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Entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, el Servicio de Registro Civil e Identificación entregó de manera errónea cédulas de identidad que acreditaban residencia definitiva y una vigencia de cinco años a personas migrantes que, en realidad, solo contaban con residencia temporal por encontrarse en calidad de solicitantes de refugio en Chile. La situación fue detectada por el Servicio Nacional de Migraciones y quedó documentada en una serie de oficios enviados por su entonces director, Luis Thayer, al Registro Civil y a la Subsecretaría de Justicia, advirtiendo sobre la gravedad del problema y solicitando medidas para corregirlo.
La primera alerta formal se produjo el 24 de marzo de 2025, cuando Migraciones identificó que al menos tres personas provenientes de Cuba, Venezuela y Colombia habían recibido documentos que les otorgaban una condición migratoria distinta a la que realmente poseían. Thayer solicitó que se subsanara el error, que se informara a los afectados y que se investigara si la equivocación se debía a información incorrecta proporcionada por Migraciones. Sin embargo, una revisión interna concluyó que los antecedentes enviados por ese organismo eran correctos, por lo que la falla se originaba en el Registro Civil. Ante ello, se pidió además un listado de todos los casos potencialmente afectados y una explicación sobre las causas de las inconsistencias detectadas.
Tras consultas de Ciper, el Registro Civil reconoció la existencia de una “incidencia” relacionada con la emisión de cédulas para extranjeros, vinculada en parte a procesos de actualización y modernización tecnológica de sus sistemas. La institución confirmó que informó a Migraciones sobre cerca de 14 mil incongruencias o errores de datos detectados durante el proceso, aunque se negó a precisar cuántas cédulas fueron efectivamente emitidas con información errónea, argumentando razones de seguridad.
Como medida correctiva, el Registro Civil bloqueó los documentos afectados para dejarlos sin validez legal, contactó a los titulares mediante cartas certificadas y los citó para realizar nuevamente el trámite de identificación.
Entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, el Servicio de Registro Civil e Identificación entregó de manera errónea cédulas de identidad que acreditaban residencia definitiva y una vigencia de cinco años a personas migrantes que, en realidad, solo contaban con residencia temporal por encontrarse en calidad de solicitantes de refugio en Chile. La situación fue detectada por el Servicio Nacional de Migraciones y quedó documentada en una serie de oficios enviados por su entonces director, Luis Thayer, al Registro Civil y a la Subsecretaría de Justicia, advirtiendo sobre la gravedad del problema y solicitando medidas para corregirlo.
La primera alerta formal se produjo el 24 de marzo de 2025, cuando Migraciones identificó que al menos tres personas provenientes de Cuba, Venezuela y Colombia habían recibido documentos que les otorgaban una condición migratoria distinta a la que realmente poseían. Thayer solicitó que se subsanara el error, que se informara a los afectados y que se investigara si la equivocación se debía a información incorrecta proporcionada por Migraciones. Sin embargo, una revisión interna concluyó que los antecedentes enviados por ese organismo eran correctos, por lo que la falla se originaba en el Registro Civil. Ante ello, se pidió además un listado de todos los casos potencialmente afectados y una explicación sobre las causas de las inconsistencias detectadas.
Tras consultas de Ciper, el Registro Civil reconoció la existencia de una “incidencia” relacionada con la emisión de cédulas para extranjeros, vinculada en parte a procesos de actualización y modernización tecnológica de sus sistemas. La institución confirmó que informó a Migraciones sobre cerca de 14 mil incongruencias o errores de datos detectados durante el proceso, aunque se negó a precisar cuántas cédulas fueron efectivamente emitidas con información errónea, argumentando razones de seguridad.
Como medida correctiva, el Registro Civil bloqueó los documentos afectados para dejarlos sin validez legal, contactó a los titulares mediante cartas certificadas y los citó para realizar nuevamente el trámite de identificación.
La recientemente promulgada Ley N.º 21.816 incorpora una nueva causal de rechazo para las solicitudes de residencia de personas extranjeras en Chile. La medida tuvo su origen durante el período parlamentario anterior, a partir de una moción impulsada por diputados de centroizquierda y apoyada posteriormente mediante un mensaje del entonces Presidente Gabriel Boric.
