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El Gobierno modificó la polémica indicación a la Ley de Migraciones que permitía solicitar información de extranjeros en situación irregular a establecimientos de salud y educación. Tras un acuerdo con la Comisión de Gobierno del Senado, la nueva propuesta excluye expresamente a hospitales, colegios y menores de edad, pero amplía las facultades para requerir información a otros organismos públicos y privados con el fin de concretar procedimientos de expulsión.
El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, explicó que la medida busca mejorar la capacidad del Estado para ubicar y notificar a extranjeros sujetos a órdenes de expulsión, permitiendo acceder a datos de contacto en entidades distintas a las áreas de salud y educación.
El experto en migraciones Adrián Hernández @ambientejuridicove valoró positivamente el acuerdo alcanzado, señalando que permite fortalecer las herramientas del Estado para ordenar la gestión migratoria sin afectar derechos fundamentales. A su juicio, el foco debe estar en mejorar los mecanismos de identificación, notificación y control migratorio, evitando que escuelas o centros de salud se transformen en espacios de fiscalización que puedan generar temor entre las familias migrantes.
La modificación surge tras cuestionamientos de la Defensoría de la Niñez, el Colegio Médico y diversos sectores políticos, quienes advirtieron que la propuesta original podía desincentivar el acceso a servicios esenciales.
¿Consideras positivo este acuerdo?
El Gobierno modificó la polémica indicación a la Ley de Migraciones que permitía solicitar información de extranjeros en situación irregular a establecimientos de salud y educación. Tras un acuerdo con la Comisión de Gobierno del Senado, la nueva propuesta excluye expresamente a hospitales, colegios y menores de edad, pero amplía las facultades para requerir información a otros organismos públicos y privados con el fin de concretar procedimientos de expulsión.
El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, explicó que la medida busca mejorar la capacidad del Estado para ubicar y notificar a extranjeros sujetos a órdenes de expulsión, permitiendo acceder a datos de contacto en entidades distintas a las áreas de salud y educación.
El experto en migraciones Adrián Hernández @ambientejuridicove valoró positivamente el acuerdo alcanzado, señalando que permite fortalecer las herramientas del Estado para ordenar la gestión migratoria sin afectar derechos fundamentales. A su juicio, el foco debe estar en mejorar los mecanismos de identificación, notificación y control migratorio, evitando que escuelas o centros de salud se transformen en espacios de fiscalización que puedan generar temor entre las familias migrantes.
La modificación surge tras cuestionamientos de la Defensoría de la Niñez, el Colegio Médico y diversos sectores políticos, quienes advirtieron que la propuesta original podía desincentivar el acceso a servicios esenciales.
¿Consideras positivo este acuerdo?
Los antecedentes revelados sobre una red dedicada a la extorsión, el robo y el lavado de dinero que habría operado durante años en Chile deben abrir una profunda reflexión nacional. No solo por la magnitud de los delitos investigados, sino porque muestran cómo el crimen organizado transnacional busca infiltrarse en espacios institucionales para fortalecer sus operaciones y garantizar su impunidad.
Mientras estas estructuras ampliaban su influencia, gran parte del debate político concentró su atención en la migración forzada, instalando una narrativa que terminó confundiendo dos fenómenos distintos: migración y criminalidad organizada.
Miles de migrantes llegaron a Chile escapando de crisis profundas, buscando protección y oportunidades. Reducir esa realidad a una amenaza para la seguridad pública no solo fue injusto, sino que también desvió la atención de los verdaderos desafíos que enfrentaba el Estado.
La evidencia demuestra que, mientras el país discutía sobre el migrante, las organizaciones criminales perfeccionaban mecanismos de lavado de activos, corrupción e infiltración institucional. El problema nunca fue la nacionalidad, sino la capacidad de estas redes para penetrar sectores estratégicos y aprovechar las debilidades del sistema.
Chile necesita una estrategia firme contra el crimen organizado, fortaleciendo la persecución penal, la inteligencia financiera y los controles institucionales. La seguridad se construye persiguiendo delincuentes, no bajo la sospecha fundamentada en prejuicios en contra de comunidades enteras.
Editorial.
Los antecedentes revelados sobre una red dedicada a la extorsión, el robo y el lavado de dinero que habría operado durante años en Chile deben abrir una profunda reflexión nacional. No solo por la magnitud de los delitos investigados, sino porque muestran cómo el crimen organizado transnacional busca infiltrarse en espacios institucionales para fortalecer sus operaciones y garantizar su impunidad.
