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Este 10 de septiembre, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Chile vuelve a enfrentar una realidad que permanece como uno de los desafíos relevantes de salud pública. Durante 2025 se registraron 1.927 muertes por suicidio en el país, de acuerdo con cifras informadas por el Ministerio de Salud. Aunque el indicador mantiene una tendencia a la baja desde 2023, la magnitud del fenómeno continúa siendo preocupante.
Los datos muestran que no se trata de un fenómeno aislado ni exclusivamente asociado a una determinada edad o condición social. Entre 2000 y 2021 se registraron 39.521 muertes por esta causa y los hombres concentraron el 82,4% de los casos, evidenciando una brecha de género persistente. En 2024, la tasa alcanzó aproximadamente 10,5 muertes por cada 100.000 habitantes, con cerca de 1.980 fallecimientos.
La evolución de las cifras también revela que los avances no permiten bajar la guardia. Tras alcanzar niveles más elevados durante la década de 2000, Chile logró reducir las tasas y posteriormente estabilizarlas en torno a 10 muertes por cada 100.000 habitantes. El desafío actual pasa por fortalecer la prevención, detectar tempranamente las señales de riesgo y garantizar que quienes atraviesan una crisis puedan acceder oportunamente a atención profesional.
En este contexto, el Ministerio de Salud ha reforzado la estrategia de prevención y mantiene disponible la línea *4141, que entrega orientación profesional, gratuita y confidencial las 24 horas del día desde teléfonos móviles. La conmemoración busca recordar que el suicidio es prevenible y que hablar responsablemente sobre salud mental, escuchar y acompañar pueden ser acciones decisivas frente a una situación de riesgo.
Este 10 de septiembre, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Chile vuelve a enfrentar una realidad que permanece como uno de los desafíos relevantes de salud pública. Durante 2025 se registraron 1.927 muertes por suicidio en el país, de acuerdo con cifras informadas por el Ministerio de Salud. Aunque el indicador mantiene una tendencia a la baja desde 2023, la magnitud del fenómeno continúa siendo preocupante.
Los datos muestran que no se trata de un fenómeno aislado ni exclusivamente asociado a una determinada edad o condición social. Entre 2000 y 2021 se registraron 39.521 muertes por esta causa y los hombres concentraron el 82,4% de los casos, evidenciando una brecha de género persistente. En 2024, la tasa alcanzó aproximadamente 10,5 muertes por cada 100.000 habitantes, con cerca de 1.980 fallecimientos.
La evolución de las cifras también revela que los avances no permiten bajar la guardia. Tras alcanzar niveles más elevados durante la década de 2000, Chile logró reducir las tasas y posteriormente estabilizarlas en torno a 10 muertes por cada 100.000 habitantes. El desafío actual pasa por fortalecer la prevención, detectar tempranamente las señales de riesgo y garantizar que quienes atraviesan una crisis puedan acceder oportunamente a atención profesional.
En este contexto, el Ministerio de Salud ha reforzado la estrategia de prevención y mantiene disponible la línea *4141, que entrega orientación profesional, gratuita y confidencial las 24 horas del día desde teléfonos móviles. La conmemoración busca recordar que el suicidio es prevenible y que hablar responsablemente sobre salud mental, escuchar y acompañar pueden ser acciones decisivas frente a una situación de riesgo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió las elecciones legislativas de noviembre en una apuesta económica al prometer un pago de US$5.000 a cada ciudadano adulto si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado.
Trump presentó la medida como un “dividendo” para los estadounidenses y aseguró que los recursos provendrían del éxito económico y de los ingresos obtenidos mediante los aranceles impulsados por su administración. Sin embargo, no entregó detalles sobre cómo se financiaría ni sobre el mecanismo legal para ejecutar las transferencias.
La magnitud de la propuesta abre interrogantes. Cálculos difundidos tras el anuncio sitúan su costo potencial en torno a US$1,2-1,35 billones, una cifra que supera ampliamente la recaudación anual que generarían los aranceles. Economistas han advertido que cubrir la diferencia mediante endeudamiento podría agravar el déficit fiscal y generar nuevas presiones inflacionarias.
