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Una nueva tragedia enluta a la Región Metropolitana luego de que una niña de 2 años falleciera este domingo tras caer desde un edificio residencial ubicado en avenida Los Militares, en la comuna de Las Condes.
De acuerdo con información preliminar, personal del SAMU alertó cerca de las 17:40 horas sobre la caída de una menor desde altura. Al llegar al lugar, equipos de emergencia y Carabineros confirmaron el fallecimiento de la niña producto de las lesiones sufridas.
En un inicio, las diligencias apuntaban a establecer desde qué departamento ocurrió el hecho y ubicar a sus familiares. Posteriormente, funcionarios policiales encontraron al padre de la menor en el inmueble, mientras la Fiscalía Oriente instruyó las primeras investigaciones para esclarecer las circunstancias de la tragedia.
Este hecho ocurre apenas días después de otro accidente similar registrado en la comuna de Santiago. En aquella oportunidad, una niña falleció tras caer desde un departamento ubicado en un edificio de la intersección de Tarapacá con San Diego.
Según los antecedentes preliminares de ese caso, la menor se encontraba al interior del departamento junto a un familiar al momento del accidente. El Ministerio Público instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios para determinar cómo ocurrieron los hechos.
La reiteración de este tipo de tragedias en menos de una semana ha generado preocupación respecto a las medidas de seguridad en edificios residenciales y la necesidad de reforzar mecanismos de prevención en ventanas, balcones y espacios con riesgo de caída.
Especialistas han insistido anteriormente en la importancia de implementar protecciones adecuadas y mantener supervisión constante de menores en viviendas ubicadas en altura.
Imagen capturada de 24 horas.
Una nueva tragedia enluta a la Región Metropolitana luego de que una niña de 2 años falleciera este domingo tras caer desde un edificio residencial ubicado en avenida Los Militares, en la comuna de Las Condes.
De acuerdo con información preliminar, personal del SAMU alertó cerca de las 17:40 horas sobre la caída de una menor desde altura. Al llegar al lugar, equipos de emergencia y Carabineros confirmaron el fallecimiento de la niña producto de las lesiones sufridas.
En un inicio, las diligencias apuntaban a establecer desde qué departamento ocurrió el hecho y ubicar a sus familiares. Posteriormente, funcionarios policiales encontraron al padre de la menor en el inmueble, mientras la Fiscalía Oriente instruyó las primeras investigaciones para esclarecer las circunstancias de la tragedia.
Este hecho ocurre apenas días después de otro accidente similar registrado en la comuna de Santiago. En aquella oportunidad, una niña falleció tras caer desde un departamento ubicado en un edificio de la intersección de Tarapacá con San Diego.
Según los antecedentes preliminares de ese caso, la menor se encontraba al interior del departamento junto a un familiar al momento del accidente. El Ministerio Público instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios para determinar cómo ocurrieron los hechos.
La reiteración de este tipo de tragedias en menos de una semana ha generado preocupación respecto a las medidas de seguridad en edificios residenciales y la necesidad de reforzar mecanismos de prevención en ventanas, balcones y espacios con riesgo de caída.
Especialistas han insistido anteriormente en la importancia de implementar protecciones adecuadas y mantener supervisión constante de menores en viviendas ubicadas en altura.
Imagen capturada de 24 horas.
Hay muertes que no comienzan el día en que el corazón se detiene. Hay muertes lentas, administradas con dolor, silencios calculados y puertas cerradas. A Carmen Teresa Navas la fueron matando durante meses. La consumieron la incertidumbre, la humillación y el espanto de recorrer cárceles, ministerios y tribunales buscando a su hijo, mientras quienes tenían la obligación de responderle le mentían a la cara o fingían no saber nada.
Víctor Hugo Quero Navas no era un criminal. No era una amenaza. Era un venezolano convertido en objetivo de un aparato de persecución que necesita fabricar enemigos para justificar su existencia. Lo desaparecieron, lo aislaron y finalmente lo mataron bajo custodia del Estado. Después escondieron su cuerpo durante meses, como si incluso muerto siguiera siendo un problema que debía ocultarse bajo tierra y papeles falsos.
