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Durante su Cuenta Pública, el Presidente de la República anunció la próxima implementación de un plan de salida voluntaria dirigido a personas migrantes que deseen regularizar su situación mediante un proceso de retorno a sus países de origen. La iniciativa, presentada bajo la premisa de “entrar por la puerta y no por la ventana”, coincide con los lineamientos adelantados por el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.
En una entrevista concedida a TVN, Sauerbaum señaló que durante el mes de julio se darán a conocer los detalles del mecanismo, el cual promete ser expedito y considerar criterios como el arraigo familiar y laboral de los postulantes.
Para Osvaldo Llinás (@osvaldollinas ), especialista en migraciones, el éxito de la medida dependerá de los requisitos definitivos y de los plazos que establezca la autoridad. A su juicio, retornar implica una importante inversión económica para las familias, además de una interrupción laboral y, en muchos casos, educativa para sus hijos.
El principal desafío para el Gobierno será generar confianza entre la población migrante. Durante los últimos meses, diversos sectores han percibido un discurso oficial poco favorable hacia los extranjeros irregulares, mientras persiste el recuerdo del proceso de empadronamiento impulsado por la administración anterior, que generó expectativas de regularización que finalmente no se concretaron.
Durante su Cuenta Pública, el Presidente de la República anunció la próxima implementación de un plan de salida voluntaria dirigido a personas migrantes que deseen regularizar su situación mediante un proceso de retorno a sus países de origen. La iniciativa, presentada bajo la premisa de “entrar por la puerta y no por la ventana”, coincide con los lineamientos adelantados por el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.
En una entrevista concedida a TVN, Sauerbaum señaló que durante el mes de julio se darán a conocer los detalles del mecanismo, el cual promete ser expedito y considerar criterios como el arraigo familiar y laboral de los postulantes.
Para Osvaldo Llinás (@osvaldollinas ), especialista en migraciones, el éxito de la medida dependerá de los requisitos definitivos y de los plazos que establezca la autoridad. A su juicio, retornar implica una importante inversión económica para las familias, además de una interrupción laboral y, en muchos casos, educativa para sus hijos.
El principal desafío para el Gobierno será generar confianza entre la población migrante. Durante los últimos meses, diversos sectores han percibido un discurso oficial poco favorable hacia los extranjeros irregulares, mientras persiste el recuerdo del proceso de empadronamiento impulsado por la administración anterior, que generó expectativas de regularización que finalmente no se concretaron.
Entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, el Servicio de Registro Civil e Identificación entregó de manera errónea cédulas de identidad que acreditaban residencia definitiva y una vigencia de cinco años a personas migrantes que, en realidad, solo contaban con residencia temporal por encontrarse en calidad de solicitantes de refugio en Chile. La situación fue detectada por el Servicio Nacional de Migraciones y quedó documentada en una serie de oficios enviados por su entonces director, Luis Thayer, al Registro Civil y a la Subsecretaría de Justicia, advirtiendo sobre la gravedad del problema y solicitando medidas para corregirlo.
La primera alerta formal se produjo el 24 de marzo de 2025, cuando Migraciones identificó que al menos tres personas provenientes de Cuba, Venezuela y Colombia habían recibido documentos que les otorgaban una condición migratoria distinta a la que realmente poseían. Thayer solicitó que se subsanara el error, que se informara a los afectados y que se investigara si la equivocación se debía a información incorrecta proporcionada por Migraciones. Sin embargo, una revisión interna concluyó que los antecedentes enviados por ese organismo eran correctos, por lo que la falla se originaba en el Registro Civil. Ante ello, se pidió además un listado de todos los casos potencialmente afectados y una explicación sobre las causas de las inconsistencias detectadas.