La iniciativa busca combatir la evasión del pago de tarifas en el transporte público y fortalecer los mecanismos de fiscalización. Para ello, incorpora al artículo 88 de la Ley de Migración y Extranjería una nueva causal de rechazo de residencia para quienes se encuentren inscritos en el Registro de Pasajeros Infractores.
La conducta sancionable corresponde al uso del transporte público sin pagar la tarifa respectiva, especialmente cuando la infracción deriva en multas impagas y en la posterior incorporación del infractor al referido registro.
La medida no está dirigida exclusivamente a migrantes. Todos los usuarios pueden enfrentar multas, restricciones administrativas e incluso limitaciones para acceder a determinados documentos. Sin embargo, en el caso de las personas extranjeras existe una consecuencia adicional y especialmente gravosa: la posibilidad de que su solicitud de residencia temporal o definitiva sea rechazada.
Quienes respaldan la reforma sostienen que fortalece la responsabilidad cívica y protege el financiamiento del transporte público. Sus detractores, en cambio, cuestionan la proporcionalidad de vincular una infracción administrativa con consecuencias migratorias que pueden afectar significativamente el proyecto de vida y la permanencia regular de una persona en el país.
¿Estás de acuerdo con la medida?
La recientemente promulgada Ley N.º 21.816 incorpora una nueva causal de rechazo para las solicitudes de residencia de personas extranjeras en Chile. La medida tuvo su origen durante el período parlamentario anterior, a partir de una moción impulsada por diputados de centroizquierda y apoyada posteriormente mediante un mensaje del entonces Presidente Gabriel Boric.
La iniciativa busca combatir la evasión del pago de tarifas en el transporte público y fortalecer los mecanismos de fiscalización. Para ello, incorpora al artículo 88 de la Ley de Migración y Extranjería una nueva causal de rechazo de residencia para quienes se encuentren inscritos en el Registro de Pasajeros Infractores.
La conducta sancionable corresponde al uso del transporte público sin pagar la tarifa respectiva, especialmente cuando la infracción deriva en multas impagas y en la posterior incorporación del infractor al referido registro.
La medida no está dirigida exclusivamente a migrantes. Todos los usuarios pueden enfrentar multas, restricciones administrativas e incluso limitaciones para acceder a determinados documentos. Sin embargo, en el caso de las personas extranjeras existe una consecuencia adicional y especialmente gravosa: la posibilidad de que su solicitud de residencia temporal o definitiva sea rechazada.
Quienes respaldan la reforma sostienen que fortalece la responsabilidad cívica y protege el financiamiento del transporte público. Sus detractores, en cambio, cuestionan la proporcionalidad de vincular una infracción administrativa con consecuencias migratorias que pueden afectar significativamente el proyecto de vida y la permanencia regular de una persona en el país.
¿Estás de acuerdo con la medida?
El presidente de la República José Antonio Kast, afirmó en su cuenta pública, que los migrantes irregulares que salgan voluntariamente del país, podrán postular a su reingreso, señalando que a Chile se debe entrar por la puerta y no por la ventana.
El presidente de la República José Antonio Kast, afirmó en su cuenta pública, que los migrantes irregulares que salgan voluntariamente del país, podrán postular a su reingreso, señalando que a Chile se debe entrar por la puerta y no por la ventana.
La tarde de este domingo, un sismo se registró en la zona central del país. El movimiento telúrico se registró pasadas las 17.30 horas.
Preliminarmente, el sismo fue percibido en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
Según el Centro Sismológico Nacional la magnitud del temblor habría sido de 5.8.
La tarde de este domingo, un sismo se registró en la zona central del país. El movimiento telúrico se registró pasadas las 17.30 horas.
Preliminarmente, el sismo fue percibido en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
Según el Centro Sismológico Nacional la magnitud del temblor habría sido de 5.8.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, realizó una visita a Colchane, en la Región de Tarapacá, donde destacó los avances en el control fronterizo y valoró el despliegue militar ejecutado por el Ejército y el Ministerio de Obras Públicas en la zona. “Estamos bien satisfechos con lo que hemos visto. Hay un avance notorio y evidente no solamente en la baja de ingresos clandestinos, sino también en las reconducciones”, afirmó Sauerbaum.
