PUBLICACIONES
LO MÁS RECIENTE
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, realizó una visita a Colchane, en la Región de Tarapacá, donde destacó los avances en el control fronterizo y valoró el despliegue militar ejecutado por el Ejército y el Ministerio de Obras Públicas en la zona. “Estamos bien satisfechos con lo que hemos visto. Hay un avance notorio y evidente no solamente en la baja de ingresos clandestinos, sino también en las reconducciones”, afirmó Sauerbaum.
Según cifras entregadas por el jefe del Sermig, hace un año se registraban más de 2.500 ingresos clandestinos en esta fecha, mientras que actualmente la cifra alcanza 265 casos. Asimismo, destacó que desde el 16 de marzo la presencia militar en la zona aumentó en un 48%, lo que, a su juicio, ha sido clave para disuadir el ingreso irregular al país.
Por su parte, el especialista en migraciones, Adrián Hernández (@ambientejuridicove ) planteó que el fortalecimiento del resguardo fronterizo es un deber indelegable del Estado pero debe ir acompañado de una política que aborde la situación de los más de 300 mil migrantes que ya residen en Chile. “Muchos llevan más de cinco años en el país, tienen hijos nacidos en Chile y trabajan formalmente pese a su situación migratoria irregular”, señaló.
Hernández hizo un llamado a generar oportunidades para quienes, según indicó, han colaborado con el Estado en procesos como el empadronamiento biométrico y el enrolamiento ante el Registro Civil, destacando que si bien el control fronterizo es una parte ineludible de un proceso de reorganización migratoria, los procesos internos y externos de solicitud de residencia y regularización deben ser posibles, expeditos y accesibles, propendiendo ciertamente a una migración organizada, toda vez que, el focalizar los objetivos del Estado en la imposición de cargas imposibles de cumplir no disminuye el flujo migratorio, sino, por el contrario, obliga a las personas más vulnerables a sobrevivir al margen de la norma.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, realizó una visita a Colchane, en la Región de Tarapacá, donde destacó los avances en el control fronterizo y valoró el despliegue militar ejecutado por el Ejército y el Ministerio de Obras Públicas en la zona. “Estamos bien satisfechos con lo que hemos visto. Hay un avance notorio y evidente no solamente en la baja de ingresos clandestinos, sino también en las reconducciones”, afirmó Sauerbaum.
Según cifras entregadas por el jefe del Sermig, hace un año se registraban más de 2.500 ingresos clandestinos en esta fecha, mientras que actualmente la cifra alcanza 265 casos. Asimismo, destacó que desde el 16 de marzo la presencia militar en la zona aumentó en un 48%, lo que, a su juicio, ha sido clave para disuadir el ingreso irregular al país.
Por su parte, el especialista en migraciones, Adrián Hernández (@ambientejuridicove ) planteó que el fortalecimiento del resguardo fronterizo es un deber indelegable del Estado pero debe ir acompañado de una política que aborde la situación de los más de 300 mil migrantes que ya residen en Chile. “Muchos llevan más de cinco años en el país, tienen hijos nacidos en Chile y trabajan formalmente pese a su situación migratoria irregular”, señaló.
Hernández hizo un llamado a generar oportunidades para quienes, según indicó, han colaborado con el Estado en procesos como el empadronamiento biométrico y el enrolamiento ante el Registro Civil, destacando que si bien el control fronterizo es una parte ineludible de un proceso de reorganización migratoria, los procesos internos y externos de solicitud de residencia y regularización deben ser posibles, expeditos y accesibles, propendiendo ciertamente a una migración organizada, toda vez que, el focalizar los objetivos del Estado en la imposición de cargas imposibles de cumplir no disminuye el flujo migratorio, sino, por el contrario, obliga a las personas más vulnerables a sobrevivir al margen de la norma.
Mary Montesinos, directora general de la ONG Proyecto Tepuy, fue electa como nueva presidenta del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) del Servicio Nacional de Migraciones para el período 2026-2027, en el marco de la primera sesión ordinaria del organismo consultivo.