Tras consultas de Ciper, el Registro Civil reconoció la existencia de una “incidencia” relacionada con la emisión de cédulas para extranjeros, vinculada en parte a procesos de actualización y modernización tecnológica de sus sistemas. La institución confirmó que informó a Migraciones sobre cerca de 14 mil incongruencias o errores de datos detectados durante el proceso, aunque se negó a precisar cuántas cédulas fueron efectivamente emitidas con información errónea, argumentando razones de seguridad.
Como medida correctiva, el Registro Civil bloqueó los documentos afectados para dejarlos sin validez legal, contactó a los titulares mediante cartas certificadas y los citó para realizar nuevamente el trámite de identificación.
Entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, el Servicio de Registro Civil e Identificación entregó de manera errónea cédulas de identidad que acreditaban residencia definitiva y una vigencia de cinco años a personas migrantes que, en realidad, solo contaban con residencia temporal por encontrarse en calidad de solicitantes de refugio en Chile. La situación fue detectada por el Servicio Nacional de Migraciones y quedó documentada en una serie de oficios enviados por su entonces director, Luis Thayer, al Registro Civil y a la Subsecretaría de Justicia, advirtiendo sobre la gravedad del problema y solicitando medidas para corregirlo.
La primera alerta formal se produjo el 24 de marzo de 2025, cuando Migraciones identificó que al menos tres personas provenientes de Cuba, Venezuela y Colombia habían recibido documentos que les otorgaban una condición migratoria distinta a la que realmente poseían. Thayer solicitó que se subsanara el error, que se informara a los afectados y que se investigara si la equivocación se debía a información incorrecta proporcionada por Migraciones. Sin embargo, una revisión interna concluyó que los antecedentes enviados por ese organismo eran correctos, por lo que la falla se originaba en el Registro Civil. Ante ello, se pidió además un listado de todos los casos potencialmente afectados y una explicación sobre las causas de las inconsistencias detectadas.
Tras consultas de Ciper, el Registro Civil reconoció la existencia de una “incidencia” relacionada con la emisión de cédulas para extranjeros, vinculada en parte a procesos de actualización y modernización tecnológica de sus sistemas. La institución confirmó que informó a Migraciones sobre cerca de 14 mil incongruencias o errores de datos detectados durante el proceso, aunque se negó a precisar cuántas cédulas fueron efectivamente emitidas con información errónea, argumentando razones de seguridad.
Como medida correctiva, el Registro Civil bloqueó los documentos afectados para dejarlos sin validez legal, contactó a los titulares mediante cartas certificadas y los citó para realizar nuevamente el trámite de identificación.
La recientemente promulgada Ley N.º 21.816 incorpora una nueva causal de rechazo para las solicitudes de residencia de personas extranjeras en Chile. La medida tuvo su origen durante el período parlamentario anterior, a partir de una moción impulsada por diputados de centroizquierda y apoyada posteriormente mediante un mensaje del entonces Presidente Gabriel Boric.
La iniciativa busca combatir la evasión del pago de tarifas en el transporte público y fortalecer los mecanismos de fiscalización. Para ello, incorpora al artículo 88 de la Ley de Migración y Extranjería una nueva causal de rechazo de residencia para quienes se encuentren inscritos en el Registro de Pasajeros Infractores.
La conducta sancionable corresponde al uso del transporte público sin pagar la tarifa respectiva, especialmente cuando la infracción deriva en multas impagas y en la posterior incorporación del infractor al referido registro.
La medida no está dirigida exclusivamente a migrantes. Todos los usuarios pueden enfrentar multas, restricciones administrativas e incluso limitaciones para acceder a determinados documentos. Sin embargo, en el caso de las personas extranjeras existe una consecuencia adicional y especialmente gravosa: la posibilidad de que su solicitud de residencia temporal o definitiva sea rechazada.
Quienes respaldan la reforma sostienen que fortalece la responsabilidad cívica y protege el financiamiento del transporte público. Sus detractores, en cambio, cuestionan la proporcionalidad de vincular una infracción administrativa con consecuencias migratorias que pueden afectar significativamente el proyecto de vida y la permanencia regular de una persona en el país.
