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En medio de una actividad en Temuco, en la región de La Araucanía, el presidente José Antonio Kast fue abordado por un ciudadano extranjero en situación irregular, quien le solicitó ayuda para regularizar su situación migratoria en el país. Frente a esto, el mandatario respondió que “vamos a estudiar los casos”.
El hombre le explicó que tiene una hija chilena y que su situación administrativa estaría a la espera de un trámite final. “Tengo una hija chilena, ¿adónde me voy? Me falta una firma solamente. Fui a Migraciones y me dicen que está la ley 21.035, que señala que las personas que llevan más de cinco años en Chile y que ingresamos por pasos no habilitados podríamos acceder a la regularización”, señaló, según consignó Araucanía Diario.
Ante ello, el Presidente indicó que su gobierno evaluará cada caso, pero reiteró su postura respecto al ingreso irregular al país. “Lo que vamos a hacer es estudiar los casos, pero también hemos señalado que las personas que entraron de forma irregular van a tener que salir y podrán volver a ingresar si postulan conforme a la normativa. Tenemos que identificarlos”, afirmó.
Asimismo, agregó que el nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones se encuentra recién asumiendo sus funciones.
Video de AraucaníaDiarioCL
En medio de una actividad en Temuco, en la región de La Araucanía, el presidente José Antonio Kast fue abordado por un ciudadano extranjero en situación irregular, quien le solicitó ayuda para regularizar su situación migratoria en el país. Frente a esto, el mandatario respondió que “vamos a estudiar los casos”.
El hombre le explicó que tiene una hija chilena y que su situación administrativa estaría a la espera de un trámite final. “Tengo una hija chilena, ¿adónde me voy? Me falta una firma solamente. Fui a Migraciones y me dicen que está la ley 21.035, que señala que las personas que llevan más de cinco años en Chile y que ingresamos por pasos no habilitados podríamos acceder a la regularización”, señaló, según consignó Araucanía Diario.
Ante ello, el Presidente indicó que su gobierno evaluará cada caso, pero reiteró su postura respecto al ingreso irregular al país. “Lo que vamos a hacer es estudiar los casos, pero también hemos señalado que las personas que entraron de forma irregular van a tener que salir y podrán volver a ingresar si postulan conforme a la normativa. Tenemos que identificarlos”, afirmó.
Asimismo, agregó que el nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones se encuentra recién asumiendo sus funciones.
Video de AraucaníaDiarioCL
Desde la oficina de Presidencia se informó que las cuentas personales del primer Mandatario chileno en X e Instagram fueron “comprometidas por terceros” durante la madrugada. En ellas se difundió una imagen intervenida de Donald Trump con un mensaje que luego fue eliminado.
La alerta se activó después de que en las cuentas apareciera una imagen intervenida de Trump, a quien le añadieron el bigote característico de Adolf Hitler.
El montaje iba acompañado de un mensaje en inglés y español que acusaba al presidente estadounidense de haber traicionado promesas a Chile y lo comparaba de forma ofensiva con el dictador nazi. La publicación fue borrada poco después.
Por ahora, el Gobierno no ha informado el origen de la vulneración ni si se presentará una denuncia formal por el acceso no autorizado.
Desde la oficina de Presidencia se informó que las cuentas personales del primer Mandatario chileno en X e Instagram fueron “comprometidas por terceros” durante la madrugada. En ellas se difundió una imagen intervenida de Donald Trump con un mensaje que luego fue eliminado.
La alerta se activó después de que en las cuentas apareciera una imagen intervenida de Trump, a quien le añadieron el bigote característico de Adolf Hitler.
El montaje iba acompañado de un mensaje en inglés y español que acusaba al presidente estadounidense de haber traicionado promesas a Chile y lo comparaba de forma ofensiva con el dictador nazi. La publicación fue borrada poco después.
Por ahora, el Gobierno no ha informado el origen de la vulneración ni si se presentará una denuncia formal por el acceso no autorizado.
La diputada Pamela Jiles, integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, ratificó su anunciada propuesta para facilitar el retiro de fondos previsionales por parte de personas migrantes que se encuentren en proceso de salida del país.