Según cifras entregadas por el jefe del Sermig, hace un año se registraban más de 2.500 ingresos clandestinos en esta fecha, mientras que actualmente la cifra alcanza 265 casos. Asimismo, destacó que desde el 16 de marzo la presencia militar en la zona aumentó en un 48%, lo que, a su juicio, ha sido clave para disuadir el ingreso irregular al país.
Por su parte, el especialista en migraciones, Adrián Hernández (@ambientejuridicove ) planteó que el fortalecimiento del resguardo fronterizo es un deber indelegable del Estado pero debe ir acompañado de una política que aborde la situación de los más de 300 mil migrantes que ya residen en Chile. “Muchos llevan más de cinco años en el país, tienen hijos nacidos en Chile y trabajan formalmente pese a su situación migratoria irregular”, señaló.
Hernández hizo un llamado a generar oportunidades para quienes, según indicó, han colaborado con el Estado en procesos como el empadronamiento biométrico y el enrolamiento ante el Registro Civil, destacando que si bien el control fronterizo es una parte ineludible de un proceso de reorganización migratoria, los procesos internos y externos de solicitud de residencia y regularización deben ser posibles, expeditos y accesibles, propendiendo ciertamente a una migración organizada, toda vez que, el focalizar los objetivos del Estado en la imposición de cargas imposibles de cumplir no disminuye el flujo migratorio, sino, por el contrario, obliga a las personas más vulnerables a sobrevivir al margen de la norma.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, realizó una visita a Colchane, en la Región de Tarapacá, donde destacó los avances en el control fronterizo y valoró el despliegue militar ejecutado por el Ejército y el Ministerio de Obras Públicas en la zona. “Estamos bien satisfechos con lo que hemos visto. Hay un avance notorio y evidente no solamente en la baja de ingresos clandestinos, sino también en las reconducciones”, afirmó Sauerbaum.
Según cifras entregadas por el jefe del Sermig, hace un año se registraban más de 2.500 ingresos clandestinos en esta fecha, mientras que actualmente la cifra alcanza 265 casos. Asimismo, destacó que desde el 16 de marzo la presencia militar en la zona aumentó en un 48%, lo que, a su juicio, ha sido clave para disuadir el ingreso irregular al país.
Por su parte, el especialista en migraciones, Adrián Hernández (@ambientejuridicove ) planteó que el fortalecimiento del resguardo fronterizo es un deber indelegable del Estado pero debe ir acompañado de una política que aborde la situación de los más de 300 mil migrantes que ya residen en Chile. “Muchos llevan más de cinco años en el país, tienen hijos nacidos en Chile y trabajan formalmente pese a su situación migratoria irregular”, señaló.
Hernández hizo un llamado a generar oportunidades para quienes, según indicó, han colaborado con el Estado en procesos como el empadronamiento biométrico y el enrolamiento ante el Registro Civil, destacando que si bien el control fronterizo es una parte ineludible de un proceso de reorganización migratoria, los procesos internos y externos de solicitud de residencia y regularización deben ser posibles, expeditos y accesibles, propendiendo ciertamente a una migración organizada, toda vez que, el focalizar los objetivos del Estado en la imposición de cargas imposibles de cumplir no disminuye el flujo migratorio, sino, por el contrario, obliga a las personas más vulnerables a sobrevivir al margen de la norma.
Mary Montesinos, directora general de la ONG Proyecto Tepuy, fue electa como nueva presidenta del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) del Servicio Nacional de Migraciones para el período 2026-2027, en el marco de la primera sesión ordinaria del organismo consultivo.
La elección se desarrolló en una jornada centrada en el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana, con un enfoque orientado a mejorar la gestión administrativa en materia migratoria y enfrentar el crecimiento de los discursos antimigrantes en el país.
Entre sus principales objetivos, la nueva presidenta planteó la necesidad de optimizar los procesos y trámites migratorios, especialmente aquellos vinculados a regularización, residencia y atención a usuarios, promoviendo además una mirada descentralizada que incorpore las realidades regionales. Asimismo, subrayó la importancia de combatir la narrativa antimigrantes mediante el diálogo social, la información basada en evidencia y el fortalecimiento de espacios de integración.