La elección se desarrolló en una jornada centrada en el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana, con un enfoque orientado a mejorar la gestión administrativa en materia migratoria y enfrentar el crecimiento de los discursos antimigrantes en el país.
Entre sus principales objetivos, la nueva presidenta planteó la necesidad de optimizar los procesos y trámites migratorios, especialmente aquellos vinculados a regularización, residencia y atención a usuarios, promoviendo además una mirada descentralizada que incorpore las realidades regionales. Asimismo, subrayó la importancia de combatir la narrativa antimigrantes mediante el diálogo social, la información basada en evidencia y el fortalecimiento de espacios de integración.
Mary Montesinos posee más de dos décadas de residencia en Chile y una amplia trayectoria vinculada a la defensa de los derechos humanos y el trabajo comunitario. Actualmente se desempeña como representante de las migraciones ante el Consejo de la Sociedad Civil de Naciones Unidas en Chile.
Montesinos destacó que el Cosoc es una instancia consultiva y no vinculante, por lo que no cuenta con herramientas legales para exigir medidas a la autoridad. Sin embargo, destacó que el consejo cumple un rol clave en el levantamiento de incidencias, observaciones y propuestas desde la sociedad civil hacia el Estado en materia migratoria.
Mary Montesinos, directora general de la ONG Proyecto Tepuy, fue electa como nueva presidenta del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) del Servicio Nacional de Migraciones para el período 2026-2027, en el marco de la primera sesión ordinaria del organismo consultivo.
La elección se desarrolló en una jornada centrada en el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana, con un enfoque orientado a mejorar la gestión administrativa en materia migratoria y enfrentar el crecimiento de los discursos antimigrantes en el país.
Entre sus principales objetivos, la nueva presidenta planteó la necesidad de optimizar los procesos y trámites migratorios, especialmente aquellos vinculados a regularización, residencia y atención a usuarios, promoviendo además una mirada descentralizada que incorpore las realidades regionales. Asimismo, subrayó la importancia de combatir la narrativa antimigrantes mediante el diálogo social, la información basada en evidencia y el fortalecimiento de espacios de integración.
Mary Montesinos posee más de dos décadas de residencia en Chile y una amplia trayectoria vinculada a la defensa de los derechos humanos y el trabajo comunitario. Actualmente se desempeña como representante de las migraciones ante el Consejo de la Sociedad Civil de Naciones Unidas en Chile.
Montesinos destacó que el Cosoc es una instancia consultiva y no vinculante, por lo que no cuenta con herramientas legales para exigir medidas a la autoridad. Sin embargo, destacó que el consejo cumple un rol clave en el levantamiento de incidencias, observaciones y propuestas desde la sociedad civil hacia el Estado en materia migratoria.
El ejecutivo chileno Germán Naranjo Maldini continúa en prisión preventiva en Brasil tras protagonizar un grave episodio de insultos racistas, xenófobos y homofóbicos contra un tripulante de LATAM durante un vuelo con destino a Frankfurt.
El caso, que generó amplio rechazo en redes sociales y medios internacionales, sumó ahora un nuevo antecedente: una carta pública desde la cárcel donde el exgerente comercial de la pesquera Landes intenta explicar su conducta apelando a un supuesto desequilibrio emocional provocado por la reciente muerte de su hermano.
En la misiva, Naranjo asegura que su “mente estaba en un estado alterado” y afirma no recordar completamente lo ocurrido. Sin embargo, las imágenes viralizadas muestran agresiones verbales explícitas, incluyendo expresiones racistas y gestos simulando sonidos de simios contra un sobrecargo brasileño.
La justicia brasileña investiga el hecho como injuria racial, delito que puede ser considerado crimen de odio y que contempla penas de hasta cinco años de cárcel sin derecho a fianza. Mientras su defensa insiste en problemas psicológicos, la empresa Landes confirmó su despido inmediato, calificando su conducta como incompatible con los valores corporativos.
Video capturado de T13.