Mientras estas estructuras ampliaban su influencia, gran parte del debate político concentró su atención en la migración forzada, instalando una narrativa que terminó confundiendo dos fenómenos distintos: migración y criminalidad organizada.
Miles de migrantes llegaron a Chile escapando de crisis profundas, buscando protección y oportunidades. Reducir esa realidad a una amenaza para la seguridad pública no solo fue injusto, sino que también desvió la atención de los verdaderos desafíos que enfrentaba el Estado.
La evidencia demuestra que, mientras el país discutía sobre el migrante, las organizaciones criminales perfeccionaban mecanismos de lavado de activos, corrupción e infiltración institucional. El problema nunca fue la nacionalidad, sino la capacidad de estas redes para penetrar sectores estratégicos y aprovechar las debilidades del sistema.
Chile necesita una estrategia firme contra el crimen organizado, fortaleciendo la persecución penal, la inteligencia financiera y los controles institucionales. La seguridad se construye persiguiendo delincuentes, no bajo la sospecha fundamentada en prejuicios en contra de comunidades enteras.
Editorial.
Una familia francesa residente en Chile consiguió un fallo favorable de la Corte de Apelaciones de Santiago luego de denunciar la extensa demora en la tramitación de sus solicitudes de nacionalización chilena. Se trata del empresario Frédéric Le Baux, su esposa Bénédicte Gizard y su hijo Louis, quienes recurrieron a la justicia tras permanecer cerca de 500 días sin respuesta por parte de las autoridades.
Para el abogado especialista en derecho migratorio, Osvaldo Llinás @defensamigrantes , este caso refleja un problema recurrente en la gestión de los procedimientos de nacionalización. “Resulta preocupante que personas que cumplen con todos los requisitos legales deban acudir a los tribunales para obtener una respuesta de la administración. No se está discutiendo el otorgamiento de la nacionalidad, sino el derecho básico a que una solicitud sea resuelta dentro de un plazo razonable”, afirmó.
El jurista cuestionó además los tiempos de espera registrados en estos procedimientos, señalando que una demora cercana a los 500 días excede ampliamente los plazos de referencia establecidos por la normativa administrativa. “La inactividad prolongada de la autoridad genera incertidumbre jurídica y afecta derechos fundamentales de los solicitantes, quienes tienen legítimas expectativas de obtener una decisión oportuna”, agregó.
Según informó Las Últimas Noticias, las solicitudes fueron presentadas entre septiembre y octubre de 2024. Los solicitantes argumentaron cumplir con todos los requisitos exigidos por la legislación, incluyendo más de cinco años de residencia en Chile, medios de vida propios y ausencia de antecedentes penales.
La Corte acogió parcialmente el recurso de protección y ordenó al Servicio Nacional de Migraciones avanzar en la tramitación de los expedientes dentro de un plazo de 60 días hábiles una vez que la sentencia quede firme. El tribunal no instruyó otorgar la nacionalidad, pero sí cuestionó la demora excesiva, señalando que vulnera principios de celeridad administrativa y el derecho de los solicitantes a obtener una respuesta dentro de un plazo razonable. El organismo deberá ahora resolver las solicitudes pendientes.
Una familia francesa residente en Chile consiguió un fallo favorable de la Corte de Apelaciones de Santiago luego de denunciar la extensa demora en la tramitación de sus solicitudes de nacionalización chilena. Se trata del empresario Frédéric Le Baux, su esposa Bénédicte Gizard y su hijo Louis, quienes recurrieron a la justicia tras permanecer cerca de 500 días sin respuesta por parte de las autoridades.
Para el abogado especialista en derecho migratorio, Osvaldo Llinás @defensamigrantes , este caso refleja un problema recurrente en la gestión de los procedimientos de nacionalización. “Resulta preocupante que personas que cumplen con todos los requisitos legales deban acudir a los tribunales para obtener una respuesta de la administración. No se está discutiendo el otorgamiento de la nacionalidad, sino el derecho básico a que una solicitud sea resuelta dentro de un plazo razonable”, afirmó.
El jurista cuestionó además los tiempos de espera registrados en estos procedimientos, señalando que una demora cercana a los 500 días excede ampliamente los plazos de referencia establecidos por la normativa administrativa. “La inactividad prolongada de la autoridad genera incertidumbre jurídica y afecta derechos fundamentales de los solicitantes, quienes tienen legítimas expectativas de obtener una decisión oportuna”, agregó.
