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El Senado de Chile aprobó en general el proyecto de ley que busca perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa de personas extranjeras, en el marco de la Ley 21.325. La iniciativa, que obtuvo 35 votos a favor y uno en contra, avanza ahora en su segundo trámite constitucional, con plazo para indicaciones hasta fines de abril.
La propuesta apunta a fortalecer las atribuciones del Ejecutivo en materia migratoria, especialmente de la Subsecretaría del Interior y de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de agilizar los procesos de expulsión y reforzar el control sobre personas en situación migratoria irregular. Según se indicó en el debate legislativo, la medida busca dar respuesta al alto número de procesos pendientes y generar un efecto disuasivo frente al ingreso irregular por pasos no habilitados.
Entre los principales cambios, se contempla ampliar las facultades del subsecretario del Interior para decretar expulsiones por motivos de orden público, más allá de las actuales causales vinculadas a seguridad interior o exterior. Asimismo, se establece que la PDI, con autorización previa, podrá ingresar a domicilios para concretar detenciones de personas con orden de expulsión, medida que deberá ser revisada posteriormente por la Corte de Apelaciones respectiva.
El proyecto también incorpora la posibilidad de recabar datos biométricos de extranjeros mayores de edad en situación irregular y habilita la expulsión inmediata de imputados por delitos de menor gravedad, bajo ciertas condiciones y con autorización judicial. En cuanto a las sanciones, se propone aumentar el plazo de prohibición de ingreso al país: de tres a cinco años en expulsiones administrativas del Servicio Nacional de Migraciones, y entre cinco y diez años en aquellas decretadas por el subsecretario del Interior.
Nota a partir de publicación de @elvinotintocl
El Senado de Chile aprobó en general el proyecto de ley que busca perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa de personas extranjeras, en el marco de la Ley 21.325. La iniciativa, que obtuvo 35 votos a favor y uno en contra, avanza ahora en su segundo trámite constitucional, con plazo para indicaciones hasta fines de abril.
La propuesta apunta a fortalecer las atribuciones del Ejecutivo en materia migratoria, especialmente de la Subsecretaría del Interior y de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de agilizar los procesos de expulsión y reforzar el control sobre personas en situación migratoria irregular. Según se indicó en el debate legislativo, la medida busca dar respuesta al alto número de procesos pendientes y generar un efecto disuasivo frente al ingreso irregular por pasos no habilitados.
Entre los principales cambios, se contempla ampliar las facultades del subsecretario del Interior para decretar expulsiones por motivos de orden público, más allá de las actuales causales vinculadas a seguridad interior o exterior. Asimismo, se establece que la PDI, con autorización previa, podrá ingresar a domicilios para concretar detenciones de personas con orden de expulsión, medida que deberá ser revisada posteriormente por la Corte de Apelaciones respectiva.
El proyecto también incorpora la posibilidad de recabar datos biométricos de extranjeros mayores de edad en situación irregular y habilita la expulsión inmediata de imputados por delitos de menor gravedad, bajo ciertas condiciones y con autorización judicial. En cuanto a las sanciones, se propone aumentar el plazo de prohibición de ingreso al país: de tres a cinco años en expulsiones administrativas del Servicio Nacional de Migraciones, y entre cinco y diez años en aquellas decretadas por el subsecretario del Interior.
Nota a partir de publicación de @elvinotintocl
El canciller del régimen venezolano, Iván Gil, afirmó ayer que no existen condiciones para restablecer relaciones diplomáticas con Chile, cuestionando lo que calificó como una postura contradictoria por parte de las autoridades chilenas. Según señaló, no es viable avanzar en un proceso de normalización mientras persistan críticas hacia el gobierno venezolano y su institucionalidad.
Las recientes declaraciones de Iván Gil han puesto en duda la posibilidad de que Chile y Venezuela retomen relaciones diplomáticas en el corto plazo. El ministro cuestionó la coherencia del gobierno chileno al plantear un eventual acercamiento mientras, según afirmó, se mantienen críticas hacia la administración venezolana.
El impacto de este escenario recae directamente sobre los venezolanos residentes en Chile, quienes continúan enfrentando dificultades para acceder a servicios consulares básicos, como la renovación de documentos o la obtención de certificados. La ausencia de representación diplomática limita además la coordinación en materias migratorias y de protección.
De este modo, el intercambio de declaraciones vuelve a tensionar una relación bilateral ya deteriorada y prolonga la incertidumbre de miles de personas que dependen de una eventual normalización para resolver aspectos clave de su vida cotidiana.
