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La reanudación de las expulsiones de migrantes en Chile, impulsada por el gobierno de Chile, ha abierto un nuevo escenario en la política migratoria del país, marcado por tensiones entre el discurso político y las limitaciones jurídicas y operativas. El inicio de los vuelos de deportación, con un primer grupo de 40 personas expulsadas hacia países como Colombia, Bolivia y Ecuador, marca el arranque de una estrategia que busca instalar un sistema continuo de expulsiones, aunque aún con resultados acotados.
Sin embargo, el abogado migratorio Osvaldo Llinás (@defensaparamigrantes ) advierte que el Estado chileno enfrenta importantes límites legales para ejecutar expulsiones masivas. Según explica, estas medidas no pueden aplicarse de manera colectiva, ya que cada caso requiere un acto fundado, revisión individual, respeto al debido proceso y control judicial. A ello se suman estándares del derecho internacional, como el principio de no devolución, la protección de la unidad familiar y el interés superior del niño, que complica la acción estatal incluso en contextos de presión migratoria.
El principal obstáculo, no obstante, aparece en la situación de los ciudadanos venezolanos. Actualmente, más del 60% de las personas con orden de expulsión en Chile pertenecen a esta nacionalidad, pero la ausencia de relaciones consulares con Venezuela dificulta aspectos clave como la identificación, la obtención de documentos de viaje y la recepción de los expulsados. En la práctica, esto ha llevado a que muchas expulsiones sean simplemente imposibles de ejecutar, lo que explica por qué las salidas voluntarias se han transformado en el principal mecanismo de retorno que promueve el gobierno de Chile.
En este contexto, Llinás sostiene que existe un “límite estructural” para una política de expulsiones masivas dirigida a venezolanos. Aunque el Estado puede dictar órdenes administrativas o judiciales de expulsión, su materialización depende de condiciones externas, como la cooperación consular, que hoy no están presentes.
La reanudación de las expulsiones de migrantes en Chile, impulsada por el gobierno de Chile, ha abierto un nuevo escenario en la política migratoria del país, marcado por tensiones entre el discurso político y las limitaciones jurídicas y operativas. El inicio de los vuelos de deportación, con un primer grupo de 40 personas expulsadas hacia países como Colombia, Bolivia y Ecuador, marca el arranque de una estrategia que busca instalar un sistema continuo de expulsiones, aunque aún con resultados acotados.
Sin embargo, el abogado migratorio Osvaldo Llinás (@defensaparamigrantes ) advierte que el Estado chileno enfrenta importantes límites legales para ejecutar expulsiones masivas. Según explica, estas medidas no pueden aplicarse de manera colectiva, ya que cada caso requiere un acto fundado, revisión individual, respeto al debido proceso y control judicial. A ello se suman estándares del derecho internacional, como el principio de no devolución, la protección de la unidad familiar y el interés superior del niño, que complica la acción estatal incluso en contextos de presión migratoria.
El principal obstáculo, no obstante, aparece en la situación de los ciudadanos venezolanos. Actualmente, más del 60% de las personas con orden de expulsión en Chile pertenecen a esta nacionalidad, pero la ausencia de relaciones consulares con Venezuela dificulta aspectos clave como la identificación, la obtención de documentos de viaje y la recepción de los expulsados. En la práctica, esto ha llevado a que muchas expulsiones sean simplemente imposibles de ejecutar, lo que explica por qué las salidas voluntarias se han transformado en el principal mecanismo de retorno que promueve el gobierno de Chile.
En este contexto, Llinás sostiene que existe un “límite estructural” para una política de expulsiones masivas dirigida a venezolanos. Aunque el Estado puede dictar órdenes administrativas o judiciales de expulsión, su materialización depende de condiciones externas, como la cooperación consular, que hoy no están presentes.
El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió ayer al proyecto legislativo impulsado por el Gobierno de Chile que busca retipificar el ingreso irregular al país como delito. La exautoridad manifestó su desacuerdo con la iniciativa, señalando que esta medida podría contradecir los objetivos del Ejecutivo de agilizar los procesos de expulsión, al trasladarlos al ámbito judicial.
El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió ayer al proyecto legislativo impulsado por el Gobierno de Chile que busca retipificar el ingreso irregular al país como delito. La exautoridad manifestó su desacuerdo con la iniciativa, señalando que esta medida podría contradecir los objetivos del Ejecutivo de agilizar los procesos de expulsión, al trasladarlos al ámbito judicial.