El ejecutivo chileno Germán Naranjo Maldini continúa en prisión preventiva en Brasil tras protagonizar un grave episodio de insultos racistas, xenófobos y homofóbicos contra un tripulante de LATAM durante un vuelo con destino a Frankfurt.
El caso, que generó amplio rechazo en redes sociales y medios internacionales, sumó ahora un nuevo antecedente: una carta pública desde la cárcel donde el exgerente comercial de la pesquera Landes intenta explicar su conducta apelando a un supuesto desequilibrio emocional provocado por la reciente muerte de su hermano.
En la misiva, Naranjo asegura que su “mente estaba en un estado alterado” y afirma no recordar completamente lo ocurrido. Sin embargo, las imágenes viralizadas muestran agresiones verbales explícitas, incluyendo expresiones racistas y gestos simulando sonidos de simios contra un sobrecargo brasileño.
La justicia brasileña investiga el hecho como injuria racial, delito que puede ser considerado crimen de odio y que contempla penas de hasta cinco años de cárcel sin derecho a fianza. Mientras su defensa insiste en problemas psicológicos, la empresa Landes confirmó su despido inmediato, calificando su conducta como incompatible con los valores corporativos.
Video capturado de T13.
Los resultados de la más reciente encuesta Cadem evidencian una preocupación creciente respecto al aumento del racismo y la xenofobia en Chile. De acuerdo con la medición, un 72% de los consultados considera que este fenómeno ha crecido debido a la asociación entre delincuencia y algunos grupos migrantes, mientras que un 66% apunta directamente al aumento de la inmigración como una de las principales causas.
Para el abogado Osvaldo Llinás, @defensamigrantes , especialista en temas migratorios, las cifras reflejan “una tensión social que debe ser abordada con responsabilidad institucional y política”. A su juicio, el principal riesgo es consolidar una narrativa que vincule automáticamente migración con criminalidad.
“Cuando el debate público instala que la migración es sinónimo de inseguridad, se termina afectando a comunidades completas que trabajan, estudian y aportan diariamente al país. La delincuencia debe combatirse con herramientas de seguridad y persecución penal, no promoviendo estigmatizaciones colectivas”, señaló.
La encuesta también revela otros factores que alimentan este clima social. Un 49% atribuye el incremento de la xenofobia a una mayor polarización y agresividad en la sociedad chilena; un 42% sostiene que las personas son hoy menos tolerantes en general; y un 38% responsabiliza al discurso de algunos actores políticos.
Asimismo, un 34% considera que la situación económica y la competencia por empleos o beneficios sociales contribuyen al rechazo hacia la población migrante. En tanto, un 31% identifica las redes sociales como un espacio donde se amplifican discursos de odio y desinformación, mientras que un 28% cree que existe una mayor visibilidad mediática del problema. Finalmente, un 25% estima que actualmente se denuncian situaciones que antes eran normalizadas o invisibilizadas.
Las cifras de Cadem muestran así un escenario complejo para Chile, donde el desafío no solo pasa por enfrentar los problemas de seguridad, sino también por evitar que el miedo y la polarización terminen debilitando la convivencia democrática y el respeto por los derechos humanos.
Los resultados de la más reciente encuesta Cadem evidencian una preocupación creciente respecto al aumento del racismo y la xenofobia en Chile. De acuerdo con la medición, un 72% de los consultados considera que este fenómeno ha crecido debido a la asociación entre delincuencia y algunos grupos migrantes, mientras que un 66% apunta directamente al aumento de la inmigración como una de las principales causas.
Para el abogado Osvaldo Llinás, @defensamigrantes , especialista en temas migratorios, las cifras reflejan “una tensión social que debe ser abordada con responsabilidad institucional y política”. A su juicio, el principal riesgo es consolidar una narrativa que vincule automáticamente migración con criminalidad.
“Cuando el debate público instala que la migración es sinónimo de inseguridad, se termina afectando a comunidades completas que trabajan, estudian y aportan diariamente al país. La delincuencia debe combatirse con herramientas de seguridad y persecución penal, no promoviendo estigmatizaciones colectivas”, señaló.
