pertenecen a esta nacionalidad, pero la ausencia de relaciones consulares con Venezuela dificulta aspectos clave como la identificación, la obtención de documentos de viaje y la recepción de los expulsados. En la práctica, esto ha llevado a que muchas expulsiones sean simplemente imposibles de ejecutar, lo que explica por qué las salidas voluntarias se han transformado en el principal mecanismo de retorno que promueve el gobierno de Chile.
En este contexto, Llinás sostiene que existe un “límite estructural” para una política de expulsiones masivas dirigida a venezolanos. Aunque el Estado puede dictar órdenes administrativas o judiciales de expulsión, su materialización depende de condiciones externas, como la cooperación consular, que hoy no están presentes.
La reanudación de las expulsiones de migrantes en Chile, impulsada por el gobierno de Chile, ha abierto un nuevo escenario en la política migratoria del país, marcado por tensiones entre el discurso político y las limitaciones jurídicas y operativas. El inicio de los vuelos de deportación, con un primer grupo de 40 personas expulsadas hacia países como Colombia, Bolivia y Ecuador, marca el arranque de una estrategia que busca instalar un sistema continuo de expulsiones, aunque aún con resultados acotados.
Sin embargo, el abogado migratorio Osvaldo Llinás (@defensamigrantescom ) advierte que el Estado chileno enfrenta importantes límites legales para ejecutar expulsiones masivas. Según explica, estas medidas no pueden aplicarse de manera colectiva, ya que cada caso requiere un acto fundado, revisión individual, respeto al debido proceso y control judicial. A ello se suman estándares del derecho internacional, como el principio de no devolución, la protección de la unidad familiar y el interés superior del niño, que complica la acción estatal incluso en contextos de presión migratoria.
El principal obstáculo, no obstante, aparece en la situación de los ciudadanos venezolanos. Actualmente, más del 60% de las personas con orden de expulsión en Chile pertenecen a esta nacionalidad, pero la ausencia de relaciones consulares con Venezuela dificulta aspectos clave como la identificación, la obtención de documentos de viaje y la recepción de los expulsados. En la práctica, esto ha llevado a que muchas expulsiones sean simplemente imposibles de ejecutar, lo que explica por qué las salidas voluntarias se han transformado en el principal mecanismo de retorno que promueve el gobierno de Chile.
En este contexto, Llinás sostiene que existe un “límite estructural” para una política de expulsiones masivas dirigida a venezolanos. Aunque el Estado puede dictar órdenes administrativas o judiciales de expulsión, su materialización depende de condiciones externas, como la cooperación consular, que hoy no están presentes.
El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió ayer al proyecto legislativo impulsado por el Gobierno de Chile que busca retipificar el ingreso irregular al país como delito. La exautoridad manifestó su desacuerdo con la iniciativa, señalando que esta medida podría contradecir los objetivos del Ejecutivo de agilizar los procesos de expulsión, al trasladarlos al ámbito judicial.
El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió ayer al proyecto legislativo impulsado por el Gobierno de Chile que busca retipificar el ingreso irregular al país como delito. La exautoridad manifestó su desacuerdo con la iniciativa, señalando que esta medida podría contradecir los objetivos del Ejecutivo de agilizar los procesos de expulsión, al trasladarlos al ámbito judicial.
En el marco del primer vuelo de expulsión, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, reconoció las dificultades que enfrenta actualmente el gobierno de Chile para ejecutar expulsiones de ciudadanos venezolanos. No obstante, aseguró que, durante el primer mes de administración, más de 2.100 migrantes de esta nacionalidad habrían salido voluntariamente del país, en respuesta al llamado realizado por el presidente José Antonio Kast.
El reportaje también señala que existen más de 46.000 órdenes de expulsión vigentes, de las cuales más del 64% corresponderían a ciudadanos venezolanos.
Video de Tele13.
En el marco del primer vuelo de expulsión, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, reconoció las dificultades que enfrenta actualmente el gobierno de Chile para ejecutar expulsiones de ciudadanos venezolanos. No obstante, aseguró que, durante el primer mes de administración, más de 2.100 migrantes de esta nacionalidad habrían salido voluntariamente del país, en respuesta al llamado realizado por el presidente José Antonio Kast.
El reportaje también señala que existen más de 46.000 órdenes de expulsión vigentes, de las cuales más del 64% corresponderían a ciudadanos venezolanos.
Video de Tele13.
Una encuesta de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reveló que más de un tercio de los venezolanos en América Latina evalúa regresar a su país, aunque condicionado a mejoras en la situación económica, de seguridad y acceso a servicios básicos.
El estudio, aplicado a 1.288 personas en seis países de la región, indica que un 35% considera el retorno y un 9% lo proyecta en el corto plazo. La principal motivación es la reunificación familiar, mientras que factores como la precariedad laboral en los países de acogida también influyen en esta decisión.
Sin embargo, casi dos tercios de los encuestados descartan volver por ahora, principalmente debido a la inseguridad, la falta de empleo en Venezuela y la incertidumbre sobre sus condiciones de vida. A ello se suma que un 60% afirma no contar con información clara sobre su situación legal en caso de retorno.
ACNUR insistió en que cualquier regreso debe ser voluntario, seguro y digno, en un contexto donde 6,9 millones de venezolanos permanecen en la región y cerca de 4 millones requieren asistencia humanitaria.
Video de tele13.
¿Tienes planes de retorno a tu país?
Una encuesta de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reveló que más de un tercio de los venezolanos en América Latina evalúa regresar a su país, aunque condicionado a mejoras en la situación económica, de seguridad y acceso a servicios básicos.
El estudio, aplicado a 1.288 personas en seis países de la región, indica que un 35% considera el retorno y un 9% lo proyecta en el corto plazo. La principal motivación es la reunificación familiar, mientras que factores como la precariedad laboral en los países de acogida también influyen en esta decisión.
Sin embargo, casi dos tercios de los encuestados descartan volver por ahora, principalmente debido a la inseguridad, la falta de empleo en Venezuela y la incertidumbre sobre sus condiciones de vida. A ello se suma que un 60% afirma no contar con información clara sobre su situación legal en caso de retorno.
ACNUR insistió en que cualquier regreso debe ser voluntario, seguro y digno, en un contexto donde 6,9 millones de venezolanos permanecen en la región y cerca de 4 millones requieren asistencia humanitaria.
Video de tele13.
¿Tienes planes de retorno a tu país?