En el marco del primer vuelo de expulsión, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, reconoció las dificultades que enfrenta actualmente el gobierno de Chile para ejecutar expulsiones de ciudadanos venezolanos. No obstante, aseguró que, durante el primer mes de administración, más de 2.100 migrantes de esta nacionalidad habrían salido voluntariamente del país, en respuesta al llamado realizado por el presidente José Antonio Kast.
El reportaje también señala que existen más de 46.000 órdenes de expulsión vigentes, de las cuales más del 64% corresponderían a ciudadanos venezolanos.
Video de Tele13.
En el marco del primer vuelo de expulsión, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, reconoció las dificultades que enfrenta actualmente el gobierno de Chile para ejecutar expulsiones de ciudadanos venezolanos. No obstante, aseguró que, durante el primer mes de administración, más de 2.100 migrantes de esta nacionalidad habrían salido voluntariamente del país, en respuesta al llamado realizado por el presidente José Antonio Kast.
El reportaje también señala que existen más de 46.000 órdenes de expulsión vigentes, de las cuales más del 64% corresponderían a ciudadanos venezolanos.
Video de Tele13.
Una encuesta de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reveló que más de un tercio de los venezolanos en América Latina evalúa regresar a su país, aunque condicionado a mejoras en la situación económica, de seguridad y acceso a servicios básicos.
El estudio, aplicado a 1.288 personas en seis países de la región, indica que un 35% considera el retorno y un 9% lo proyecta en el corto plazo. La principal motivación es la reunificación familiar, mientras que factores como la precariedad laboral en los países de acogida también influyen en esta decisión.
Sin embargo, casi dos tercios de los encuestados descartan volver por ahora, principalmente debido a la inseguridad, la falta de empleo en Venezuela y la incertidumbre sobre sus condiciones de vida. A ello se suma que un 60% afirma no contar con información clara sobre su situación legal en caso de retorno.
ACNUR insistió en que cualquier regreso debe ser voluntario, seguro y digno, en un contexto donde 6,9 millones de venezolanos permanecen en la región y cerca de 4 millones requieren asistencia humanitaria.
Video de tele13.
¿Tienes planes de retorno a tu país?
Una encuesta de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reveló que más de un tercio de los venezolanos en América Latina evalúa regresar a su país, aunque condicionado a mejoras en la situación económica, de seguridad y acceso a servicios básicos.
El estudio, aplicado a 1.288 personas en seis países de la región, indica que un 35% considera el retorno y un 9% lo proyecta en el corto plazo. La principal motivación es la reunificación familiar, mientras que factores como la precariedad laboral en los países de acogida también influyen en esta decisión.
Sin embargo, casi dos tercios de los encuestados descartan volver por ahora, principalmente debido a la inseguridad, la falta de empleo en Venezuela y la incertidumbre sobre sus condiciones de vida. A ello se suma que un 60% afirma no contar con información clara sobre su situación legal en caso de retorno.
ACNUR insistió en que cualquier regreso debe ser voluntario, seguro y digno, en un contexto donde 6,9 millones de venezolanos permanecen en la región y cerca de 4 millones requieren asistencia humanitaria.
Video de tele13.
¿Tienes planes de retorno a tu país?
El Congreso Nacional aprobó la instalación de un monumento en homenaje al expresidente Sebastián Piñera, como reconocimiento a su trayectoria política y su rol en la conducción del país durante dos periodos presidenciales. La iniciativa contó con respaldo transversal en ambas cámaras, destacando su contribución al desarrollo económico, la modernización del Estado y su liderazgo en momentos clave de la historia reciente de Chile.
La iniciativa se aprobó con 34 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. De este modo, los senadores tuvieron que pronunciarse sobre el cambio introducido por la Cámara, respecto a que el monumento sea ubicado en plaza de la Ciudadanía y no en la plaza de la Constitución, como se había aprobado originalmente desde el Senado. Modificación que fue votada favorablemente.
Los votos en contra fueron de los senadores Fabiola Campillai (IND), Diego Ibáñez (FA), Vanessa Kaiser (PNL), Daniel Núñez (PC), Claudia Pascual (PC) y Beatriz Sánchez (FA). Se abstuvo la senadora Alejandra Sepúlveda.
¿Estás de acuerdo con este reconocimiento?