En concreto, Jiles planteó que los ciudadanos extranjeros puedan retirar la totalidad de sus ahorros previsionales si deciden retornar a sus países de origen, con el objetivo de incentivar una salida regular y ordenada. La parlamentaria reconoció que esta posibilidad ya está contemplada en la legislación vigente, pero advirtió que su aplicación es actualmente limitada y presenta deficiencias.
Síguenos en @elinmigrante.cl
La diputada Pamela Jiles, integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, ratificó su anunciada propuesta para facilitar el retiro de fondos previsionales por parte de personas migrantes que se encuentren en proceso de salida del país.
En concreto, Jiles planteó que los ciudadanos extranjeros puedan retirar la totalidad de sus ahorros previsionales si deciden retornar a sus países de origen, con el objetivo de incentivar una salida regular y ordenada. La parlamentaria reconoció que esta posibilidad ya está contemplada en la legislación vigente, pero advirtió que su aplicación es actualmente limitada y presenta deficiencias.
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La Cámara de Diputados despachó al Senado un proyecto de ley que busca restringir el acceso a beneficios sociales para personas migrantes en situación irregular.
La iniciativa forma parte de un conjunto de reformas a la actual Ley de Migración y Extranjería, que han sido impulsadas en medio del creciente debate público sobre seguridad, control fronterizo y uso de recursos estatales. Entre sus principales objetivos, el proyecto apunta a limitar —y en algunos casos eliminar— el acceso de migrantes sin residencia regular a prestaciones sociales financiadas por el Estado.
Los ejes clave son:
1. Para postular a ayudas estatales será obligatorio contar con cédula de identidad vigente en Chile.
2. Exigencia de residencia definitiva para acceder a beneficios más sensibles, como:
* Subsidios habitacionales.
* Aportes económicos directos.
* Subsidios de arriendo.
3. Prioridad para ciudadanos chilenos y migrantes regulares en servicios básicos cómo salud y educación
4. Se establece que no se podrá otorgar número identificatorio a quienes hayan ingresado de forma irregular.
La Cámara de Diputados despachó al Senado un proyecto de ley que busca restringir el acceso a beneficios sociales para personas migrantes en situación irregular.
La iniciativa forma parte de un conjunto de reformas a la actual Ley de Migración y Extranjería, que han sido impulsadas en medio del creciente debate público sobre seguridad, control fronterizo y uso de recursos estatales. Entre sus principales objetivos, el proyecto apunta a limitar —y en algunos casos eliminar— el acceso de migrantes sin residencia regular a prestaciones sociales financiadas por el Estado.
Los ejes clave son:
1. Para postular a ayudas estatales será obligatorio contar con cédula de identidad vigente en Chile.
2. Exigencia de residencia definitiva para acceder a beneficios más sensibles, como:
* Subsidios habitacionales.
* Aportes económicos directos.
* Subsidios de arriendo.
3. Prioridad para ciudadanos chilenos y migrantes regulares en servicios básicos cómo salud y educación
4. Se establece que no se podrá otorgar número identificatorio a quienes hayan ingresado de forma irregular.
Durante el mediodía de este martes, el gobierno dio a conocer la decisión de retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.
A través de un comunicado señalaron que “el Gobierno de Chile informa que ha decidido retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas”.
Lo anterior, argumentando que “hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.
En la misma línea, el texto señala que “junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior, dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura”.
Vía Chilevisión.
Durante el mediodía de este martes, el gobierno dio a conocer la decisión de retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.
A través de un comunicado señalaron que “el Gobierno de Chile informa que ha decidido retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas”.
Lo anterior, argumentando que “hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.
En la misma línea, el texto señala que “junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior, dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura”.
Vía Chilevisión.
Una leve mejora, pero aún insuficiente. Así podría resumirse la percepción de los chilenos frente a la inmigración, según los resultados más recientes de la encuesta Plaza Pública de Cadem correspondientes a marzo de 2026.
De acuerdo con el sondeo, un 62% de los encuestados considera que la llegada de inmigrantes es mala para el país, lo que representa una baja respecto a mediciones anteriores, cuando esta cifra alcanzó hasta un 77% en 2023 y 2024. En paralelo, la percepción positiva se ubica en 24%, mostrando una leve recuperación desde los mínimos de 15% registrados en años recientes.