Según informó Las Últimas Noticias, las solicitudes fueron presentadas entre septiembre y octubre de 2024. Los solicitantes argumentaron cumplir con todos los requisitos exigidos por la legislación, incluyendo más de cinco años de residencia en Chile, medios de vida propios y ausencia de antecedentes penales.
La Corte acogió parcialmente el recurso de protección y ordenó al Servicio Nacional de Migraciones avanzar en la tramitación de los expedientes dentro de un plazo de 60 días hábiles una vez que la sentencia quede firme. El tribunal no instruyó otorgar la nacionalidad, pero sí cuestionó la demora excesiva, señalando que vulnera principios de celeridad administrativa y el derecho de los solicitantes a obtener una respuesta dentro de un plazo razonable. El organismo deberá ahora resolver las solicitudes pendientes.
Un potente terremoto de magnitud 8,1 registrado el 8 de junio frente a la costa de la isla de Mindanao, en Filipinas, provocó momentos de angustia entre cientos de estudiantes que participaban en el inicio del año escolar 2026-2027. El sismo afectó especialmente a las provincias del sur del país, donde las autoridades activaron protocolos de emergencia.
Uno de los episodios más impactantes ocurrió en la escuela primaria Mahayhay, en Davao Occidental. Un video difundido en redes sociales muestra a centenares de alumnos reunidos en un campo abierto mientras los fuertes movimientos telúricos sacudían la zona. En las imágenes se observa a profesores protegiendo y consolando a niños aterrorizados mientras estructuras cercanas sufrían daños.
La tensión aumentó cuando un toldo de madera colapsó, generando escenas de pánico. Sin embargo, los docentes lograron mantener el orden y continuar con las medidas de seguridad.
La dirección del establecimiento informó posteriormente que no se registraron heridos y destacó la rápida aplicación de los protocolos de evacuación. En tanto, el Departamento de Educación de Filipinas suspendió las clases en las zonas afectadas por el terremoto mientras se realizan evaluaciones de seguridad.
Un potente terremoto de magnitud 8,1 registrado el 8 de junio frente a la costa de la isla de Mindanao, en Filipinas, provocó momentos de angustia entre cientos de estudiantes que participaban en el inicio del año escolar 2026-2027. El sismo afectó especialmente a las provincias del sur del país, donde las autoridades activaron protocolos de emergencia.
Uno de los episodios más impactantes ocurrió en la escuela primaria Mahayhay, en Davao Occidental. Un video difundido en redes sociales muestra a centenares de alumnos reunidos en un campo abierto mientras los fuertes movimientos telúricos sacudían la zona. En las imágenes se observa a profesores protegiendo y consolando a niños aterrorizados mientras estructuras cercanas sufrían daños.
La tensión aumentó cuando un toldo de madera colapsó, generando escenas de pánico. Sin embargo, los docentes lograron mantener el orden y continuar con las medidas de seguridad.
La dirección del establecimiento informó posteriormente que no se registraron heridos y destacó la rápida aplicación de los protocolos de evacuación. En tanto, el Departamento de Educación de Filipinas suspendió las clases en las zonas afectadas por el terremoto mientras se realizan evaluaciones de seguridad.
Durante su más reciente visita a la Región de Arica y Parinacota, el Presidente José Antonio Kast anunció el envío de un proyecto de ley que busca endurecer la persecución contra las redes vinculadas al tráfico de migrantes, poniendo el foco en quienes trasladan personas en situación migratoria irregular dentro del territorio nacional.
La iniciativa contempla una modificación al Código Penal para tipificar como delito el transporte informal de migrantes irregulares desde las zonas fronterizas hacia distintas ciudades del país. Según explicó el Mandatario, actualmente existen organizaciones y particulares que facilitan estos desplazamientos una vez que las personas han ingresado por pasos no habilitados, permitiendo que continúen su recorrido hacia otros destinos al interior del territorio nacional.
El proyecto busca establecer penas de cárcel efectivas para quienes participen en estas actividades y considerar esta conducta como una circunstancia agravante. De esta forma, el Gobierno pretende atacar uno de los eslabones clave de las redes de tráfico de personas, desincentivando el negocio que se genera en torno al ingreso clandestino y al traslado de migrantes por distintas rutas del país.