El canciller del régimen venezolano, Iván Gil, afirmó ayer que no existen condiciones para restablecer relaciones diplomáticas con Chile, cuestionando lo que calificó como una postura contradictoria por parte de las autoridades chilenas. Según señaló, no es viable avanzar en un proceso de normalización mientras persistan críticas hacia el gobierno venezolano y su institucionalidad.
Las recientes declaraciones de Iván Gil han puesto en duda la posibilidad de que Chile y Venezuela retomen relaciones diplomáticas en el corto plazo. El ministro cuestionó la coherencia del gobierno chileno al plantear un eventual acercamiento mientras, según afirmó, se mantienen críticas hacia la administración venezolana.
El impacto de este escenario recae directamente sobre los venezolanos residentes en Chile, quienes continúan enfrentando dificultades para acceder a servicios consulares básicos, como la renovación de documentos o la obtención de certificados. La ausencia de representación diplomática limita además la coordinación en materias migratorias y de protección.
De este modo, el intercambio de declaraciones vuelve a tensionar una relación bilateral ya deteriorada y prolonga la incertidumbre de miles de personas que dependen de una eventual normalización para resolver aspectos clave de su vida cotidiana.
La bancada parlamentaria del PDG, encabezada por la diputada Pamela Jiles, presentó formalmente el proyecto de Reforma Constitucional que buscaría facilitar el retiro del 100% de los fondos previsionales por parte de personas migrantes que se encuentren en proceso de salida del país.
En concreto, Jiles planteó que los ciudadanos extranjeros puedan retirar la totalidad de sus ahorros previsionales si deciden retornar a sus países de origen, con el objetivo de incentivar una salida regular y ordenada.
Síguenos en @elinmigrante.cl
¿Estás de acuerdo con esta propuesta?
La bancada parlamentaria del PDG, encabezada por la diputada Pamela Jiles, presentó formalmente el proyecto de Reforma Constitucional que buscaría facilitar el retiro del 100% de los fondos previsionales por parte de personas migrantes que se encuentren en proceso de salida del país.
En concreto, Jiles planteó que los ciudadanos extranjeros puedan retirar la totalidad de sus ahorros previsionales si deciden retornar a sus países de origen, con el objetivo de incentivar una salida regular y ordenada.
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Ante los cuestionamientos surgidos por la suspensión en la firma de cartas de nacionalización durante el último año, Luis Thayer, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, abordó la situación destacando que Chile enfrenta actualmente un problema estructural en esta materia.
Según explicó, históricamente el país recibía entre 2.000 y 3.000 solicitudes de nacionalización anuales. Sin embargo, esta cifra experimentó un aumento significativo en los últimos años: en 2022 se registraron alrededor de 40.000 solicitudes, en 2023 cerca de 50.000, y en 2024 una cifra similar. Este incremento sostenido ha generó un desborde en el sistema.
Asimismo, subrayó que la normativa vigente en materia de nacionalización data de 1960, lo que la vuelve desactualizada frente a la realidad actual. La entrega acumulada de aproximadamente 120.000 nacionalidades representa, a su juicio, un desafío relevante para la política migratoria del país.
El exdirector también indicó que una parte importante de los solicitantes busca principalmente acceder a un documento de viaje, más que a un proceso de integración o pertenencia real con Chile. En ese sentido, afirmó que la decisión de suspender la firma de cartas de nacionalización respondió a un criterio político orientado a proteger el prestigio del pasaporte chileno.
Advirtió además que, de no adoptarse medidas, Chile podría incluso arriesgar beneficios internacionales como el programa Visa Waiver.
Entre las posibles soluciones, planteó la incorporación de evaluaciones de carácter cívico o de arraigo como requisito para acceder a la nacionalidad.
En este contexto, Thayer señaló que desde el gobierno se realizó una evaluación política que concluyó en la necesidad de revisar el proceso de nacionalización, estableciendo cambios normativos que lo hagan más exigente, dado el impacto potencial en el valor y reconocimiento del pasaporte chileno.
Finalmente, enfatizó que la nacionalidad no constituye un derecho automático, sino una concesión que otorga el Estado, y que flexibilizar excesivamente los requisitos, como basarse únicamente en un período de residencia de cinco años, podría afectar el reconocimiento internacional del pasaporte.
Ante los cuestionamientos surgidos por la suspensión en la firma de cartas de nacionalización durante el último año, Luis Thayer, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, abordó la situación destacando que Chile enfrenta actualmente un problema estructural en esta materia.