El Congreso Nacional aprobó la instalación de un monumento en homenaje al expresidente Sebastián Piñera, como reconocimiento a su trayectoria política y su rol en la conducción del país durante dos periodos presidenciales. La iniciativa contó con respaldo transversal en ambas cámaras, destacando su contribución al desarrollo económico, la modernización del Estado y su liderazgo en momentos clave de la historia reciente de Chile.
La iniciativa se aprobó con 34 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. De este modo, los senadores tuvieron que pronunciarse sobre el cambio introducido por la Cámara, respecto a que el monumento sea ubicado en plaza de la Ciudadanía y no en la plaza de la Constitución, como se había aprobado originalmente desde el Senado. Modificación que fue votada favorablemente.
Los votos en contra fueron de los senadores Fabiola Campillai (IND), Diego Ibáñez (FA), Vanessa Kaiser (PNL), Daniel Núñez (PC), Claudia Pascual (PC) y Beatriz Sánchez (FA). Se abstuvo la senadora Alejandra Sepúlveda.
¿Estás de acuerdo con este reconocimiento?
La senadora Danisa Astudillo, presidenta de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, alertó sobre un cambio en la dinámica migratoria en la frontera norte del país, particularmente en la zona de Arica, en el marco de la discusión del plan legislativo del Ejecutivo liderada en dicha comisión.
Según explicó la parlamentaria, la situación actual muestra un comportamiento inverso al observado en años recientes. De acuerdo con información recogida desde equipos de custodia fronteriza, por cada migrante que intenta ingresar por pasos no habilitados, aproximadamente diez estarían intentando salir del país.
Astudillo vinculó este fenómeno a la reciente captura internacional de Nicolás Maduro, ocurrida en enero de 2026, cuando el dictador venezolano fue detenido y trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos judiciales. Este hecho ha generado repercusiones políticas y sociales en la región, incluyendo movimientos dentro de la diáspora venezolana.
En ese contexto, la senadora sostuvo que el Ejecutivo debe analizar este nuevo escenario y adecuar su respuesta. En particular, planteó que las autoridades deberían concentrar sus esfuerzos en facilitar la salida del país de quienes han decidido retornar a sus países, evitando la imposición de trabas administrativas o legales que dificulten este proceso.
La senadora Danisa Astudillo, presidenta de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, alertó sobre un cambio en la dinámica migratoria en la frontera norte del país, particularmente en la zona de Arica, en el marco de la discusión del plan legislativo del Ejecutivo liderada en dicha comisión.
Según explicó la parlamentaria, la situación actual muestra un comportamiento inverso al observado en años recientes. De acuerdo con información recogida desde equipos de custodia fronteriza, por cada migrante que intenta ingresar por pasos no habilitados, aproximadamente diez estarían intentando salir del país.
Astudillo vinculó este fenómeno a la reciente captura internacional de Nicolás Maduro, ocurrida en enero de 2026, cuando el dictador venezolano fue detenido y trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos judiciales. Este hecho ha generado repercusiones políticas y sociales en la región, incluyendo movimientos dentro de la diáspora venezolana.
En ese contexto, la senadora sostuvo que el Ejecutivo debe analizar este nuevo escenario y adecuar su respuesta. En particular, planteó que las autoridades deberían concentrar sus esfuerzos en facilitar la salida del país de quienes han decidido retornar a sus países, evitando la imposición de trabas administrativas o legales que dificulten este proceso.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, sorprendió a los senadores de la comisión de Gobierno al revelar que el Gobierno analiza la posibilidad de permitir el retiro de fondos de AFP para migrantes irregulares, con la condición de dejar el país. “Existía otra idea que estaba dando vuelta que hay que evaluarla, en que hoy un profesional extranjero en situación irregular cuando se va definitivamente la ley lo habilita a retirar sus fondos previsionales; se va con sus fondos previsionales, entonces, lo que a lo mejor se puede pensar en algún minuto es homologar esa situación para aquel que está formalizado desde el punto de vista laboral, pero no formalizado desde el punto de vista de su situación de migrante”, fue la ratificación de la autoridad de Interior.
Al buscar más respuestas acerca del modelo, desde el Ejecutivo se explicó que la fórmula que tiene prevista La Moneda es la firma de convenios con los países que sea ahora posible, mientras que, con Venezuela, se indicó que Cancillería está trabajando para “reconstruir puentes diplomáticos”.