La propuesta forma parte de la estrategia de fortalecimiento del control fronterizo impulsada por el Ejecutivo y apunta a entregar nuevas herramientas legales para perseguir a quienes obtienen beneficios económicos facilitando la movilidad irregular de extranjeros dentro de Chile.
Durante su más reciente visita a la Región de Arica y Parinacota, el Presidente José Antonio Kast anunció el envío de un proyecto de ley que busca endurecer la persecución contra las redes vinculadas al tráfico de migrantes, poniendo el foco en quienes trasladan personas en situación migratoria irregular dentro del territorio nacional.
La iniciativa contempla una modificación al Código Penal para tipificar como delito el transporte informal de migrantes irregulares desde las zonas fronterizas hacia distintas ciudades del país. Según explicó el Mandatario, actualmente existen organizaciones y particulares que facilitan estos desplazamientos una vez que las personas han ingresado por pasos no habilitados, permitiendo que continúen su recorrido hacia otros destinos al interior del territorio nacional.
El proyecto busca establecer penas de cárcel efectivas para quienes participen en estas actividades y considerar esta conducta como una circunstancia agravante. De esta forma, el Gobierno pretende atacar uno de los eslabones clave de las redes de tráfico de personas, desincentivando el negocio que se genera en torno al ingreso clandestino y al traslado de migrantes por distintas rutas del país.
La propuesta forma parte de la estrategia de fortalecimiento del control fronterizo impulsada por el Ejecutivo y apunta a entregar nuevas herramientas legales para perseguir a quienes obtienen beneficios económicos facilitando la movilidad irregular de extranjeros dentro de Chile.
El experto en migraciones Adrián Hernández @ambientejuridicove sostuvo que el principal desafío del Gobierno para que el programa de Salida Voluntaria tenga éxito será generar confianza entre las personas migrantes que podrían acogerse a esta iniciativa. A su juicio, las señales contradictorias emitidas por distintos voceros han contribuido a la incertidumbre.
“Un día se llama a los empleadores a poner término a los contratos de trabajadores en situación irregular y al siguiente se anuncia que quienes tengan contrato podrán optar a una visa especial de retorno por arraigo laboral. Ese tipo de mensajes genera dudas sobre el proceso”, señaló.
Hernández afirmó que también es indispensable definir plazos para resolver las solicitudes. “Es difícil pedirle a una persona que deje Chile y espere durante meses una respuesta desde otro país, especialmente cuando tiene hijos o vínculos familiares establecidos aquí”, indicó.
El especialista agregó que es importante considerar la situación de los adultos mayores o personas con problemas graves de salud. “Primero debe existir claridad sobre todo el procedimiento y luego evaluar si el público objetivo considera creíble la propuesta. El antecedente del empadronamiento, que no generó beneficios concretos para los migrantes, sigue presente y alimenta el temor de una salida sin posibilidad de retorno”, concluyó.
El experto en migraciones Adrián Hernández @ambientejuridicove sostuvo que el principal desafío del Gobierno para que el programa de Salida Voluntaria tenga éxito será generar confianza entre las personas migrantes que podrían acogerse a esta iniciativa. A su juicio, las señales contradictorias emitidas por distintos voceros han contribuido a la incertidumbre.
“Un día se llama a los empleadores a poner término a los contratos de trabajadores en situación irregular y al siguiente se anuncia que quienes tengan contrato podrán optar a una visa especial de retorno por arraigo laboral. Ese tipo de mensajes genera dudas sobre el proceso”, señaló.
Hernández afirmó que también es indispensable definir plazos para resolver las solicitudes. “Es difícil pedirle a una persona que deje Chile y espere durante meses una respuesta desde otro país, especialmente cuando tiene hijos o vínculos familiares establecidos aquí”, indicó.
El especialista agregó que es importante considerar la situación de los adultos mayores o personas con problemas graves de salud. “Primero debe existir claridad sobre todo el procedimiento y luego evaluar si el público objetivo considera creíble la propuesta. El antecedente del empadronamiento, que no generó beneficios concretos para los migrantes, sigue presente y alimenta el temor de una salida sin posibilidad de retorno”, concluyó.
En el marco de las medidas impulsadas por el Gobierno de Chile para fortalecer la gestión migratoria y enfrentar la migración irregular, el director del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), Frank Sauhembar, entregó antecedentes respecto el uso de mecanismos excepcionales de regularización y advirtió sobre información errónea que personas inescrupulosas hacen circular en redes sociales.