Y allí estaba Carmen. Una mujer anciana, frágil solo en apariencia, sosteniéndose sobre una fuerza que únicamente conocen las madres atravesadas por el dolor. Caminó sola contra el cinismo de funcionarios capaces de dormir tranquilos mientras ella imploraba información sobre su hijo. Le negaron el derecho más básico: saber dónde estaba. Le robaron el duelo. Le secuestraron la esperanza. La obligaron a vivir atrapada en una tortura diaria donde cada amanecer podía traer una noticia terrible o ninguna noticia en absoluto.
Cuando finalmente le confirmaron la verdad, ya era demasiado tarde para todo. Alcanzó apenas a enterrarlo. A despedirse frente a su tumba y entonces murió ella también, como si el cuerpo hubiese resistido únicamente hasta cumplir la última obligación que le quedaba como madre.
Venezuela no puede perdonar esto. Porque el dolor sigue vivo y se alimenta cada día de la impunidad obscena de quienes continúan en el poder, vigilando la ruina moral que dejaron, cuidando la ratonera heredada por décadas de crueldad y corrupción. Lo de Carmen Navas no es una tragedia privada. Es el retrato de un país donde el poder convirtió el sufrimiento humano en rutina administrativa.
Ella murió buscando justicia. Y esa herida, como tantas otras en Venezuela, todavía sigue abierta.
Hay muertes que no comienzan el día en que el corazón se detiene. Hay muertes lentas, administradas con dolor, silencios calculados y puertas cerradas. A Carmen Teresa Navas la fueron matando durante meses. La consumieron la incertidumbre, la humillación y el espanto de recorrer cárceles, ministerios y tribunales buscando a su hijo, mientras quienes tenían la obligación de responderle le mentían a la cara o fingían no saber nada.
Víctor Hugo Quero Navas no era un criminal. No era una amenaza. Era un venezolano convertido en objetivo de un aparato de persecución que necesita fabricar enemigos para justificar su existencia. Lo desaparecieron, lo aislaron y finalmente lo mataron bajo custodia del Estado. Después escondieron su cuerpo durante meses, como si incluso muerto siguiera siendo un problema que debía ocultarse bajo tierra y papeles falsos.
Y allí estaba Carmen. Una mujer anciana, frágil solo en apariencia, sosteniéndose sobre una fuerza que únicamente conocen las madres atravesadas por el dolor. Caminó sola contra el cinismo de funcionarios capaces de dormir tranquilos mientras ella imploraba información sobre su hijo. Le negaron el derecho más básico: saber dónde estaba. Le robaron el duelo. Le secuestraron la esperanza. La obligaron a vivir atrapada en una tortura diaria donde cada amanecer podía traer una noticia terrible o ninguna noticia en absoluto.
Cuando finalmente le confirmaron la verdad, ya era demasiado tarde para todo. Alcanzó apenas a enterrarlo. A despedirse frente a su tumba y entonces murió ella también, como si el cuerpo hubiese resistido únicamente hasta cumplir la última obligación que le quedaba como madre.
Venezuela no puede perdonar esto. Porque el dolor sigue vivo y se alimenta cada día de la impunidad obscena de quienes continúan en el poder, vigilando la ruina moral que dejaron, cuidando la ratonera heredada por décadas de crueldad y corrupción. Lo de Carmen Navas no es una tragedia privada. Es el retrato de un país donde el poder convirtió el sufrimiento humano en rutina administrativa.
Ella murió buscando justicia. Y esa herida, como tantas otras en Venezuela, todavía sigue abierta.
La señora Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero Navas, falleció luego de pasar los últimos meses de su vida buscando respuestas sobre el paradero de su hijo, asesinado en julio del año pasado en medio de la represión ejercida por el régimen venezolano.
Durante meses, Navas mantuvo una incansable búsqueda marcada por la incertidumbre y el dolor, exigiendo conocer qué había ocurrido con Víctor Quero. Su caso se convirtió en símbolo del sufrimiento de numerosas familias venezolanas que aún esperan verdad y justicia por sus seres queridos.
Hace apenas unos días, la madre logró despedirse de su hijo luego de que las autoridades reconocieran oficialmente el crimen. Carmen Navas alcanzó a participar en el entierro y en la misa realizada en memoria de Víctor, cerrando así una larga etapa de angustia y espera.