Mary Montesinos posee más de dos décadas de residencia en Chile y una amplia trayectoria vinculada a la defensa de los derechos humanos y el trabajo comunitario. Actualmente se desempeña como representante de las migraciones ante el Consejo de la Sociedad Civil de Naciones Unidas en Chile.
Montesinos destacó que el Cosoc es una instancia consultiva y no vinculante, por lo que no cuenta con herramientas legales para exigir medidas a la autoridad. Sin embargo, destacó que el consejo cumple un rol clave en el levantamiento de incidencias, observaciones y propuestas desde la sociedad civil hacia el Estado en materia migratoria.
Mary Montesinos, directora general de la ONG Proyecto Tepuy, fue electa como nueva presidenta del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) del Servicio Nacional de Migraciones para el período 2026-2027, en el marco de la primera sesión ordinaria del organismo consultivo.
La elección se desarrolló en una jornada centrada en el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana, con un enfoque orientado a mejorar la gestión administrativa en materia migratoria y enfrentar el crecimiento de los discursos antimigrantes en el país.
Entre sus principales objetivos, la nueva presidenta planteó la necesidad de optimizar los procesos y trámites migratorios, especialmente aquellos vinculados a regularización, residencia y atención a usuarios, promoviendo además una mirada descentralizada que incorpore las realidades regionales. Asimismo, subrayó la importancia de combatir la narrativa antimigrantes mediante el diálogo social, la información basada en evidencia y el fortalecimiento de espacios de integración.
Mary Montesinos posee más de dos décadas de residencia en Chile y una amplia trayectoria vinculada a la defensa de los derechos humanos y el trabajo comunitario. Actualmente se desempeña como representante de las migraciones ante el Consejo de la Sociedad Civil de Naciones Unidas en Chile.
Montesinos destacó que el Cosoc es una instancia consultiva y no vinculante, por lo que no cuenta con herramientas legales para exigir medidas a la autoridad. Sin embargo, destacó que el consejo cumple un rol clave en el levantamiento de incidencias, observaciones y propuestas desde la sociedad civil hacia el Estado en materia migratoria.
El ejecutivo chileno Germán Naranjo Maldini continúa en prisión preventiva en Brasil tras protagonizar un grave episodio de insultos racistas, xenófobos y homofóbicos contra un tripulante de LATAM durante un vuelo con destino a Frankfurt.
El caso, que generó amplio rechazo en redes sociales y medios internacionales, sumó ahora un nuevo antecedente: una carta pública desde la cárcel donde el exgerente comercial de la pesquera Landes intenta explicar su conducta apelando a un supuesto desequilibrio emocional provocado por la reciente muerte de su hermano.
En la misiva, Naranjo asegura que su “mente estaba en un estado alterado” y afirma no recordar completamente lo ocurrido. Sin embargo, las imágenes viralizadas muestran agresiones verbales explícitas, incluyendo expresiones racistas y gestos simulando sonidos de simios contra un sobrecargo brasileño.
La justicia brasileña investiga el hecho como injuria racial, delito que puede ser considerado crimen de odio y que contempla penas de hasta cinco años de cárcel sin derecho a fianza. Mientras su defensa insiste en problemas psicológicos, la empresa Landes confirmó su despido inmediato, calificando su conducta como incompatible con los valores corporativos.
Video capturado de T13.
El ejecutivo chileno Germán Naranjo Maldini continúa en prisión preventiva en Brasil tras protagonizar un grave episodio de insultos racistas, xenófobos y homofóbicos contra un tripulante de LATAM durante un vuelo con destino a Frankfurt.
El caso, que generó amplio rechazo en redes sociales y medios internacionales, sumó ahora un nuevo antecedente: una carta pública desde la cárcel donde el exgerente comercial de la pesquera Landes intenta explicar su conducta apelando a un supuesto desequilibrio emocional provocado por la reciente muerte de su hermano.
En la misiva, Naranjo asegura que su “mente estaba en un estado alterado” y afirma no recordar completamente lo ocurrido. Sin embargo, las imágenes viralizadas muestran agresiones verbales explícitas, incluyendo expresiones racistas y gestos simulando sonidos de simios contra un sobrecargo brasileño.