Más allá de su viabilidad económica, el anuncio tiene una evidente dimensión electoral: Trump vinculó directamente el beneficio a una victoria republicana en los comicios del 3 de noviembre. La promesa transforma así una política pública de enorme impacto fiscal en un poderoso incentivo electoral, mientras la Casa Blanca aún no explica de dónde saldrían los recursos para convertir los US$5.000 anunciados en una realidad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió las elecciones legislativas de noviembre en una apuesta económica al prometer un pago de US$5.000 a cada ciudadano adulto si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado.
Trump presentó la medida como un “dividendo” para los estadounidenses y aseguró que los recursos provendrían del éxito económico y de los ingresos obtenidos mediante los aranceles impulsados por su administración. Sin embargo, no entregó detalles sobre cómo se financiaría ni sobre el mecanismo legal para ejecutar las transferencias.
La magnitud de la propuesta abre interrogantes. Cálculos difundidos tras el anuncio sitúan su costo potencial en torno a US$1,2-1,35 billones, una cifra que supera ampliamente la recaudación anual que generarían los aranceles. Economistas han advertido que cubrir la diferencia mediante endeudamiento podría agravar el déficit fiscal y generar nuevas presiones inflacionarias.
Más allá de su viabilidad económica, el anuncio tiene una evidente dimensión electoral: Trump vinculó directamente el beneficio a una victoria republicana en los comicios del 3 de noviembre. La promesa transforma así una política pública de enorme impacto fiscal en un poderoso incentivo electoral, mientras la Casa Blanca aún no explica de dónde saldrían los recursos para convertir los US$5.000 anunciados en una realidad.
El Gobierno de Perú evalúa coordinar con Venezuela un mecanismo para aumentar las expulsiones de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular, incluyendo el eventual traslado de grupos numerosos por vía marítima, según informó el ministro del Interior, César Astudillo, ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso.
Astudillo señaló que 1.635 extranjeros han sido expulsados hasta ahora y sostuvo que esta cifra podría incrementarse “muchísimo” si avanzan las conversaciones con Caracas. “Los vamos a mandar por barco y una buena cantidad”, afirmó. Sin embargo, el ministro no detalló cuándo comenzarían los traslados, desde qué puerto se realizarían, su capacidad ni los términos del eventual acuerdo con Venezuela.
Durante su exposición, Astudillo también aclaró que encontrarse en situación migratoria irregular no constituye por sí mismo un delito. Explicó que el escenario cambia cuando una persona expulsada vuelve a ingresar al país, razón por la cual las autoridades incorporan información biométrica para identificar eventuales reingresos mediante documentación distinta.
El anuncio se produce mientras Perú intensifica la fiscalización migratoria. Migraciones informó que durante 2026 se han realizado más de 2.500 operativos de control. Las expulsiones, en todo caso, deben aplicarse individualmente conforme a las causales y procedimientos establecidos en la legislación peruana.
El Gobierno de Perú evalúa coordinar con Venezuela un mecanismo para aumentar las expulsiones de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular, incluyendo el eventual traslado de grupos numerosos por vía marítima, según informó el ministro del Interior, César Astudillo, ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso.
Astudillo señaló que 1.635 extranjeros han sido expulsados hasta ahora y sostuvo que esta cifra podría incrementarse “muchísimo” si avanzan las conversaciones con Caracas. “Los vamos a mandar por barco y una buena cantidad”, afirmó. Sin embargo, el ministro no detalló cuándo comenzarían los traslados, desde qué puerto se realizarían, su capacidad ni los términos del eventual acuerdo con Venezuela.
Durante su exposición, Astudillo también aclaró que encontrarse en situación migratoria irregular no constituye por sí mismo un delito. Explicó que el escenario cambia cuando una persona expulsada vuelve a ingresar al país, razón por la cual las autoridades incorporan información biométrica para identificar eventuales reingresos mediante documentación distinta.
El anuncio se produce mientras Perú intensifica la fiscalización migratoria. Migraciones informó que durante 2026 se han realizado más de 2.500 operativos de control. Las expulsiones, en todo caso, deben aplicarse individualmente conforme a las causales y procedimientos establecidos en la legislación peruana.