¿Estás de acuerdo con la medida?
La recientemente promulgada Ley N.º 21.816 incorpora una nueva causal de rechazo para las solicitudes de residencia de personas extranjeras en Chile. La medida tuvo su origen durante el período parlamentario anterior, a partir de una moción impulsada por diputados de centroizquierda y apoyada posteriormente mediante un mensaje del entonces Presidente Gabriel Boric.
La iniciativa busca combatir la evasión del pago de tarifas en el transporte público y fortalecer los mecanismos de fiscalización. Para ello, incorpora al artículo 88 de la Ley de Migración y Extranjería una nueva causal de rechazo de residencia para quienes se encuentren inscritos en el Registro de Pasajeros Infractores.
La conducta sancionable corresponde al uso del transporte público sin pagar la tarifa respectiva, especialmente cuando la infracción deriva en multas impagas y en la posterior incorporación del infractor al referido registro.
La medida no está dirigida exclusivamente a migrantes. Todos los usuarios pueden enfrentar multas, restricciones administrativas e incluso limitaciones para acceder a determinados documentos. Sin embargo, en el caso de las personas extranjeras existe una consecuencia adicional y especialmente gravosa: la posibilidad de que su solicitud de residencia temporal o definitiva sea rechazada.
Quienes respaldan la reforma sostienen que fortalece la responsabilidad cívica y protege el financiamiento del transporte público. Sus detractores, en cambio, cuestionan la proporcionalidad de vincular una infracción administrativa con consecuencias migratorias que pueden afectar significativamente el proyecto de vida y la permanencia regular de una persona en el país.
¿Estás de acuerdo con la medida?
El presidente de la República José Antonio Kast, afirmó en su cuenta pública, que los migrantes irregulares que salgan voluntariamente del país, podrán postular a su reingreso, señalando que a Chile se debe entrar por la puerta y no por la ventana.
El presidente de la República José Antonio Kast, afirmó en su cuenta pública, que los migrantes irregulares que salgan voluntariamente del país, podrán postular a su reingreso, señalando que a Chile se debe entrar por la puerta y no por la ventana.
La tarde de este domingo, un sismo se registró en la zona central del país. El movimiento telúrico se registró pasadas las 17.30 horas.
Preliminarmente, el sismo fue percibido en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
Según el Centro Sismológico Nacional la magnitud del temblor habría sido de 5.8.
La tarde de este domingo, un sismo se registró en la zona central del país. El movimiento telúrico se registró pasadas las 17.30 horas.
Preliminarmente, el sismo fue percibido en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
Según el Centro Sismológico Nacional la magnitud del temblor habría sido de 5.8.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, realizó una visita a Colchane, en la Región de Tarapacá, donde destacó los avances en el control fronterizo y valoró el despliegue militar ejecutado por el Ejército y el Ministerio de Obras Públicas en la zona. “Estamos bien satisfechos con lo que hemos visto. Hay un avance notorio y evidente no solamente en la baja de ingresos clandestinos, sino también en las reconducciones”, afirmó Sauerbaum.
Según cifras entregadas por el jefe del Sermig, hace un año se registraban más de 2.500 ingresos clandestinos en esta fecha, mientras que actualmente la cifra alcanza 265 casos. Asimismo, destacó que desde el 16 de marzo la presencia militar en la zona aumentó en un 48%, lo que, a su juicio, ha sido clave para disuadir el ingreso irregular al país.
Por su parte, el especialista en migraciones, Adrián Hernández (@ambientejuridicove ) planteó que el fortalecimiento del resguardo fronterizo es un deber indelegable del Estado pero debe ir acompañado de una política que aborde la situación de los más de 300 mil migrantes que ya residen en Chile. “Muchos llevan más de cinco años en el país, tienen hijos nacidos en Chile y trabajan formalmente pese a su situación migratoria irregular”, señaló.