La noticia de su fallecimiento ha generado conmoción entre quienes siguieron de cerca su historia y acompañaron su lucha por encontrar a su hijo y darle sepultura digna.
Paz a su alma.
La señora Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero Navas, falleció luego de pasar los últimos meses de su vida buscando respuestas sobre el paradero de su hijo, asesinado en julio del año pasado en medio de la represión ejercida por el régimen venezolano.
Durante meses, Navas mantuvo una incansable búsqueda marcada por la incertidumbre y el dolor, exigiendo conocer qué había ocurrido con Víctor Quero. Su caso se convirtió en símbolo del sufrimiento de numerosas familias venezolanas que aún esperan verdad y justicia por sus seres queridos.
Hace apenas unos días, la madre logró despedirse de su hijo luego de que las autoridades reconocieran oficialmente el crimen. Carmen Navas alcanzó a participar en el entierro y en la misa realizada en memoria de Víctor, cerrando así una larga etapa de angustia y espera.
La noticia de su fallecimiento ha generado conmoción entre quienes siguieron de cerca su historia y acompañaron su lucha por encontrar a su hijo y darle sepultura digna.
Paz a su alma.
Durante la tarde del miércoles, funcionarios de Carabineros asistieron un parto de emergencia en un asentamiento de la comuna de Puente Alto, logrando apoyar el nacimiento de una niña en medio de una situación de urgencia.
Según los antecedentes, el procedimiento se inició luego de un llamado al 133 que alertó sobre una mujer de 30 años que se encontraba en avanzado trabajo de parto y requería asistencia inmediata.
El hecho ocurrió cerca de las 15:35 horas, cuando personal policial acudió hasta el sector tras recibir la comunicación de emergencia. Al llegar, los funcionarios constataron que el nacimiento era inminente y que no era posible realizar un traslado oportuno a un centro asistencial, por lo que debieron prestar apoyo en el lugar.
Minutos después nació la bebé, mientras que los funcionarios realizaron las primeras labores de asistencia hasta la llegada del personal de salud.
Posteriormente, equipos del SAMU continuaron con la atención médica de la madre y la recién nacida, efectuando su traslado a un recinto asistencial para la evaluación correspondiente.
La rápida coordinación entre los equipos de emergencia permitió que el parto se desarrollara sin mayores complicaciones.
Durante la tarde del miércoles, funcionarios de Carabineros asistieron un parto de emergencia en un asentamiento de la comuna de Puente Alto, logrando apoyar el nacimiento de una niña en medio de una situación de urgencia.
Según los antecedentes, el procedimiento se inició luego de un llamado al 133 que alertó sobre una mujer de 30 años que se encontraba en avanzado trabajo de parto y requería asistencia inmediata.
El hecho ocurrió cerca de las 15:35 horas, cuando personal policial acudió hasta el sector tras recibir la comunicación de emergencia. Al llegar, los funcionarios constataron que el nacimiento era inminente y que no era posible realizar un traslado oportuno a un centro asistencial, por lo que debieron prestar apoyo en el lugar.
Minutos después nació la bebé, mientras que los funcionarios realizaron las primeras labores de asistencia hasta la llegada del personal de salud.
Posteriormente, equipos del SAMU continuaron con la atención médica de la madre y la recién nacida, efectuando su traslado a un recinto asistencial para la evaluación correspondiente.
La rápida coordinación entre los equipos de emergencia permitió que el parto se desarrollara sin mayores complicaciones.
La advertencia fue clara y se realizó en plena discusión de la reforma a la Ley de Migraciones. El senador Juan Castro Prieto denunció la existencia de un verdadero mercado de gestores y tramitadores que operan aprovechándose de la vulnerabilidad de miles de personas migrantes, prometiendo regularizaciones imposibles, obtención de visas o aceleración de trámites a cambio de altas sumas de dinero.
La situación, según expuso el parlamentario, no solo ocurre en redes sociales o grupos informales de mensajería, sino también en las inmediaciones del Servicio Nacional de Migraciones, donde decenas de personas ofrecen “soluciones” migratorias sin respaldo legal.