Una eventual recuperación democrática y económica de Venezuela desde 2027 podría impulsar el retorno de una parte importante de su diáspora y generar efectos relevantes en Sudamérica. Para Chile, el fenómeno tendría una particularidad: buena parte de la población venezolana residente se encuentra en edad laboral y se ha incorporado a sectores como construcción, gastronomía, comercio, logística y servicios.
Un retorno masivo y acelerado podría reducir la presión sobre vivienda, servicios públicos y gestión migratoria, pero también disminuir la oferta de trabajadores y consumidores. En determinados rubros, esto podría traducirse en dificultades para cubrir puestos de trabajo, mayores costos laborales y una menor capacidad productiva, con eventuales efectos sobre el crecimiento del PIB.
El desafío adquiere mayor dimensión frente a la crisis demográfica chilena. Con una fecundidad cercana a un hijo por mujer y un rápido envejecimiento de la población, la salida de personas jóvenes y familias venezolanas podría profundizar la reducción de la población en edad de trabajar y, eventualmente, agudizar el problema de la natalidad.
Así, el retorno venezolano podría convertirse en una paradoja para Chile: aliviaría algunas presiones migratorias, pero también podría restar dinamismo a una economía que enfrenta el envejecimiento y una creciente escasez de mano de obra.
Una eventual recuperación democrática y económica de Venezuela desde 2027 podría impulsar el retorno de una parte importante de su diáspora y generar efectos relevantes en Sudamérica. Para Chile, el fenómeno tendría una particularidad: buena parte de la población venezolana residente se encuentra en edad laboral y se ha incorporado a sectores como construcción, gastronomía, comercio, logística y servicios.
Un retorno masivo y acelerado podría reducir la presión sobre vivienda, servicios públicos y gestión migratoria, pero también disminuir la oferta de trabajadores y consumidores. En determinados rubros, esto podría traducirse en dificultades para cubrir puestos de trabajo, mayores costos laborales y una menor capacidad productiva, con eventuales efectos sobre el crecimiento del PIB.
El desafío adquiere mayor dimensión frente a la crisis demográfica chilena. Con una fecundidad cercana a un hijo por mujer y un rápido envejecimiento de la población, la salida de personas jóvenes y familias venezolanas podría profundizar la reducción de la población en edad de trabajar y, eventualmente, agudizar el problema de la natalidad.
Así, el retorno venezolano podría convertirse en una paradoja para Chile: aliviaría algunas presiones migratorias, pero también podría restar dinamismo a una economía que enfrenta el envejecimiento y una creciente escasez de mano de obra.
Dos funcionarios del Ejército fueron dados de baja y condenados a 816 días de reclusión tras ser descubiertos ayudando a una ciudadana venezolana de 23 años a ingresar irregularmente a Chile por la zona fronteriza de Colchane, en la Región de Tarapacá.
Los exsuboficiales, pertenecientes a la Brigada Cazadores de Pozo Almonte, entregaron a la mujer información clave para facilitar su ingreso clandestino, incluyendo ubicaciones y nombres de puestos de control militar. Los mensajes de WhatsApp fueron revelados por primera vez por "24 Horas Reportajes" y posteriormente periciados por la Fiscalía y el OS9 de Carabineros.
De acuerdo con la investigación, el objetivo de los funcionarios no habría sido obtener dinero, sino un eventual beneficio de carácter sexual. “Buscaban una posible recompensa, remuneración o beneficio en el ámbito sexual, no monetario como se ve frecuentemente”, explicó el teniente de Carabineros Felipe Cortés. La fiscal adjunta del Tamarugal, Karem Gómez, detalló que uno de los militares planteaba que, una vez concretado el ingreso, podrían reunirse en Iquique y que el encuentro eventualmente culminara en “algún favor sexual”, situación que finalmente no ocurrió.