Hernández hizo un llamado a generar oportunidades para quienes, según indicó, han colaborado con el Estado en procesos como el empadronamiento biométrico y el enrolamiento ante el Registro Civil, destacando que si bien el control fronterizo es una parte ineludible de un proceso de reorganización migratoria, los procesos internos y externos de solicitud de residencia y regularización deben ser posibles, expeditos y accesibles, propendiendo ciertamente a una migración organizada, toda vez que, el focalizar los objetivos del Estado en la imposición de cargas imposibles de cumplir no disminuye el flujo migratorio, sino, por el contrario, obliga a las personas más vulnerables a sobrevivir al margen de la norma.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, realizó una visita a Colchane, en la Región de Tarapacá, donde destacó los avances en el control fronterizo y valoró el despliegue militar ejecutado por el Ejército y el Ministerio de Obras Públicas en la zona. “Estamos bien satisfechos con lo que hemos visto. Hay un avance notorio y evidente no solamente en la baja de ingresos clandestinos, sino también en las reconducciones”, afirmó Sauerbaum.
Según cifras entregadas por el jefe del Sermig, hace un año se registraban más de 2.500 ingresos clandestinos en esta fecha, mientras que actualmente la cifra alcanza 265 casos. Asimismo, destacó que desde el 16 de marzo la presencia militar en la zona aumentó en un 48%, lo que, a su juicio, ha sido clave para disuadir el ingreso irregular al país.
Por su parte, el especialista en migraciones, Adrián Hernández (@ambientejuridicove ) planteó que el fortalecimiento del resguardo fronterizo es un deber indelegable del Estado pero debe ir acompañado de una política que aborde la situación de los más de 300 mil migrantes que ya residen en Chile. “Muchos llevan más de cinco años en el país, tienen hijos nacidos en Chile y trabajan formalmente pese a su situación migratoria irregular”, señaló.
Hernández hizo un llamado a generar oportunidades para quienes, según indicó, han colaborado con el Estado en procesos como el empadronamiento biométrico y el enrolamiento ante el Registro Civil, destacando que si bien el control fronterizo es una parte ineludible de un proceso de reorganización migratoria, los procesos internos y externos de solicitud de residencia y regularización deben ser posibles, expeditos y accesibles, propendiendo ciertamente a una migración organizada, toda vez que, el focalizar los objetivos del Estado en la imposición de cargas imposibles de cumplir no disminuye el flujo migratorio, sino, por el contrario, obliga a las personas más vulnerables a sobrevivir al margen de la norma.
Mary Montesinos, directora general de la ONG Proyecto Tepuy, fue electa como nueva presidenta del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) del Servicio Nacional de Migraciones para el período 2026-2027, en el marco de la primera sesión ordinaria del organismo consultivo.
La elección se desarrolló en una jornada centrada en el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana, con un enfoque orientado a mejorar la gestión administrativa en materia migratoria y enfrentar el crecimiento de los discursos antimigrantes en el país.
Entre sus principales objetivos, la nueva presidenta planteó la necesidad de optimizar los procesos y trámites migratorios, especialmente aquellos vinculados a regularización, residencia y atención a usuarios, promoviendo además una mirada descentralizada que incorpore las realidades regionales. Asimismo, subrayó la importancia de combatir la narrativa antimigrantes mediante el diálogo social, la información basada en evidencia y el fortalecimiento de espacios de integración.
Mary Montesinos posee más de dos décadas de residencia en Chile y una amplia trayectoria vinculada a la defensa de los derechos humanos y el trabajo comunitario. Actualmente se desempeña como representante de las migraciones ante el Consejo de la Sociedad Civil de Naciones Unidas en Chile.
Montesinos destacó que el Cosoc es una instancia consultiva y no vinculante, por lo que no cuenta con herramientas legales para exigir medidas a la autoridad. Sin embargo, destacó que el consejo cumple un rol clave en el levantamiento de incidencias, observaciones y propuestas desde la sociedad civil hacia el Estado en materia migratoria.
