PUBLICACIONES
LO MÁS RECIENTE
Los resultados de la más reciente encuesta Cadem evidencian una preocupación creciente respecto al aumento del racismo y la xenofobia en Chile. De acuerdo con la medición, un 72% de los consultados considera que este fenómeno ha crecido debido a la asociación entre delincuencia y algunos grupos migrantes, mientras que un 66% apunta directamente al aumento de la inmigración como una de las principales causas.
Para el abogado Osvaldo Llinás, @defensamigrantes , especialista en temas migratorios, las cifras reflejan “una tensión social que debe ser abordada con responsabilidad institucional y política”. A su juicio, el principal riesgo es consolidar una narrativa que vincule automáticamente migración con criminalidad.
“Cuando el debate público instala que la migración es sinónimo de inseguridad, se termina afectando a comunidades completas que trabajan, estudian y aportan diariamente al país. La delincuencia debe combatirse con herramientas de seguridad y persecución penal, no promoviendo estigmatizaciones colectivas”, señaló.
La encuesta también revela otros factores que alimentan este clima social. Un 49% atribuye el incremento de la xenofobia a una mayor polarización y agresividad en la sociedad chilena; un 42% sostiene que las personas son hoy menos tolerantes en general; y un 38% responsabiliza al discurso de algunos actores políticos.
Asimismo, un 34% considera que la situación económica y la competencia por empleos o beneficios sociales contribuyen al rechazo hacia la población migrante. En tanto, un 31% identifica las redes sociales como un espacio donde se amplifican discursos de odio y desinformación, mientras que un 28% cree que existe una mayor visibilidad mediática del problema. Finalmente, un 25% estima que actualmente se denuncian situaciones que antes eran normalizadas o invisibilizadas.
Las cifras de Cadem muestran así un escenario complejo para Chile, donde el desafío no solo pasa por enfrentar los problemas de seguridad, sino también por evitar que el miedo y la polarización terminen debilitando la convivencia democrática y el respeto por los derechos humanos.
Los resultados de la más reciente encuesta Cadem evidencian una preocupación creciente respecto al aumento del racismo y la xenofobia en Chile. De acuerdo con la medición, un 72% de los consultados considera que este fenómeno ha crecido debido a la asociación entre delincuencia y algunos grupos migrantes, mientras que un 66% apunta directamente al aumento de la inmigración como una de las principales causas.
Para el abogado Osvaldo Llinás, @defensamigrantes , especialista en temas migratorios, las cifras reflejan “una tensión social que debe ser abordada con responsabilidad institucional y política”. A su juicio, el principal riesgo es consolidar una narrativa que vincule automáticamente migración con criminalidad.
“Cuando el debate público instala que la migración es sinónimo de inseguridad, se termina afectando a comunidades completas que trabajan, estudian y aportan diariamente al país. La delincuencia debe combatirse con herramientas de seguridad y persecución penal, no promoviendo estigmatizaciones colectivas”, señaló.
La encuesta también revela otros factores que alimentan este clima social. Un 49% atribuye el incremento de la xenofobia a una mayor polarización y agresividad en la sociedad chilena; un 42% sostiene que las personas son hoy menos tolerantes en general; y un 38% responsabiliza al discurso de algunos actores políticos.
Asimismo, un 34% considera que la situación económica y la competencia por empleos o beneficios sociales contribuyen al rechazo hacia la población migrante. En tanto, un 31% identifica las redes sociales como un espacio donde se amplifican discursos de odio y desinformación, mientras que un 28% cree que existe una mayor visibilidad mediática del problema. Finalmente, un 25% estima que actualmente se denuncian situaciones que antes eran normalizadas o invisibilizadas.
Las cifras de Cadem muestran así un escenario complejo para Chile, donde el desafío no solo pasa por enfrentar los problemas de seguridad, sino también por evitar que el miedo y la polarización terminen debilitando la convivencia democrática y el respeto por los derechos humanos.
Un nuevo operativo de expulsión de extranjeros se concretó este domingo, en el marco del Plan de Control Migratorio impulsado por el Gobierno, con la salida del país de 80 personas en un vuelo comercial.