El caso quedó al descubierto cuando la mujer se desorientó en medio del desierto y llegó accidentalmente hasta un puesto de mando avanzado. Al ser consultada por el personal militar sobre cómo conocía los nombres de distintos puestos fronterizos, mostró las conversaciones que mantenía en su teléfono. Los peritajes confirmaron que los mensajes habían sido enviados desde el dispositivo asignado a uno de los funcionarios mientras cumplía labores de vigilancia fronteriza en el sector Cerrito Prieto 2.
La sentencia por tráfico de migrantes constituye la primera condena contra personal militar por este delito. Ambos cumplen parte de la pena en libertad. El caso ocurre, además, en una unidad que ya había sido golpeada por otro escándalo: en 2025, siete suboficiales del Regimiento Cazadores fueron detenidos por una investigación por tráfico de drogas, con ganancias que superarían los $3 mil millones.
Dos funcionarios del Ejército fueron dados de baja y condenados a 816 días de reclusión tras ser descubiertos ayudando a una ciudadana venezolana de 23 años a ingresar irregularmente a Chile por la zona fronteriza de Colchane, en la Región de Tarapacá.
Los exsuboficiales, pertenecientes a la Brigada Cazadores de Pozo Almonte, entregaron a la mujer información clave para facilitar su ingreso clandestino, incluyendo ubicaciones y nombres de puestos de control militar. Los mensajes de WhatsApp fueron revelados por primera vez por "24 Horas Reportajes" y posteriormente periciados por la Fiscalía y el OS9 de Carabineros.
De acuerdo con la investigación, el objetivo de los funcionarios no habría sido obtener dinero, sino un eventual beneficio de carácter sexual. “Buscaban una posible recompensa, remuneración o beneficio en el ámbito sexual, no monetario como se ve frecuentemente”, explicó el teniente de Carabineros Felipe Cortés. La fiscal adjunta del Tamarugal, Karem Gómez, detalló que uno de los militares planteaba que, una vez concretado el ingreso, podrían reunirse en Iquique y que el encuentro eventualmente culminara en “algún favor sexual”, situación que finalmente no ocurrió.
El caso quedó al descubierto cuando la mujer se desorientó en medio del desierto y llegó accidentalmente hasta un puesto de mando avanzado. Al ser consultada por el personal militar sobre cómo conocía los nombres de distintos puestos fronterizos, mostró las conversaciones que mantenía en su teléfono. Los peritajes confirmaron que los mensajes habían sido enviados desde el dispositivo asignado a uno de los funcionarios mientras cumplía labores de vigilancia fronteriza en el sector Cerrito Prieto 2.
La sentencia por tráfico de migrantes constituye la primera condena contra personal militar por este delito. Ambos cumplen parte de la pena en libertad. El caso ocurre, además, en una unidad que ya había sido golpeada por otro escándalo: en 2025, siete suboficiales del Regimiento Cazadores fueron detenidos por una investigación por tráfico de drogas, con ganancias que superarían los $3 mil millones.
El anuncio del nuevo Certificado de Habilitación Laboral, realizado el pasado 13 de agosto de 2026 por el director del Servicio Nacional de Migraciones, generó preocupación entre trabajadores extranjeros, especialmente entre quienes temen perder su empleo debido a las dificultades para acceder al documento por su situación migratoria.
Frente a esta inquietud, el experto en Derecho Migratorio y Laboral Adrián Hernández, de @ambientejuridicove, aclaró que el certificado es una herramienta administrativa destinada a acreditar la habilitación para desarrollar actividades remuneradas, pero no establece por sí mismo una nueva causal de término del contrato de trabajo. “El hecho de que un trabajador no pueda exhibir este certificado no autoriza automáticamente al empleador a poner término a una relación laboral existente ni, mucho menos, a desconocer los derechos laborales generados durante ella”, explicó.
Hernández recordó que tanto la Corte Suprema como la Dirección del Trabajo han reconocido derechos laborales a las personas migrantes, incluso en situaciones de irregularidad migratoria. En consecuencia, ante un eventual despido, será necesario analizar la causal invocada, los hechos señalados en la carta de despido y las circunstancias particulares del caso. Una referencia genérica a la falta de “habilitación laboral” no convierte automáticamente el despido en legal.