Según explicó, históricamente el país recibía entre 2.000 y 3.000 solicitudes de nacionalización anuales. Sin embargo, esta cifra experimentó un aumento significativo en los últimos años: en 2022 se registraron alrededor de 40.000 solicitudes, en 2023 cerca de 50.000, y en 2024 una cifra similar. Este incremento sostenido ha generó un desborde en el sistema.
Asimismo, subrayó que la normativa vigente en materia de nacionalización data de 1960, lo que la vuelve desactualizada frente a la realidad actual. La entrega acumulada de aproximadamente 120.000 nacionalidades representa, a su juicio, un desafío relevante para la política migratoria del país.
El exdirector también indicó que una parte importante de los solicitantes busca principalmente acceder a un documento de viaje, más que a un proceso de integración o pertenencia real con Chile. En ese sentido, afirmó que la decisión de suspender la firma de cartas de nacionalización respondió a un criterio político orientado a proteger el prestigio del pasaporte chileno.
Advirtió además que, de no adoptarse medidas, Chile podría incluso arriesgar beneficios internacionales como el programa Visa Waiver.
Entre las posibles soluciones, planteó la incorporación de evaluaciones de carácter cívico o de arraigo como requisito para acceder a la nacionalidad.
En este contexto, Thayer señaló que desde el gobierno se realizó una evaluación política que concluyó en la necesidad de revisar el proceso de nacionalización, estableciendo cambios normativos que lo hagan más exigente, dado el impacto potencial en el valor y reconocimiento del pasaporte chileno.
Finalmente, enfatizó que la nacionalidad no constituye un derecho automático, sino una concesión que otorga el Estado, y que flexibilizar excesivamente los requisitos, como basarse únicamente en un período de residencia de cinco años, podría afectar el reconocimiento internacional del pasaporte.
Desde horas de la tarde de este miércoles, diversos medios de comunicación chilenos comenzaron a informar sobre un pronunciamiento de la Contraloría General de la República que podría tener efectos relevantes en la contratación de personal en los municipios del país.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, el organismo fiscalizador aclaró que los funcionarios municipales, incluso aquellos contratados bajo el Código del Trabajo, deben cumplir con el requisito de ciudadanía chilena. La interpretación surge a partir de un requerimiento de la Municipalidad de Renca y se fundamenta en lo establecido por la Ley N°18.883, que regula el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
El criterio implica que los trabajadores extranjeros que no han obtenido la nacionalidad chilena podrían quedar impedidos de desempeñarse en funciones municipales bajo este régimen, pese a que anteriormente se consideraba que el Código del Trabajo ofrecía un margen más flexible. Según el documento, esta exigencia responde al principio de igualdad ante la ley, aplicable a todos quienes ingresen a la administración edilicia.
La eventual aplicación de esta interpretación ha encendido alertas en distintos sectores, particularmente en el ámbito de la salud municipal. En muchas comunas, profesionales extranjeros, como médicos, dentistas y otros integrantes de equipos clínicos, cumplen roles esenciales, especialmente en territorios donde existe escasez de especialistas.
Actores del sector advierten que, de concretarse cambios en las dotaciones, podría generarse un impacto directo en la atención de usuarios, reflejado en una menor disponibilidad de servicios, aumento en los tiempos de espera y mayor presión sobre sistemas que ya operan con alta demanda.
No obstante, aún existen aspectos que no han sido completamente aclarados. Entre ellos, si esta restricción se aplicará a todas las modalidades de contratación o si figuras como los contratos a honorarios podrían seguir permitiendo la incorporación de trabajadores extranjeros en municipios.
Video de la Diputada de la República Andrea Parra.
Desde horas de la tarde de este miércoles, diversos medios de comunicación chilenos comenzaron a informar sobre un pronunciamiento de la Contraloría General de la República que podría tener efectos relevantes en la contratación de personal en los municipios del país.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, el organismo fiscalizador aclaró que los funcionarios municipales, incluso aquellos contratados bajo el Código del Trabajo, deben cumplir con el requisito de ciudadanía chilena. La interpretación surge a partir de un requerimiento de la Municipalidad de Renca y se fundamenta en lo establecido por la Ley N°18.883, que regula el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
El criterio implica que los trabajadores extranjeros que no han obtenido la nacionalidad chilena podrían quedar impedidos de desempeñarse en funciones municipales bajo este régimen, pese a que anteriormente se consideraba que el Código del Trabajo ofrecía un margen más flexible. Según el documento, esta exigencia responde al principio de igualdad ante la ley, aplicable a todos quienes ingresen a la administración edilicia.