En esa línea, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto al director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, Ernesto León realizaron un balance del Plan.
Al respecto, el subsecretario Pavez destacó que "es la primera vez desde que se instaló el gobierno del presidente Kast en que se utiliza un vuelo comercial que va íntegramente a bordo con personas extranjeras con los respectivos escoltas de la Policía de Investigaciones. Eso nos permite avanzar en un número superior a los fondos de la Fuerza Aérea de Chile, es decir, hoy día dejaron el país 80 expulsados".
Asimismo, subrayó la frecuencia de este tipo de operativos en las últimas semanas. "Quisiera dar cuenta de un dato que para el Gobierno es muy satisfactorio: en 40 días han salido tres vuelos de expulsión. No hay antecedentes que registren esas cifras en los gobiernos anteriores, y, por lo tanto, en vuelos de expulsión han habido 160 personas que han dejado el país a cinco países", afirmó.
Por su parte, Sauerbaum precisó que "el vuelo se enfoca básicamente en dos países, Bolivia y Colombia. Muchas de esas personas hoy día tienen antecedentes criminales y es donde hemos puesto el foco a petición del presidente Kast".
La autoridad también sostuvo que "las expulsiones no se anuncian, sino que simplemente se hacen, como lo hemos demostrado desde que llegamos al gobierno en un esfuerzo paulatino y muy importante para poder concretar no solamente expulsiones, sino que salidas voluntarias, que también son más económicas para el país".
En ese sentido, detalló que en lo que va de 2026 se han registrado 780 expulsiones -683 administrativas y 97 judiciales-, además de 2.446 salidas voluntarias, en su mayoría de ciudadanos venezolanos.
Finalmente, las autoridades vincularon estos resultados con una disminución en los ingresos irregulares al país, en el contexto de la implementación de
Un nuevo operativo de expulsión de extranjeros se concretó este domingo, en el marco del Plan de Control Migratorio impulsado por el Gobierno, con la salida del país de 80 personas en un vuelo comercial.
En esa línea, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto al director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, Ernesto León realizaron un balance del Plan.
Al respecto, el subsecretario Pavez destacó que "es la primera vez desde que se instaló el gobierno del presidente Kast en que se utiliza un vuelo comercial que va íntegramente a bordo con personas extranjeras con los respectivos escoltas de la Policía de Investigaciones. Eso nos permite avanzar en un número superior a los fondos de la Fuerza Aérea de Chile, es decir, hoy día dejaron el país 80 expulsados".
Asimismo, subrayó la frecuencia de este tipo de operativos en las últimas semanas. "Quisiera dar cuenta de un dato que para el Gobierno es muy satisfactorio: en 40 días han salido tres vuelos de expulsión. No hay antecedentes que registren esas cifras en los gobiernos anteriores, y, por lo tanto, en vuelos de expulsión han habido 160 personas que han dejado el país a cinco países", afirmó.
Por su parte, Sauerbaum precisó que "el vuelo se enfoca básicamente en dos países, Bolivia y Colombia. Muchas de esas personas hoy día tienen antecedentes criminales y es donde hemos puesto el foco a petición del presidente Kast".
La autoridad también sostuvo que "las expulsiones no se anuncian, sino que simplemente se hacen, como lo hemos demostrado desde que llegamos al gobierno en un esfuerzo paulatino y muy importante para poder concretar no solamente expulsiones, sino que salidas voluntarias, que también son más económicas para el país".
En ese sentido, detalló que en lo que va de 2026 se han registrado 780 expulsiones -683 administrativas y 97 judiciales-, además de 2.446 salidas voluntarias, en su mayoría de ciudadanos venezolanos.
Finalmente, las autoridades vincularon estos resultados con una disminución en los ingresos irregulares al país, en el contexto de la implementación de
En una reciente entrevista, el cardenal Fernando Chomalí destacó el valioso aporte de la población migrante al sector agrícola y al sistema de salud chileno. Asimismo, cuestionó la contradicción que implica mantener una visión xenofóbica sobre la migración mientras muchas personas confían el trabajo de sus tierras o el cuidado de sus familiares a trabajadores migrantes. En ese contexto, la autoridad eclesiástica reafirmó que las personas migrantes representan un aporte significativo para el país.