La encuesta también revela otros factores que alimentan este clima social. Un 49% atribuye el incremento de la xenofobia a una mayor polarización y agresividad en la sociedad chilena; un 42% sostiene que las personas son hoy menos tolerantes en general; y un 38% responsabiliza al discurso de algunos actores políticos.
Asimismo, un 34% considera que la situación económica y la competencia por empleos o beneficios sociales contribuyen al rechazo hacia la población migrante. En tanto, un 31% identifica las redes sociales como un espacio donde se amplifican discursos de odio y desinformación, mientras que un 28% cree que existe una mayor visibilidad mediática del problema. Finalmente, un 25% estima que actualmente se denuncian situaciones que antes eran normalizadas o invisibilizadas.
Las cifras de Cadem muestran así un escenario complejo para Chile, donde el desafío no solo pasa por enfrentar los problemas de seguridad, sino también por evitar que el miedo y la polarización terminen debilitando la convivencia democrática y el respeto por los derechos humanos.
Un nuevo operativo de expulsión de extranjeros se concretó este domingo, en el marco del Plan de Control Migratorio impulsado por el Gobierno, con la salida del país de 80 personas en un vuelo comercial.
En esa línea, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto al director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, Ernesto León realizaron un balance del Plan.
Al respecto, el subsecretario Pavez destacó que "es la primera vez desde que se instaló el gobierno del presidente Kast en que se utiliza un vuelo comercial que va íntegramente a bordo con personas extranjeras con los respectivos escoltas de la Policía de Investigaciones. Eso nos permite avanzar en un número superior a los fondos de la Fuerza Aérea de Chile, es decir, hoy día dejaron el país 80 expulsados".
Asimismo, subrayó la frecuencia de este tipo de operativos en las últimas semanas. "Quisiera dar cuenta de un dato que para el Gobierno es muy satisfactorio: en 40 días han salido tres vuelos de expulsión. No hay antecedentes que registren esas cifras en los gobiernos anteriores, y, por lo tanto, en vuelos de expulsión han habido 160 personas que han dejado el país a cinco países", afirmó.
Por su parte, Sauerbaum precisó que "el vuelo se enfoca básicamente en dos países, Bolivia y Colombia. Muchas de esas personas hoy día tienen antecedentes criminales y es donde hemos puesto el foco a petición del presidente Kast".
La autoridad también sostuvo que "las expulsiones no se anuncian, sino que simplemente se hacen, como lo hemos demostrado desde que llegamos al gobierno en un esfuerzo paulatino y muy importante para poder concretar no solamente expulsiones, sino que salidas voluntarias, que también son más económicas para el país".
En ese sentido, detalló que en lo que va de 2026 se han registrado 780 expulsiones -683 administrativas y 97 judiciales-, además de 2.446 salidas voluntarias, en su mayoría de ciudadanos venezolanos.
Finalmente, las autoridades vincularon estos resultados con una disminución en los ingresos irregulares al país, en el contexto de la implementación de
Un nuevo operativo de expulsión de extranjeros se concretó este domingo, en el marco del Plan de Control Migratorio impulsado por el Gobierno, con la salida del país de 80 personas en un vuelo comercial.
En esa línea, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto al director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, Ernesto León realizaron un balance del Plan.
Al respecto, el subsecretario Pavez destacó que "es la primera vez desde que se instaló el gobierno del presidente Kast en que se utiliza un vuelo comercial que va íntegramente a bordo con personas extranjeras con los respectivos escoltas de la Policía de Investigaciones. Eso nos permite avanzar en un número superior a los fondos de la Fuerza Aérea de Chile, es decir, hoy día dejaron el país 80 expulsados".
Asimismo, subrayó la frecuencia de este tipo de operativos en las últimas semanas. "Quisiera dar cuenta de un dato que para el Gobierno es muy satisfactorio: en 40 días han salido tres vuelos de expulsión. No hay antecedentes que registren esas cifras en los gobiernos anteriores, y, por lo tanto, en vuelos de expulsión han habido 160 personas que han dejado el país a cinco países", afirmó.