La eventual aplicación de esta interpretación ha encendido alertas en distintos sectores, particularmente en el ámbito de la salud municipal. En muchas comunas, profesionales extranjeros, como médicos, dentistas y otros integrantes de equipos clínicos, cumplen roles esenciales, especialmente en territorios donde existe escasez de especialistas.
Actores del sector advierten que, de concretarse cambios en las dotaciones, podría generarse un impacto directo en la atención de usuarios, reflejado en una menor disponibilidad de servicios, aumento en los tiempos de espera y mayor presión sobre sistemas que ya operan con alta demanda.
No obstante, aún existen aspectos que no han sido completamente aclarados. Entre ellos, si esta restricción se aplicará a todas las modalidades de contratación o si figuras como los contratos a honorarios podrían seguir permitiendo la incorporación de trabajadores extranjeros en municipios.
Video de la Diputada de la República Andrea Parra.
El Presidente José Antonio Kast ha propuesto la venta de bienes retenidos a migrantes en situación irregular que sean expulsados del país. Esta medida busca recuperar recursos públicos invertidos en dichos procesos mediante la retención de artículos y su posterior venta a través de la Dirección de Crédito Prendario (“Tía Rica”).
El Presidente José Antonio Kast ha propuesto la venta de bienes retenidos a migrantes en situación irregular que sean expulsados del país. Esta medida busca recuperar recursos públicos invertidos en dichos procesos mediante la retención de artículos y su posterior venta a través de la Dirección de Crédito Prendario (“Tía Rica”).
En una reciente entrevista con distintos medios de comunicación radial, el Presidente de Chile José Antonio Kast informó que a la fecha no se ha materializado ninguna expulsión administrativa de migrantes irregulares en su gestión, y esto se debería al análisis que realizan desde las distintas formas disponibles para llevarla a cabo. El primer mandatario también afirmó que no solo habrá expulsiones, sino también retornos voluntarios.
En una reciente entrevista con distintos medios de comunicación radial, el Presidente de Chile José Antonio Kast informó que a la fecha no se ha materializado ninguna expulsión administrativa de migrantes irregulares en su gestión, y esto se debería al análisis que realizan desde las distintas formas disponibles para llevarla a cabo. El primer mandatario también afirmó que no solo habrá expulsiones, sino también retornos voluntarios.
Este lunes, el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, se refirió a las medidas adoptadas frente a la situación migratoria del país. Entre ellas, adelantó la fiscalización en empresas y lugares de trabajo.
Además, aseguró que ya se están realizando acciones concretas para obtener resultados dentro de los primeros 90 días de gobierno.
En conversación con La Tercera, afirmó que las medidas están en evaluación y que se encuentra a la espera de que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, se ponga en contacto para seguir avanzando en esta materia.
En ese contexto, anunció que el miércoles sostendrá una reunión en La Moneda con autoridades del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Dirección del Trabajo (DT), Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) para “salir a fiscalizar” a los lugares de trabajo de los migrantes.
Aclaró que esto “no va a ser una caza de brujas, ni mucho menos, pero vamos a tratar de estar desplegados en las empresas en donde nosotros sepamos que se incurre con más frecuencia”.
Añadió que se espera que este proceso tenga un efecto disuasivo y que “las personas entiendan que tienen que cumplir la ley”.
Este lunes, el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, se refirió a las medidas adoptadas frente a la situación migratoria del país. Entre ellas, adelantó la fiscalización en empresas y lugares de trabajo.
Además, aseguró que ya se están realizando acciones concretas para obtener resultados dentro de los primeros 90 días de gobierno.
En conversación con La Tercera, afirmó que las medidas están en evaluación y que se encuentra a la espera de que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, se ponga en contacto para seguir avanzando en esta materia.
En ese contexto, anunció que el miércoles sostendrá una reunión en La Moneda con autoridades del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Dirección del Trabajo (DT), Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) para “salir a fiscalizar” a los lugares de trabajo de los migrantes.
Aclaró que esto “no va a ser una caza de brujas, ni mucho menos, pero vamos a tratar de estar desplegados en las empresas en donde nosotros sepamos que se incurre con más frecuencia”.
Añadió que se espera que este proceso tenga un efecto disuasivo y que “las personas entiendan que tienen que cumplir la ley”.