En una reciente entrevista, el cardenal Fernando Chomalí destacó el valioso aporte de la población migrante al sector agrícola y al sistema de salud chileno. Asimismo, cuestionó la contradicción que implica mantener una visión xenofóbica sobre la migración mientras muchas personas confían el trabajo de sus tierras o el cuidado de sus familiares a trabajadores migrantes. En ese contexto, la autoridad eclesiástica reafirmó que las personas migrantes representan un aporte significativo para el país.
El Cardenal Fernando Chomalí ha sido una de las voces más consistentes en favor de la regularización de las personas migrantes en Chile. La autoridad cuestiona cómo es posible considerar a una persona migrante en situación regular en términos laborales —con contrato y pago de cotizaciones y derechos—, pero al mismo tiempo en condición migratoria irregular.
En su opinión, lo correcto es sincerar esa situación y abrir un proceso de regularización para estas personas, quienes prestan un importante servicio al país.
¿ Estás de acuerdo con el Cardenal?
El Cardenal Fernando Chomalí ha sido una de las voces más consistentes en favor de la regularización de las personas migrantes en Chile. La autoridad cuestiona cómo es posible considerar a una persona migrante en situación regular en términos laborales —con contrato y pago de cotizaciones y derechos—, pero al mismo tiempo en condición migratoria irregular.
En su opinión, lo correcto es sincerar esa situación y abrir un proceso de regularización para estas personas, quienes prestan un importante servicio al país.
¿ Estás de acuerdo con el Cardenal?
El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum Muñoz, informó ante la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado los avances en acuerdos con universidades para incorporar herramientas de inteligencia artificial en el análisis de solicitudes de permisos de residencia.
Según explicó la autoridad a los senadores presentes, la medida busca agilizar la tramitación migratoria y enfrentar el retraso acumulado de más de 260 mil solicitudes pendientes, heredadas de la administración anterior.
Actualmente, los tiempos de espera para la obtención de una residencia temporal pueden superar los 12 meses, mientras que la aprobación de una residencia definitiva puede tardar más de 24 meses.
El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum Muñoz, informó ante la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado los avances en acuerdos con universidades para incorporar herramientas de inteligencia artificial en el análisis de solicitudes de permisos de residencia.
Según explicó la autoridad a los senadores presentes, la medida busca agilizar la tramitación migratoria y enfrentar el retraso acumulado de más de 260 mil solicitudes pendientes, heredadas de la administración anterior.
Actualmente, los tiempos de espera para la obtención de una residencia temporal pueden superar los 12 meses, mientras que la aprobación de una residencia definitiva puede tardar más de 24 meses.
Una nueva tragedia enluta a la Región Metropolitana luego de que una niña de 2 años falleciera este domingo tras caer desde un edificio residencial ubicado en avenida Los Militares, en la comuna de Las Condes.
De acuerdo con información preliminar, personal del SAMU alertó cerca de las 17:40 horas sobre la caída de una menor desde altura. Al llegar al lugar, equipos de emergencia y Carabineros confirmaron el fallecimiento de la niña producto de las lesiones sufridas.
En un inicio, las diligencias apuntaban a establecer desde qué departamento ocurrió el hecho y ubicar a sus familiares. Posteriormente, funcionarios policiales encontraron al padre de la menor en el inmueble, mientras la Fiscalía Oriente instruyó las primeras investigaciones para esclarecer las circunstancias de la tragedia.
Este hecho ocurre apenas días después de otro accidente similar registrado en la comuna de Santiago. En aquella oportunidad, una niña falleció tras caer desde un departamento ubicado en un edificio de la intersección de Tarapacá con San Diego.
Según los antecedentes preliminares de ese caso, la menor se encontraba al interior del departamento junto a un familiar al momento del accidente. El Ministerio Público instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios para determinar cómo ocurrieron los hechos.
La reiteración de este tipo de tragedias en menos de una semana ha generado preocupación respecto a las medidas de seguridad en edificios residenciales y la necesidad de reforzar mecanismos de prevención en ventanas, balcones y espacios con riesgo de caída.