Mary Montesinos, directora general de la ONG Proyecto Tepuy, fue electa como nueva presidenta del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) del Servicio Nacional de Migraciones para el período 2026-2027, en el marco de la primera sesión ordinaria del organismo consultivo.
La elección se desarrolló en una jornada centrada en el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana, con un enfoque orientado a mejorar la gestión administrativa en materia migratoria y enfrentar el crecimiento de los discursos antimigrantes en el país.
Entre sus principales objetivos, la nueva presidenta planteó la necesidad de optimizar los procesos y trámites migratorios, especialmente aquellos vinculados a regularización, residencia y atención a usuarios, promoviendo además una mirada descentralizada que incorpore las realidades regionales. Asimismo, subrayó la importancia de combatir la narrativa antimigrantes mediante el diálogo social, la información basada en evidencia y el fortalecimiento de espacios de integración.
Mary Montesinos posee más de dos décadas de residencia en Chile y una amplia trayectoria vinculada a la defensa de los derechos humanos y el trabajo comunitario. Actualmente se desempeña como representante de las migraciones ante el Consejo de la Sociedad Civil de Naciones Unidas en Chile.
Montesinos destacó que el Cosoc es una instancia consultiva y no vinculante, por lo que no cuenta con herramientas legales para exigir medidas a la autoridad. Sin embargo, destacó que el consejo cumple un rol clave en el levantamiento de incidencias, observaciones y propuestas desde la sociedad civil hacia el Estado en materia migratoria.
El ejecutivo chileno Germán Naranjo Maldini continúa en prisión preventiva en Brasil tras protagonizar un grave episodio de insultos racistas, xenófobos y homofóbicos contra un tripulante de LATAM durante un vuelo con destino a Frankfurt.
El caso, que generó amplio rechazo en redes sociales y medios internacionales, sumó ahora un nuevo antecedente: una carta pública desde la cárcel donde el exgerente comercial de la pesquera Landes intenta explicar su conducta apelando a un supuesto desequilibrio emocional provocado por la reciente muerte de su hermano.
En la misiva, Naranjo asegura que su “mente estaba en un estado alterado” y afirma no recordar completamente lo ocurrido. Sin embargo, las imágenes viralizadas muestran agresiones verbales explícitas, incluyendo expresiones racistas y gestos simulando sonidos de simios contra un sobrecargo brasileño.
La justicia brasileña investiga el hecho como injuria racial, delito que puede ser considerado crimen de odio y que contempla penas de hasta cinco años de cárcel sin derecho a fianza. Mientras su defensa insiste en problemas psicológicos, la empresa Landes confirmó su despido inmediato, calificando su conducta como incompatible con los valores corporativos.
Video capturado de T13.
El ejecutivo chileno Germán Naranjo Maldini continúa en prisión preventiva en Brasil tras protagonizar un grave episodio de insultos racistas, xenófobos y homofóbicos contra un tripulante de LATAM durante un vuelo con destino a Frankfurt.
El caso, que generó amplio rechazo en redes sociales y medios internacionales, sumó ahora un nuevo antecedente: una carta pública desde la cárcel donde el exgerente comercial de la pesquera Landes intenta explicar su conducta apelando a un supuesto desequilibrio emocional provocado por la reciente muerte de su hermano.
En la misiva, Naranjo asegura que su “mente estaba en un estado alterado” y afirma no recordar completamente lo ocurrido. Sin embargo, las imágenes viralizadas muestran agresiones verbales explícitas, incluyendo expresiones racistas y gestos simulando sonidos de simios contra un sobrecargo brasileño.
La justicia brasileña investiga el hecho como injuria racial, delito que puede ser considerado crimen de odio y que contempla penas de hasta cinco años de cárcel sin derecho a fianza. Mientras su defensa insiste en problemas psicológicos, la empresa Landes confirmó su despido inmediato, calificando su conducta como incompatible con los valores corporativos.
Video capturado de T13.