El fenómeno no es nuevo, pero sí se ha profundizado con el aumento de las restricciones migratorias, los extensos tiempos de espera y la desesperación de familias extranjeras que buscan regularizar su situación en Chile. Abogados sin experiencia en derecho migratorio, falsos asesores y gestores improvisados han encontrado un nicho rentable en medio de la incertidumbre administrativa.
Las promesas suelen repetirse: residencia definitiva garantizada, eliminación de órdenes de expulsión, contratos laborales ficticios o regularizaciones “especiales” inexistentes. En muchos casos, las víctimas entregan dinero, documentación sensible e incluso poderes notariales, para luego descubrir que los trámites jamás fueron ingresados o simplemente no tenían viabilidad jurídica.
La advertencia fue clara y se realizó en plena discusión de la reforma a la Ley de Migraciones. El senador Juan Castro Prieto denunció la existencia de un verdadero mercado de gestores y tramitadores que operan aprovechándose de la vulnerabilidad de miles de personas migrantes, prometiendo regularizaciones imposibles, obtención de visas o aceleración de trámites a cambio de altas sumas de dinero.
La situación, según expuso el parlamentario, no solo ocurre en redes sociales o grupos informales de mensajería, sino también en las inmediaciones del Servicio Nacional de Migraciones, donde decenas de personas ofrecen “soluciones” migratorias sin respaldo legal.
El fenómeno no es nuevo, pero sí se ha profundizado con el aumento de las restricciones migratorias, los extensos tiempos de espera y la desesperación de familias extranjeras que buscan regularizar su situación en Chile. Abogados sin experiencia en derecho migratorio, falsos asesores y gestores improvisados han encontrado un nicho rentable en medio de la incertidumbre administrativa.
Las promesas suelen repetirse: residencia definitiva garantizada, eliminación de órdenes de expulsión, contratos laborales ficticios o regularizaciones “especiales” inexistentes. En muchos casos, las víctimas entregan dinero, documentación sensible e incluso poderes notariales, para luego descubrir que los trámites jamás fueron ingresados o simplemente no tenían viabilidad jurídica.
Una polémica situación se vivió en un vuelo de Latam, en la ruta São Paulo–Frankfurt, donde un pasajero chileno protagonizó un tenso episodio de discriminación.
En el vídeo se observa al hombre dirigirse con una actitud homofóbica hacia otro pasajero, como “para mi es un problema ser gay, para ti es un problema”.
Segundos más tarde, el sujeto también utiliza palabras racistas en contra del mismo pasajero: “Piel negra”, a la vez que hace gestos de repudio con sus manos y rostro, agregando: “El olor a negro, a brasileño”.
“Eres un mono” y “los monos andan en los árboles”, dice posteriormente.
Desde Latam expresaron su enérgico repudio a “cualquier acto de violencia, discriminación, racismo, xenofobia u homofobia, tanto a bordo de sus vuelos como en cualquier espacio vinculado a sus operaciones”.
Sobre lo ocurrido, precisaron que la situación tuvo lugar el pasado 10 de mayo, cuando el “pasajero disruptivo” abordó el vuelo LA8070 en la ruta São Paulo–Frankfurt.
“LATAM Airlines Brasil informa que se encuentra colaborando plenamente con la Policía Federal de Brasil en la investigación sobre la conducta deplorable del pasajero, quien fue detenido en el aeropuerto de Guarulhos el 15 de mayo“, detallaron.
“Las empresas del grupo LATAM advierten que los incidentes con pasajeros disruptivos — incluyendo agresiones físicas o verbales a tripulantes y pasajeros, intoxicación a bordo, falsas alarmas y conductas que comprometen la seguridad operacional— se han transformado en un desafío creciente para la industria aérea a nivel global”, agregaron.
“Estas situaciones impactan directamente la experiencia de viaje de miles de pasajeros, pudiendo generar retrasos, pérdida de conexiones e incluso cancelaciones de vuelos”, lamentaron.
De acuerdo con fuentes de locales, el individuo se mantendría detenido en Brasil, específicamente en la comisaría del aeropuerto de Guarulhos (São Paulo). Se espera que mañana pase por audiencia de custodia.
Una polémica situación se vivió en un vuelo de Latam, en la ruta São Paulo–Frankfurt, donde un pasajero chileno protagonizó un tenso episodio de discriminación.