Especialistas han insistido anteriormente en la importancia de implementar protecciones adecuadas y mantener supervisión constante de menores en viviendas ubicadas en altura.
Imagen capturada de 24 horas.
Una nueva tragedia enluta a la Región Metropolitana luego de que una niña de 2 años falleciera este domingo tras caer desde un edificio residencial ubicado en avenida Los Militares, en la comuna de Las Condes.
De acuerdo con información preliminar, personal del SAMU alertó cerca de las 17:40 horas sobre la caída de una menor desde altura. Al llegar al lugar, equipos de emergencia y Carabineros confirmaron el fallecimiento de la niña producto de las lesiones sufridas.
En un inicio, las diligencias apuntaban a establecer desde qué departamento ocurrió el hecho y ubicar a sus familiares. Posteriormente, funcionarios policiales encontraron al padre de la menor en el inmueble, mientras la Fiscalía Oriente instruyó las primeras investigaciones para esclarecer las circunstancias de la tragedia.
Este hecho ocurre apenas días después de otro accidente similar registrado en la comuna de Santiago. En aquella oportunidad, una niña falleció tras caer desde un departamento ubicado en un edificio de la intersección de Tarapacá con San Diego.
Según los antecedentes preliminares de ese caso, la menor se encontraba al interior del departamento junto a un familiar al momento del accidente. El Ministerio Público instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios para determinar cómo ocurrieron los hechos.
La reiteración de este tipo de tragedias en menos de una semana ha generado preocupación respecto a las medidas de seguridad en edificios residenciales y la necesidad de reforzar mecanismos de prevención en ventanas, balcones y espacios con riesgo de caída.
Especialistas han insistido anteriormente en la importancia de implementar protecciones adecuadas y mantener supervisión constante de menores en viviendas ubicadas en altura.
Imagen capturada de 24 horas.
Hay muertes que no comienzan el día en que el corazón se detiene. Hay muertes lentas, administradas con dolor, silencios calculados y puertas cerradas. A Carmen Teresa Navas la fueron matando durante meses. La consumieron la incertidumbre, la humillación y el espanto de recorrer cárceles, ministerios y tribunales buscando a su hijo, mientras quienes tenían la obligación de responderle le mentían a la cara o fingían no saber nada.
Víctor Hugo Quero Navas no era un criminal. No era una amenaza. Era un venezolano convertido en objetivo de un aparato de persecución que necesita fabricar enemigos para justificar su existencia. Lo desaparecieron, lo aislaron y finalmente lo mataron bajo custodia del Estado. Después escondieron su cuerpo durante meses, como si incluso muerto siguiera siendo un problema que debía ocultarse bajo tierra y papeles falsos.
Y allí estaba Carmen. Una mujer anciana, frágil solo en apariencia, sosteniéndose sobre una fuerza que únicamente conocen las madres atravesadas por el dolor. Caminó sola contra el cinismo de funcionarios capaces de dormir tranquilos mientras ella imploraba información sobre su hijo. Le negaron el derecho más básico: saber dónde estaba. Le robaron el duelo. Le secuestraron la esperanza. La obligaron a vivir atrapada en una tortura diaria donde cada amanecer podía traer una noticia terrible o ninguna noticia en absoluto.
Cuando finalmente le confirmaron la verdad, ya era demasiado tarde para todo. Alcanzó apenas a enterrarlo. A despedirse frente a su tumba y entonces murió ella también, como si el cuerpo hubiese resistido únicamente hasta cumplir la última obligación que le quedaba como madre.
Venezuela no puede perdonar esto. Porque el dolor sigue vivo y se alimenta cada día de la impunidad obscena de quienes continúan en el poder, vigilando la ruina moral que dejaron, cuidando la ratonera heredada por décadas de crueldad y corrupción. Lo de Carmen Navas no es una tragedia privada. Es el retrato de un país donde el poder convirtió el sufrimiento humano en rutina administrativa.
Ella murió buscando justicia. Y esa herida, como tantas otras en Venezuela, todavía sigue abierta.