Pese a esta mejora, el balance sigue siendo ampliamente desfavorable, consolidando una tendencia crítica hacia la inmigración que se arrastra desde el período posterior a la pandemia.
En cuanto a medidas concretas, existe un alto consenso en torno a políticas más restrictivas. Entre ellas destacan:
89% está de acuerdo con fiscalizar y sancionar a empleadores de migrantes en situación irregular.
87% respalda restringir beneficios sociales a inmigrantes irregulares.
86% apoya la expulsión de quienes ingresen de forma ilegal.
Asimismo, un 76% respalda establecer penas de cárcel para la inmigración ilegal, mientras que un 66% considera que los migrantes afectan las oportunidades laborales de los chilenos.
En contraste, las posturas más integradoras generan mayor división. Solo un 56% apoya que migrantes en situación regular tengan los mismos derechos que los chilenos, y apenas un 37% está de acuerdo con facilitar la llegada de extranjeros por razones laborales o de talento.
Los datos reflejan una tensión persistente en la opinión pública: aunque disminuye levemente el rechazo general, se mantiene una fuerte demanda por mayor control y regulación migratoria, en un contexto donde la seguridad y el empleo siguen marcando el debate.
Una leve mejora, pero aún insuficiente. Así podría resumirse la percepción de los chilenos frente a la inmigración, según los resultados más recientes de la encuesta Plaza Pública de Cadem correspondientes a marzo de 2026.
De acuerdo con el sondeo, un 62% de los encuestados considera que la llegada de inmigrantes es mala para el país, lo que representa una baja respecto a mediciones anteriores, cuando esta cifra alcanzó hasta un 77% en 2023 y 2024. En paralelo, la percepción positiva se ubica en 24%, mostrando una leve recuperación desde los mínimos de 15% registrados en años recientes.
Pese a esta mejora, el balance sigue siendo ampliamente desfavorable, consolidando una tendencia crítica hacia la inmigración que se arrastra desde el período posterior a la pandemia.
En cuanto a medidas concretas, existe un alto consenso en torno a políticas más restrictivas. Entre ellas destacan:
89% está de acuerdo con fiscalizar y sancionar a empleadores de migrantes en situación irregular.
87% respalda restringir beneficios sociales a inmigrantes irregulares.
86% apoya la expulsión de quienes ingresen de forma ilegal.
Asimismo, un 76% respalda establecer penas de cárcel para la inmigración ilegal, mientras que un 66% considera que los migrantes afectan las oportunidades laborales de los chilenos.
En contraste, las posturas más integradoras generan mayor división. Solo un 56% apoya que migrantes en situación regular tengan los mismos derechos que los chilenos, y apenas un 37% está de acuerdo con facilitar la llegada de extranjeros por razones laborales o de talento.
Los datos reflejan una tensión persistente en la opinión pública: aunque disminuye levemente el rechazo general, se mantiene una fuerte demanda por mayor control y regulación migratoria, en un contexto donde la seguridad y el empleo siguen marcando el debate.
El gobierno presentó un paquete de siete medidas para enfrentar el fuerte aumento en los precios de los combustibles, provocado por la guerra en Medio Oriente y considerado uno de los mayores shocks petroleros que ha afectado a la economía mundial en décadas.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que las gasolinas subirán alrededor de $370 por litro, mientras que el diésel lo hará en $580 por litro, marcando uno de los ajustes más significativos registrados en Chile. Estos aumentos comenzarán a reflejarse a partir del jueves 26 de marzo, cuando los precios internos incorporen la evolución reciente del mercado internacional.
En entrevista con Mega, Quiroz aseguró que “a una guerra histórica hay que responder con medidas históricas”, y en CNN Chile agregó que “probablemente es uno de los shocks más grandes al mercado global del petróleo que hemos visto en la historia”.
El ministro explicó que el precio internacional del diésel ha subido 60% en tres semanas, mientras que la gasolina lo ha hecho en 30%, debido a la interrupción de parte del comercio mundial de crudo. Según Quiroz, mantener los precios locales artificialmente bajos tendría un alto costo fiscal, estimado en US$140 millones por semana.
Para mitigar el impacto en los hogares, el gobierno presentará este martes en el Congreso un paquete de medidas con discusión inmediata, que incluye:
Congelamiento de tarifas del transporte público en Santiago.