En el vídeo se observa al hombre dirigirse con una actitud homofóbica hacia otro pasajero, como “para mi es un problema ser gay, para ti es un problema”.
Segundos más tarde, el sujeto también utiliza palabras racistas en contra del mismo pasajero: “Piel negra”, a la vez que hace gestos de repudio con sus manos y rostro, agregando: “El olor a negro, a brasileño”.
“Eres un mono” y “los monos andan en los árboles”, dice posteriormente.
Desde Latam expresaron su enérgico repudio a “cualquier acto de violencia, discriminación, racismo, xenofobia u homofobia, tanto a bordo de sus vuelos como en cualquier espacio vinculado a sus operaciones”.
Sobre lo ocurrido, precisaron que la situación tuvo lugar el pasado 10 de mayo, cuando el “pasajero disruptivo” abordó el vuelo LA8070 en la ruta São Paulo–Frankfurt.
“LATAM Airlines Brasil informa que se encuentra colaborando plenamente con la Policía Federal de Brasil en la investigación sobre la conducta deplorable del pasajero, quien fue detenido en el aeropuerto de Guarulhos el 15 de mayo“, detallaron.
“Las empresas del grupo LATAM advierten que los incidentes con pasajeros disruptivos — incluyendo agresiones físicas o verbales a tripulantes y pasajeros, intoxicación a bordo, falsas alarmas y conductas que comprometen la seguridad operacional— se han transformado en un desafío creciente para la industria aérea a nivel global”, agregaron.
“Estas situaciones impactan directamente la experiencia de viaje de miles de pasajeros, pudiendo generar retrasos, pérdida de conexiones e incluso cancelaciones de vuelos”, lamentaron.
De acuerdo con fuentes de locales, el individuo se mantendría detenido en Brasil, específicamente en la comisaría del aeropuerto de Guarulhos (São Paulo). Se espera que mañana pase por audiencia de custodia.
La ministra de Salud, May Chomali, se desmarcó de la idea del Gobierno de obligar a instituciones públicas a reportar a migrantes irregulares en el país y señaló que ven la medida "con bastante preocupación".
La autoridad mencionó que "nosotros lo estamos mirando con bastante preocupación, nosotros no podemos desde el Ministerio de Salud informar de esos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria, y eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, y eso lo vamos a defender absolutamente".
"Hay algunos otros temas que nosotros lo hemos planteado en el gobierno central, en el Comité de Ministros, y han estado todos de acuerdo, en el sentido de que nosotros no podemos desde Salud negar una atención de salud, porque no solamente ponemos en riesgo la vida de esa persona, sino que también ponemos en riesgo la vida del resto de la población", sostuvo.
Añadió sobre la indicación presentada por el Ejecutivo que "vamos a revisarlo con ellos para ver cómo se alinea esto con otras políticas que hemos estado discutiendo dentro del propio Gobierno".
En esa línea, relató que "estuve hace poco en Azapa (al este de Arica) y se estaba tratando un migrante con una tuberculosis en una zona que tiene una alta tasa de tuberculosis. Era un migrante que estaba abandonado y yo estaba feliz de que los estábamos tratando, porque si estaba en Chile, la probabilidad de contagiar a las personas con las cuales él trabajaba era tremendamente alta".
"Es una escena que viví concretamente que me hizo ser mucho más clara en la postura que yo tengo y tenemos desde la cartera en relación a la atención de los migrantes", cerró Chomali.
La ministra de Salud, May Chomali, se desmarcó de la idea del Gobierno de obligar a instituciones públicas a reportar a migrantes irregulares en el país y señaló que ven la medida "con bastante preocupación".
La autoridad mencionó que "nosotros lo estamos mirando con bastante preocupación, nosotros no podemos desde el Ministerio de Salud informar de esos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria, y eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, y eso lo vamos a defender absolutamente".
"Hay algunos otros temas que nosotros lo hemos planteado en el gobierno central, en el Comité de Ministros, y han estado todos de acuerdo, en el sentido de que nosotros no podemos desde Salud negar una atención de salud, porque no solamente ponemos en riesgo la vida de esa persona, sino que también ponemos en riesgo la vida del resto de la población", sostuvo.
Añadió sobre la indicación presentada por el Ejecutivo que "vamos a revisarlo con ellos para ver cómo se alinea esto con otras políticas que hemos estado discutiendo dentro del propio Gobierno".