Hay muertes que no comienzan el día en que el corazón se detiene. Hay muertes lentas, administradas con dolor, silencios calculados y puertas cerradas. A Carmen Teresa Navas la fueron matando durante meses. La consumieron la incertidumbre, la humillación y el espanto de recorrer cárceles, ministerios y tribunales buscando a su hijo, mientras quienes tenían la obligación de responderle le mentían a la cara o fingían no saber nada.
Víctor Hugo Quero Navas no era un criminal. No era una amenaza. Era un venezolano convertido en objetivo de un aparato de persecución que necesita fabricar enemigos para justificar su existencia. Lo desaparecieron, lo aislaron y finalmente lo mataron bajo custodia del Estado. Después escondieron su cuerpo durante meses, como si incluso muerto siguiera siendo un problema que debía ocultarse bajo tierra y papeles falsos.
Y allí estaba Carmen. Una mujer anciana, frágil solo en apariencia, sosteniéndose sobre una fuerza que únicamente conocen las madres atravesadas por el dolor. Caminó sola contra el cinismo de funcionarios capaces de dormir tranquilos mientras ella imploraba información sobre su hijo. Le negaron el derecho más básico: saber dónde estaba. Le robaron el duelo. Le secuestraron la esperanza. La obligaron a vivir atrapada en una tortura diaria donde cada amanecer podía traer una noticia terrible o ninguna noticia en absoluto.
Cuando finalmente le confirmaron la verdad, ya era demasiado tarde para todo. Alcanzó apenas a enterrarlo. A despedirse frente a su tumba y entonces murió ella también, como si el cuerpo hubiese resistido únicamente hasta cumplir la última obligación que le quedaba como madre.
Venezuela no puede perdonar esto. Porque el dolor sigue vivo y se alimenta cada día de la impunidad obscena de quienes continúan en el poder, vigilando la ruina moral que dejaron, cuidando la ratonera heredada por décadas de crueldad y corrupción. Lo de Carmen Navas no es una tragedia privada. Es el retrato de un país donde el poder convirtió el sufrimiento humano en rutina administrativa.
Ella murió buscando justicia. Y esa herida, como tantas otras en Venezuela, todavía sigue abierta.
La señora Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero Navas, falleció luego de pasar los últimos meses de su vida buscando respuestas sobre el paradero de su hijo, asesinado en julio del año pasado en medio de la represión ejercida por el régimen venezolano.
Durante meses, Navas mantuvo una incansable búsqueda marcada por la incertidumbre y el dolor, exigiendo conocer qué había ocurrido con Víctor Quero. Su caso se convirtió en símbolo del sufrimiento de numerosas familias venezolanas que aún esperan verdad y justicia por sus seres queridos.
Hace apenas unos días, la madre logró despedirse de su hijo luego de que las autoridades reconocieran oficialmente el crimen. Carmen Navas alcanzó a participar en el entierro y en la misa realizada en memoria de Víctor, cerrando así una larga etapa de angustia y espera.
La noticia de su fallecimiento ha generado conmoción entre quienes siguieron de cerca su historia y acompañaron su lucha por encontrar a su hijo y darle sepultura digna.
Paz a su alma.
La señora Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero Navas, falleció luego de pasar los últimos meses de su vida buscando respuestas sobre el paradero de su hijo, asesinado en julio del año pasado en medio de la represión ejercida por el régimen venezolano.
Durante meses, Navas mantuvo una incansable búsqueda marcada por la incertidumbre y el dolor, exigiendo conocer qué había ocurrido con Víctor Quero. Su caso se convirtió en símbolo del sufrimiento de numerosas familias venezolanas que aún esperan verdad y justicia por sus seres queridos.
Hace apenas unos días, la madre logró despedirse de su hijo luego de que las autoridades reconocieran oficialmente el crimen. Carmen Navas alcanzó a participar en el entierro y en la misa realizada en memoria de Víctor, cerrando así una larga etapa de angustia y espera.
La noticia de su fallecimiento ha generado conmoción entre quienes siguieron de cerca su historia y acompañaron su lucha por encontrar a su hijo y darle sepultura digna.
Paz a su alma.