Durante una reciente intervención, la autoridad informó que durante el año 2025 se registraron aproximadamente 4.800 solicitudes de regularización presentadas mediante la denominada “carta del subsecretario”, mecanismo que algunos migrantes han intentado utilizar para regularizar su permanencia en el país. Sin embargo, precisó que únicamente dos de esas solicitudes fueron aprobadas por la autoridad competente.
En esa línea, cuestionó las promesas que algunos abogados o asesores migratorios estarían realizando a personas extranjeras en situación irregular, asegurándoles que mediante este procedimiento podrán regularizar su situación migratoria.
“Eso es falso”, sostuvo el director del Servicio Nacional de Migraciones, quien llamó a las personas migrantes a informarse a través de canales oficiales y evitar recurrir a intermediarios que ofrezcan soluciones que no se ajustan a la normativa vigente.
En el marco de las medidas impulsadas por el Gobierno de Chile para fortalecer la gestión migratoria y enfrentar la migración irregular, el director del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), Frank Sauhembar, entregó antecedentes respecto el uso de mecanismos excepcionales de regularización y advirtió sobre información errónea que personas inescrupulosas hacen circular en redes sociales.
Durante una reciente intervención, la autoridad informó que durante el año 2025 se registraron aproximadamente 4.800 solicitudes de regularización presentadas mediante la denominada “carta del subsecretario”, mecanismo que algunos migrantes han intentado utilizar para regularizar su permanencia en el país. Sin embargo, precisó que únicamente dos de esas solicitudes fueron aprobadas por la autoridad competente.
En esa línea, cuestionó las promesas que algunos abogados o asesores migratorios estarían realizando a personas extranjeras en situación irregular, asegurándoles que mediante este procedimiento podrán regularizar su situación migratoria.
“Eso es falso”, sostuvo el director del Servicio Nacional de Migraciones, quien llamó a las personas migrantes a informarse a través de canales oficiales y evitar recurrir a intermediarios que ofrezcan soluciones que no se ajustan a la normativa vigente.
Desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, en la Región de Arica y Parinacota, el Presidente José Antonio Kast anunció el envío de dos proyectos de ley destinados a reforzar el control migratorio y combatir la inmigración irregular.
La principal medida busca ampliar de cinco a 60 días el plazo de retención de personas extranjeras que ya cuenten con una orden de expulsión. Según explicó el Mandatario, el período actual resulta insuficiente para concretar los procedimientos administrativos y logísticos necesarios para ejecutar la salida del país, lo que en muchos casos obliga a dejar en libertad a las personas y reiniciar el proceso.
El presidente Kast sostuvo que la iniciativa permitirá dar mayor eficacia a las expulsiones decretadas por la autoridad. Además, anunció un segundo proyecto orientado a sancionar penalmente a quienes faciliten o trasladen migrantes en situación irregular dentro del territorio nacional.
El abogado experto en migración Osvaldo Llinás @osvaldollinas señaló que ampliar los plazos puede responder a necesidades operativas del sistema, pero advirtió que la medida debe implementarse con resguardos adecuados. “El desafío es compatibilizar el control migratorio con la protección de los derechos fundamentales. Toda retención debe ser excepcional, proporcional y contar con supervisión judicial”, indicó.
Desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, en la Región de Arica y Parinacota, el Presidente José Antonio Kast anunció el envío de dos proyectos de ley destinados a reforzar el control migratorio y combatir la inmigración irregular.
La principal medida busca ampliar de cinco a 60 días el plazo de retención de personas extranjeras que ya cuenten con una orden de expulsión. Según explicó el Mandatario, el período actual resulta insuficiente para concretar los procedimientos administrativos y logísticos necesarios para ejecutar la salida del país, lo que en muchos casos obliga a dejar en libertad a las personas y reiniciar el proceso.
El presidente Kast sostuvo que la iniciativa permitirá dar mayor eficacia a las expulsiones decretadas por la autoridad. Además, anunció un segundo proyecto orientado a sancionar penalmente a quienes faciliten o trasladen migrantes en situación irregular dentro del territorio nacional.
El abogado experto en migración Osvaldo Llinás @osvaldollinas señaló que ampliar los plazos puede responder a necesidades operativas del sistema, pero advirtió que la medida debe implementarse con resguardos adecuados. “El desafío es compatibilizar el control migratorio con la protección de los derechos fundamentales. Toda retención debe ser excepcional, proporcional y contar con supervisión judicial”, indicó.