La justicia brasileña investiga el hecho como injuria racial, delito que puede ser considerado crimen de odio y que contempla penas de hasta cinco años de cárcel sin derecho a fianza. Mientras su defensa insiste en problemas psicológicos, la empresa Landes confirmó su despido inmediato, calificando su conducta como incompatible con los valores corporativos.
Video capturado de T13.
Los resultados de la más reciente encuesta Cadem evidencian una preocupación creciente respecto al aumento del racismo y la xenofobia en Chile. De acuerdo con la medición, un 72% de los consultados considera que este fenómeno ha crecido debido a la asociación entre delincuencia y algunos grupos migrantes, mientras que un 66% apunta directamente al aumento de la inmigración como una de las principales causas.
Para el abogado Osvaldo Llinás, @defensamigrantes , especialista en temas migratorios, las cifras reflejan “una tensión social que debe ser abordada con responsabilidad institucional y política”. A su juicio, el principal riesgo es consolidar una narrativa que vincule automáticamente migración con criminalidad.
“Cuando el debate público instala que la migración es sinónimo de inseguridad, se termina afectando a comunidades completas que trabajan, estudian y aportan diariamente al país. La delincuencia debe combatirse con herramientas de seguridad y persecución penal, no promoviendo estigmatizaciones colectivas”, señaló.
La encuesta también revela otros factores que alimentan este clima social. Un 49% atribuye el incremento de la xenofobia a una mayor polarización y agresividad en la sociedad chilena; un 42% sostiene que las personas son hoy menos tolerantes en general; y un 38% responsabiliza al discurso de algunos actores políticos.
Asimismo, un 34% considera que la situación económica y la competencia por empleos o beneficios sociales contribuyen al rechazo hacia la población migrante. En tanto, un 31% identifica las redes sociales como un espacio donde se amplifican discursos de odio y desinformación, mientras que un 28% cree que existe una mayor visibilidad mediática del problema. Finalmente, un 25% estima que actualmente se denuncian situaciones que antes eran normalizadas o invisibilizadas.
Las cifras de Cadem muestran así un escenario complejo para Chile, donde el desafío no solo pasa por enfrentar los problemas de seguridad, sino también por evitar que el miedo y la polarización terminen debilitando la convivencia democrática y el respeto por los derechos humanos.
Los resultados de la más reciente encuesta Cadem evidencian una preocupación creciente respecto al aumento del racismo y la xenofobia en Chile. De acuerdo con la medición, un 72% de los consultados considera que este fenómeno ha crecido debido a la asociación entre delincuencia y algunos grupos migrantes, mientras que un 66% apunta directamente al aumento de la inmigración como una de las principales causas.
Para el abogado Osvaldo Llinás, @defensamigrantes , especialista en temas migratorios, las cifras reflejan “una tensión social que debe ser abordada con responsabilidad institucional y política”. A su juicio, el principal riesgo es consolidar una narrativa que vincule automáticamente migración con criminalidad.
“Cuando el debate público instala que la migración es sinónimo de inseguridad, se termina afectando a comunidades completas que trabajan, estudian y aportan diariamente al país. La delincuencia debe combatirse con herramientas de seguridad y persecución penal, no promoviendo estigmatizaciones colectivas”, señaló.
La encuesta también revela otros factores que alimentan este clima social. Un 49% atribuye el incremento de la xenofobia a una mayor polarización y agresividad en la sociedad chilena; un 42% sostiene que las personas son hoy menos tolerantes en general; y un 38% responsabiliza al discurso de algunos actores políticos.
Asimismo, un 34% considera que la situación económica y la competencia por empleos o beneficios sociales contribuyen al rechazo hacia la población migrante. En tanto, un 31% identifica las redes sociales como un espacio donde se amplifican discursos de odio y desinformación, mientras que un 28% cree que existe una mayor visibilidad mediática del problema. Finalmente, un 25% estima que actualmente se denuncian situaciones que antes eran normalizadas o invisibilizadas.
Las cifras de Cadem muestran así un escenario complejo para Chile, donde el desafío no solo pasa por enfrentar los problemas de seguridad, sino también por evitar que el miedo y la polarización terminen debilitando la convivencia democrática y el respeto por los derechos humanos.