El especialista recomendó tanto a trabajadores como a empleadores buscar asesoría antes de adoptar decisiones que puedan generar consecuencias laborales o migratorias. “Una medida administrativa no puede interpretarse de manera aislada ni utilizarse para desconocer derechos establecidos por la legislación vigente”, señaló.
El anuncio del nuevo Certificado de Habilitación Laboral, realizado el pasado 13 de agosto de 2026 por el director del Servicio Nacional de Migraciones, generó preocupación entre trabajadores extranjeros, especialmente entre quienes temen perder su empleo debido a las dificultades para acceder al documento por su situación migratoria.
Frente a esta inquietud, el experto en Derecho Migratorio y Laboral Adrián Hernández, de @ambientejuridicove, aclaró que el certificado es una herramienta administrativa destinada a acreditar la habilitación para desarrollar actividades remuneradas, pero no establece por sí mismo una nueva causal de término del contrato de trabajo. “El hecho de que un trabajador no pueda exhibir este certificado no autoriza automáticamente al empleador a poner término a una relación laboral existente ni, mucho menos, a desconocer los derechos laborales generados durante ella”, explicó.
Hernández recordó que tanto la Corte Suprema como la Dirección del Trabajo han reconocido derechos laborales a las personas migrantes, incluso en situaciones de irregularidad migratoria. En consecuencia, ante un eventual despido, será necesario analizar la causal invocada, los hechos señalados en la carta de despido y las circunstancias particulares del caso. Una referencia genérica a la falta de “habilitación laboral” no convierte automáticamente el despido en legal.
El especialista recomendó tanto a trabajadores como a empleadores buscar asesoría antes de adoptar decisiones que puedan generar consecuencias laborales o migratorias. “Una medida administrativa no puede interpretarse de manera aislada ni utilizarse para desconocer derechos establecidos por la legislación vigente”, señaló.
La Encuesta Democracia UDP–Feedback reveló una percepción mayoritariamente negativa sobre el impacto de la migración en Chile durante la última década. El 70% de los encuestados considera que existe discriminación hacia las personas migrantes y que el trato que reciben puede variar según factores como su nacionalidad, nivel socioeconómico y apariencia. Además, entre quienes creen que Chile ha cambiado producto de la migración, solo un 13% evalúa ese cambio positivamente, frente a un 59% que lo califica como negativo o muy negativo.
La evaluación crítica se concentra principalmente en sus efectos sobre la vida cotidiana. El 84% considera que la migración ha aumentado la demanda sobre los servicios públicos, un 67% cree que ha dificultado la convivencia y un 65% estima que ha incrementado la competencia por los empleos. Sin embargo, el 34% declara haber tenido experiencias positivas o muy positivas con personas migrantes, frente a un 27% que reporta experiencias negativas. A su vez, un 70% percibe que existe una alta tendencia a considerar que los migrantes actúan como si algunas normas chilenas no les correspondieran.
Para el sociólogo y académico de la Universidad Central, Luis Gajardo, parte de estas percepciones podría estar influenciada por opiniones discriminadoras de terceros. “Cuando una persona tiene un contacto directo con los grupos étnicos migrantes, disminuye enormemente el prejuicio, la discriminación negativa y los estereotipos”, sostuvo. El académico llamó a fortalecer la educación y el contacto entre la población chilena y migrante, destacando que estos grupos también constituyen un aporte para la sociedad.
Publicación creada a partir de Nota del diario The Clinic.
La Encuesta Democracia UDP–Feedback reveló una percepción mayoritariamente negativa sobre el impacto de la migración en Chile durante la última década. El 70% de los encuestados considera que existe discriminación hacia las personas migrantes y que el trato que reciben puede variar según factores como su nacionalidad, nivel socioeconómico y apariencia. Además, entre quienes creen que Chile ha cambiado producto de la migración, solo un 13% evalúa ese cambio positivamente, frente a un 59% que lo califica como negativo o muy negativo.
La evaluación crítica se concentra principalmente en sus efectos sobre la vida cotidiana. El 84% considera que la migración ha aumentado la demanda sobre los servicios públicos, un 67% cree que ha dificultado la convivencia y un 65% estima que ha incrementado la competencia por los empleos. Sin embargo, el 34% declara haber tenido experiencias positivas o muy positivas con personas migrantes, frente a un 27% que reporta experiencias negativas. A su vez, un 70% percibe que existe una alta tendencia a considerar que los migrantes actúan como si algunas normas chilenas no les correspondieran.