Redacción de El Mercurio.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, sorprendió a los senadores de la comisión de Gobierno al revelar que el Gobierno analiza la posibilidad de permitir el retiro de fondos de AFP para migrantes irregulares, con la condición de dejar el país. “Existía otra idea que estaba dando vuelta que hay que evaluarla, en que hoy un profesional extranjero en situación irregular cuando se va definitivamente la ley lo habilita a retirar sus fondos previsionales; se va con sus fondos previsionales, entonces, lo que a lo mejor se puede pensar en algún minuto es homologar esa situación para aquel que está formalizado desde el punto de vista laboral, pero no formalizado desde el punto de vista de su situación de migrante”, fue la ratificación de la autoridad de Interior.
Al buscar más respuestas acerca del modelo, desde el Ejecutivo se explicó que la fórmula que tiene prevista La Moneda es la firma de convenios con los países que sea ahora posible, mientras que, con Venezuela, se indicó que Cancillería está trabajando para “reconstruir puentes diplomáticos”.
Redacción de El Mercurio.
El Senado de Chile aprobó en general el proyecto de ley que busca perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa de personas extranjeras, en el marco de la Ley 21.325. La iniciativa, que obtuvo 35 votos a favor y uno en contra, avanza ahora en su segundo trámite constitucional, con plazo para indicaciones hasta fines de abril.
La propuesta apunta a fortalecer las atribuciones del Ejecutivo en materia migratoria, especialmente de la Subsecretaría del Interior y de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de agilizar los procesos de expulsión y reforzar el control sobre personas en situación migratoria irregular. Según se indicó en el debate legislativo, la medida busca dar respuesta al alto número de procesos pendientes y generar un efecto disuasivo frente al ingreso irregular por pasos no habilitados.
Entre los principales cambios, se contempla ampliar las facultades del subsecretario del Interior para decretar expulsiones por motivos de orden público, más allá de las actuales causales vinculadas a seguridad interior o exterior. Asimismo, se establece que la PDI, con autorización previa, podrá ingresar a domicilios para concretar detenciones de personas con orden de expulsión, medida que deberá ser revisada posteriormente por la Corte de Apelaciones respectiva.
El proyecto también incorpora la posibilidad de recabar datos biométricos de extranjeros mayores de edad en situación irregular y habilita la expulsión inmediata de imputados por delitos de menor gravedad, bajo ciertas condiciones y con autorización judicial. En cuanto a las sanciones, se propone aumentar el plazo de prohibición de ingreso al país: de tres a cinco años en expulsiones administrativas del Servicio Nacional de Migraciones, y entre cinco y diez años en aquellas decretadas por el subsecretario del Interior.
Nota a partir de publicación de @elvinotintocl
El Senado de Chile aprobó en general el proyecto de ley que busca perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa de personas extranjeras, en el marco de la Ley 21.325. La iniciativa, que obtuvo 35 votos a favor y uno en contra, avanza ahora en su segundo trámite constitucional, con plazo para indicaciones hasta fines de abril.
La propuesta apunta a fortalecer las atribuciones del Ejecutivo en materia migratoria, especialmente de la Subsecretaría del Interior y de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de agilizar los procesos de expulsión y reforzar el control sobre personas en situación migratoria irregular. Según se indicó en el debate legislativo, la medida busca dar respuesta al alto número de procesos pendientes y generar un efecto disuasivo frente al ingreso irregular por pasos no habilitados.
Entre los principales cambios, se contempla ampliar las facultades del subsecretario del Interior para decretar expulsiones por motivos de orden público, más allá de las actuales causales vinculadas a seguridad interior o exterior. Asimismo, se establece que la PDI, con autorización previa, podrá ingresar a domicilios para concretar detenciones de personas con orden de expulsión, medida que deberá ser revisada posteriormente por la Corte de Apelaciones respectiva.
El proyecto también incorpora la posibilidad de recabar datos biométricos de extranjeros mayores de edad en situación irregular y habilita la expulsión inmediata de imputados por delitos de menor gravedad, bajo ciertas condiciones y con autorización judicial. En cuanto a las sanciones, se propone aumentar el plazo de prohibición de ingreso al país: de tres a cinco años en expulsiones administrativas del Servicio Nacional de Migraciones, y entre cinco y diez años en aquellas decretadas por el subsecretario del Interior.
Nota a partir de publicación de @elvinotintocl