Subsidios para taxis y colectivos.
Apoyo al precio de la parafina.
Otras ayudas focalizadas para amortiguar el impacto del aumento de los combustibles.
Con estas acciones, el Ejecutivo busca equilibrar la necesidad de trasladar los incrementos internacionales al mercado interno, sin afectar de manera desproporcionada a los hogares y al transporte público.
El gobierno presentó un paquete de siete medidas para enfrentar el fuerte aumento en los precios de los combustibles, provocado por la guerra en Medio Oriente y considerado uno de los mayores shocks petroleros que ha afectado a la economía mundial en décadas.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que las gasolinas subirán alrededor de $370 por litro, mientras que el diésel lo hará en $580 por litro, marcando uno de los ajustes más significativos registrados en Chile. Estos aumentos comenzarán a reflejarse a partir del jueves 26 de marzo, cuando los precios internos incorporen la evolución reciente del mercado internacional.
En entrevista con Mega, Quiroz aseguró que “a una guerra histórica hay que responder con medidas históricas”, y en CNN Chile agregó que “probablemente es uno de los shocks más grandes al mercado global del petróleo que hemos visto en la historia”.
El ministro explicó que el precio internacional del diésel ha subido 60% en tres semanas, mientras que la gasolina lo ha hecho en 30%, debido a la interrupción de parte del comercio mundial de crudo. Según Quiroz, mantener los precios locales artificialmente bajos tendría un alto costo fiscal, estimado en US$140 millones por semana.
Para mitigar el impacto en los hogares, el gobierno presentará este martes en el Congreso un paquete de medidas con discusión inmediata, que incluye:
Congelamiento de tarifas del transporte público en Santiago.
Subsidios para taxis y colectivos.
Apoyo al precio de la parafina.
Otras ayudas focalizadas para amortiguar el impacto del aumento de los combustibles.
Con estas acciones, el Ejecutivo busca equilibrar la necesidad de trasladar los incrementos internacionales al mercado interno, sin afectar de manera desproporcionada a los hogares y al transporte público.
Durante esta jornada se espera que el Gobierno anuncie modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), una medida que podría tener efectos directos en el valor de las bencinas y el diésel en el país. La decisión se enmarca en un contexto de fuerte alza del precio internacional del petróleo y una creciente presión fiscal, lo que ha llevado al Ejecutivo a revisar el actual sistema de subsidios.
Según ha trascendido, los cambios se concretarían vía decreto y apuntarían a reducir la capacidad del Mepco para contener las variaciones de precios, permitiendo un traspaso más rápido de los costos internacionales a los consumidores. Actualmente, este mecanismo suaviza las alzas semanales, pero su alto costo estimado en cientos de millones de dónde ha encendido las alertas en Hacienda.
Expertos advierten que una modificación significativa o eventual eliminación del sistema podría traducirse en aumentos importantes en los combustibles en el corto plazo, con impactos en la inflación y en el costo del transporte y bienes básicos. En paralelo, el Gobierno evalúa medidas compensatorias para mitigar el efecto en los sectores más vulnerables, en medio de un escenario económico marcado por la incertidumbre internacional.
Durante esta jornada se espera que el Gobierno anuncie modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), una medida que podría tener efectos directos en el valor de las bencinas y el diésel en el país. La decisión se enmarca en un contexto de fuerte alza del precio internacional del petróleo y una creciente presión fiscal, lo que ha llevado al Ejecutivo a revisar el actual sistema de subsidios.
Según ha trascendido, los cambios se concretarían vía decreto y apuntarían a reducir la capacidad del Mepco para contener las variaciones de precios, permitiendo un traspaso más rápido de los costos internacionales a los consumidores. Actualmente, este mecanismo suaviza las alzas semanales, pero su alto costo estimado en cientos de millones de dónde ha encendido las alertas en Hacienda.
Expertos advierten que una modificación significativa o eventual eliminación del sistema podría traducirse en aumentos importantes en los combustibles en el corto plazo, con impactos en la inflación y en el costo del transporte y bienes básicos. En paralelo, el Gobierno evalúa medidas compensatorias para mitigar el efecto en los sectores más vulnerables, en medio de un escenario económico marcado por la incertidumbre internacional.