Para el sociólogo y académico de la Universidad Central, Luis Gajardo, parte de estas percepciones podría estar influenciada por opiniones discriminadoras de terceros. “Cuando una persona tiene un contacto directo con los grupos étnicos migrantes, disminuye enormemente el prejuicio, la discriminación negativa y los estereotipos”, sostuvo. El académico llamó a fortalecer la educación y el contacto entre la población chilena y migrante, destacando que estos grupos también constituyen un aporte para la sociedad.
Publicación creada a partir de Nota del diario The Clinic.
El acuerdo petrolero alcanzado entre Estados Unidos y Venezuela abre nuevas expectativas sobre una eventual recuperación de la economía venezolana y, con ello, sobre el retorno de parte de los millones de venezolanos que viven en el exterior. El pacto contempla inversiones de hasta US$100.000 millones para recuperar la industria petrolera y aumentar la producción, aunque sus efectos podrían tardar en materializarse.
Para los migrantes venezolanos en Chile, una recuperación económica podría significar nuevas oportunidades laborales y de emprendimiento, pero no necesariamente un regreso inmediato. El desafío será que una eventual expansión de la industria petrolera logre irradiarse hacia el resto de la economía, generando empleos, mejores salarios y condiciones que permitan a las familias proyectar nuevamente su vida en Venezuela.
La experiencia migratoria también ha generado arraigo en los países de acogida, por lo que una decisión de retorno dependerá tanto de las condiciones en Venezuela como de las oportunidades y vínculos construidos durante años en el exterior.
Carlos González, venezolano residente en Santiago: “Si Venezuela vuelve a generar empleo y ofrece mejores condiciones, muchos podríamos comenzar a evaluar seriamente regresar. La mayoría quiere volver, pero necesita certezas”.
Una visión más cautelosa plantea María Fernanda Pérez, venezolana residente en Chile: “Una mejora económica sería positiva, pero no suficiente. Para regresar también necesitamos seguridad, servicios públicos, estabilidad e instituciones que funcionen”.
El acuerdo representa, así, una potencial oportunidad para el retorno, pero su magnitud dependerá de que la recuperación petrolera se traduzca en mejoras concretas y sostenibles para la población.
El acuerdo petrolero alcanzado entre Estados Unidos y Venezuela abre nuevas expectativas sobre una eventual recuperación de la economía venezolana y, con ello, sobre el retorno de parte de los millones de venezolanos que viven en el exterior. El pacto contempla inversiones de hasta US$100.000 millones para recuperar la industria petrolera y aumentar la producción, aunque sus efectos podrían tardar en materializarse.
Para los migrantes venezolanos en Chile, una recuperación económica podría significar nuevas oportunidades laborales y de emprendimiento, pero no necesariamente un regreso inmediato. El desafío será que una eventual expansión de la industria petrolera logre irradiarse hacia el resto de la economía, generando empleos, mejores salarios y condiciones que permitan a las familias proyectar nuevamente su vida en Venezuela.
La experiencia migratoria también ha generado arraigo en los países de acogida, por lo que una decisión de retorno dependerá tanto de las condiciones en Venezuela como de las oportunidades y vínculos construidos durante años en el exterior.
Carlos González, venezolano residente en Santiago: “Si Venezuela vuelve a generar empleo y ofrece mejores condiciones, muchos podríamos comenzar a evaluar seriamente regresar. La mayoría quiere volver, pero necesita certezas”.
Una visión más cautelosa plantea María Fernanda Pérez, venezolana residente en Chile: “Una mejora económica sería positiva, pero no suficiente. Para regresar también necesitamos seguridad, servicios públicos, estabilidad e instituciones que funcionen”.
El acuerdo representa, así, una potencial oportunidad para el retorno, pero su magnitud dependerá de que la recuperación petrolera se traduzca en mejoras concretas y sostenibles para la población.