En esa línea, relató que "estuve hace poco en Azapa (al este de Arica) y se estaba tratando un migrante con una tuberculosis en una zona que tiene una alta tasa de tuberculosis. Era un migrante que estaba abandonado y yo estaba feliz de que los estábamos tratando, porque si estaba en Chile, la probabilidad de contagiar a las personas con las cuales él trabajaba era tremendamente alta".
"Es una escena que viví concretamente que me hizo ser mucho más clara en la postura que yo tengo y tenemos desde la cartera en relación a la atención de los migrantes", cerró Chomali.
Representantes del gobierno presentaron ante la Comisión de Gobierno del Senado una indicación del proyecto de ley que busca flexibilizar las normas que regulan los procesos de expulsión en Chile.
La propuesta obliga a instituciones a organismos públicos como privados, a entregar antecedentes de contacto de extranjeros que tengan procedimientos de expulsión vigentes.
En declaraciones a la prensa, el subsecretario Max Pavez explicó que la medida responde a una dificultad técnica crítica: la imposibilidad de localizar a los sujetos de expulsión. "Muchas veces las personas cambian su residencia, cambian su domicilio y no se sabe bien dónde están“, señaló la autoridad, subrayando que esto impide notificar las órdenes de forma efectiva.
Alcance y límites de la medida
Para calmar las aprehensiones sobre la privacidad de los datos, el subsecretario precisó que la indicación es “muy precisa” en sus facultades y limitaciones:
Solo con proceso abierto: La obligación de informar solo se activa cuando existe un procedimiento de expulsión o sanción migratoria ya iniciado.
Autoridades exclusivas: Solo el Servicio de Migraciones y la PDI podrán requerir los antecedentes. “Nadie más puede requerir la información”, enfatizó Pavez.
Datos específicos: Las instituciones (como AFP, Isapres, Fonasa, colegios y hospitales) deberán entregar domicilio, teléfono, correo electrónico y “demás datos pertinentes” para la notificación.
Protección de datos y respaldo técnico
Pavez fue enfático en asegurar que la norma incluye prohibiciones estrictas sobre el mal uso o difusión de la información personal de los extranjeros. Además, destacó que la propuesta no es una improvisación, sino que fue “trabajada con el Servicio de Migración y con la Policía de Investigaciones”, los órganos rectores del control migratorio en Chile.
Fuente: ADN Radio.
Representantes del gobierno presentaron ante la Comisión de Gobierno del Senado una indicación del proyecto de ley que busca flexibilizar las normas que regulan los procesos de expulsión en Chile.
La propuesta obliga a instituciones a organismos públicos como privados, a entregar antecedentes de contacto de extranjeros que tengan procedimientos de expulsión vigentes.
En declaraciones a la prensa, el subsecretario Max Pavez explicó que la medida responde a una dificultad técnica crítica: la imposibilidad de localizar a los sujetos de expulsión. "Muchas veces las personas cambian su residencia, cambian su domicilio y no se sabe bien dónde están“, señaló la autoridad, subrayando que esto impide notificar las órdenes de forma efectiva.
Alcance y límites de la medida
Para calmar las aprehensiones sobre la privacidad de los datos, el subsecretario precisó que la indicación es “muy precisa” en sus facultades y limitaciones:
Solo con proceso abierto: La obligación de informar solo se activa cuando existe un procedimiento de expulsión o sanción migratoria ya iniciado.
Autoridades exclusivas: Solo el Servicio de Migraciones y la PDI podrán requerir los antecedentes. “Nadie más puede requerir la información”, enfatizó Pavez.
Datos específicos: Las instituciones (como AFP, Isapres, Fonasa, colegios y hospitales) deberán entregar domicilio, teléfono, correo electrónico y “demás datos pertinentes” para la notificación.
Protección de datos y respaldo técnico
Pavez fue enfático en asegurar que la norma incluye prohibiciones estrictas sobre el mal uso o difusión de la información personal de los extranjeros. Además, destacó que la propuesta no es una improvisación, sino que fue “trabajada con el Servicio de Migración y con la Policía de Investigaciones”, los órganos rectores del control migratorio en Chile.
Fuente: ADN Radio.