Por su parte, Sauerbaum precisó que "el vuelo se enfoca básicamente en dos países, Bolivia y Colombia. Muchas de esas personas hoy día tienen antecedentes criminales y es donde hemos puesto el foco a petición del presidente Kast".
La autoridad también sostuvo que "las expulsiones no se anuncian, sino que simplemente se hacen, como lo hemos demostrado desde que llegamos al gobierno en un esfuerzo paulatino y muy importante para poder concretar no solamente expulsiones, sino que salidas voluntarias, que también son más económicas para el país".
En ese sentido, detalló que en lo que va de 2026 se han registrado 780 expulsiones -683 administrativas y 97 judiciales-, además de 2.446 salidas voluntarias, en su mayoría de ciudadanos venezolanos.
Finalmente, las autoridades vincularon estos resultados con una disminución en los ingresos irregulares al país, en el contexto de la implementación de
En una reciente entrevista, el cardenal Fernando Chomalí destacó el valioso aporte de la población migrante al sector agrícola y al sistema de salud chileno. Asimismo, cuestionó la contradicción que implica mantener una visión xenofóbica sobre la migración mientras muchas personas confían el trabajo de sus tierras o el cuidado de sus familiares a trabajadores migrantes. En ese contexto, la autoridad eclesiástica reafirmó que las personas migrantes representan un aporte significativo para el país.
En una reciente entrevista, el cardenal Fernando Chomalí destacó el valioso aporte de la población migrante al sector agrícola y al sistema de salud chileno. Asimismo, cuestionó la contradicción que implica mantener una visión xenofóbica sobre la migración mientras muchas personas confían el trabajo de sus tierras o el cuidado de sus familiares a trabajadores migrantes. En ese contexto, la autoridad eclesiástica reafirmó que las personas migrantes representan un aporte significativo para el país.
El Cardenal Fernando Chomalí ha sido una de las voces más consistentes en favor de la regularización de las personas migrantes en Chile. La autoridad cuestiona cómo es posible considerar a una persona migrante en situación regular en términos laborales —con contrato y pago de cotizaciones y derechos—, pero al mismo tiempo en condición migratoria irregular.
En su opinión, lo correcto es sincerar esa situación y abrir un proceso de regularización para estas personas, quienes prestan un importante servicio al país.
¿ Estás de acuerdo con el Cardenal?
El Cardenal Fernando Chomalí ha sido una de las voces más consistentes en favor de la regularización de las personas migrantes en Chile. La autoridad cuestiona cómo es posible considerar a una persona migrante en situación regular en términos laborales —con contrato y pago de cotizaciones y derechos—, pero al mismo tiempo en condición migratoria irregular.
En su opinión, lo correcto es sincerar esa situación y abrir un proceso de regularización para estas personas, quienes prestan un importante servicio al país.
¿ Estás de acuerdo con el Cardenal?
El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum Muñoz, informó ante la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado los avances en acuerdos con universidades para incorporar herramientas de inteligencia artificial en el análisis de solicitudes de permisos de residencia.
Según explicó la autoridad a los senadores presentes, la medida busca agilizar la tramitación migratoria y enfrentar el retraso acumulado de más de 260 mil solicitudes pendientes, heredadas de la administración anterior.
Actualmente, los tiempos de espera para la obtención de una residencia temporal pueden superar los 12 meses, mientras que la aprobación de una residencia definitiva puede tardar más de 24 meses.
El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum Muñoz, informó ante la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado los avances en acuerdos con universidades para incorporar herramientas de inteligencia artificial en el análisis de solicitudes de permisos de residencia.
Según explicó la autoridad a los senadores presentes, la medida busca agilizar la tramitación migratoria y enfrentar el retraso acumulado de más de 260 mil solicitudes pendientes, heredadas de la administración anterior.
Actualmente, los tiempos de espera para la obtención de una residencia temporal pueden superar los 12 meses, mientras que la aprobación de una residencia definitiva puede tardar más de 24 meses.