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Una niña dominicana quedó gravemente herida. Un adolescente venezolano perdió la vida. Son hechos distintos, pero comparten elementos que obligan a mirar más allá de cada caso. Ambos ocurrieron en comunas donde la pobreza forma parte de la vida cotidiana y las víctimas eran estudiantes migrantes. También ocurren en un momento en que la violencia escolar parece haber superado la capacidad de respuesta de las instituciones.
Las agresiones dentro de los establecimientos ya no se limitan a peleas o conflictos entre estudiantes. Hemos visto ataques durante tomas, amenazas a compañeros y trabajadores, hechos de extrema violencia y casos en que alumnos han terminado asesinando a otros integrantes de la comunidad educativa. La escuela, que debía ser un espacio de formación y protección, enfrenta problemas que muchas veces se originan fuera de sus muros.
El debate se ha concentrado entre quienes proponen más control y sanciones y quienes sostienen que la respuesta debe estar en la salud mental. Ambas dimensiones son necesarias, pero ninguna puede explicar por sí sola lo que ocurre. La salud mental no puede transformarse en una respuesta automática para toda conducta violenta, ni las medidas de seguridad pueden reemplazar la prevención.
También es necesario hablar de la familia. Cuando los adultos renuncian a establecer límites, cuando la violencia se normaliza o cuando se justifica la falta de responsabilidad por la edad, los niños y adolescentes quedan sin referentes claros. Protegerlos no significa negar las consecuencias de sus actos, sino acompañarlos, educarlos y exigirles responsabilidad de acuerdo con su etapa de desarrollo.
La escuela no puede asumir sola una tarea que corresponde a toda la sociedad. Recuperar la seguridad exige apoyo en salud mental, prevención, normas claras y familias presentes. Sin autoridad responsable, sin consecuencias y sin una comunidad comprometida, seguiremos reaccionando después de cada tragedia, en lugar de evitar la próxima.
Editorial de El Inmigrante.
Una niña dominicana quedó gravemente herida. Un adolescente venezolano perdió la vida. Son hechos distintos, pero comparten elementos que obligan a mirar más allá de cada caso. Ambos ocurrieron en comunas donde la pobreza forma parte de la vida cotidiana y las víctimas eran estudiantes migrantes. También ocurren en un momento en que la violencia escolar parece haber superado la capacidad de respuesta de las instituciones.
Las agresiones dentro de los establecimientos ya no se limitan a peleas o conflictos entre estudiantes. Hemos visto ataques durante tomas, amenazas a compañeros y trabajadores, hechos de extrema violencia y casos en que alumnos han terminado asesinando a otros integrantes de la comunidad educativa. La escuela, que debía ser un espacio de formación y protección, enfrenta problemas que muchas veces se originan fuera de sus muros.
El debate se ha concentrado entre quienes proponen más control y sanciones y quienes sostienen que la respuesta debe estar en la salud mental. Ambas dimensiones son necesarias, pero ninguna puede explicar por sí sola lo que ocurre. La salud mental no puede transformarse en una respuesta automática para toda conducta violenta, ni las medidas de seguridad pueden reemplazar la prevención.
También es necesario hablar de la familia. Cuando los adultos renuncian a establecer límites, cuando la violencia se normaliza o cuando se justifica la falta de responsabilidad por la edad, los niños y adolescentes quedan sin referentes claros. Protegerlos no significa negar las consecuencias de sus actos, sino acompañarlos, educarlos y exigirles responsabilidad de acuerdo con su etapa de desarrollo.
La escuela no puede asumir sola una tarea que corresponde a toda la sociedad. Recuperar la seguridad exige apoyo en salud mental, prevención, normas claras y familias presentes. Sin autoridad responsable, sin consecuencias y sin una comunidad comprometida, seguiremos reaccionando después de cada tragedia, en lugar de evitar la próxima.
Editorial de El Inmigrante.
Más de 30 organizaciones de la sociedad civil migrante, junto a representantes comunitarios y tres universidades, suscribieron un comunicado público en el que expresaron su preocupación por los recientes hechos de violencia que han afectado a estudiantes migrantes y afrodescendientes en Chile. En el documento, las entidades hicieron un llamado a fortalecer la convivencia escolar, prevenir la discriminación y garantizar espacios educativos seguros para todos los niños, niñas y adolescentes.
La declaración surge luego de dos graves episodios ocurridos durante la última semana: la agresión sufrida por una niña de 7 años al interior de un establecimiento educacional y la muerte de un adolescente de 15 años tras ser atacado en las inmediaciones de un liceo. Las organizaciones señalaron que, más allá de las circunstancias particulares de cada caso, ambos hechos obligan a reflexionar sobre el clima de convivencia que se está construyendo en las comunidades educativas y en la sociedad.
“Estos acontecimientos deben movilizarnos a actuar con mayor responsabilidad y urgencia. La escuela tiene que ser un espacio de protección, respeto y convivencia, donde ningún niño, niña o adolescente sienta miedo de asistir por el riesgo de sufrir violencia, discriminación o exclusión”, señaló Larissa Chacin, Presidenta de la ONG Solidaridad Activa y Viceprensidenta del Cosoc del Slep Valparaíso.
Por su parte, Lenka Montenegro, vocera de la Asociación de los Centros Generales de Madres, Padres y Apoderados de los Establecimientos Públicos de Valparaíso agregó que la prevención requiere una respuesta integral, con mayor presencia de equipos psicosociales, protocolos oportunos y recursos suficientes. “No basta con reaccionar cuando ocurre una tragedia. Es necesario fortalecer la prevención, la salud mental y la convivencia escolar, considerando también las realidades y necesidades de las familias migrantes y de las niñeces afrodescendientes”, sostuvo.
El comunicado también advirtió sobre el impacto que pueden tener los discursos racistas, xenófobos o estigmatizantes en el debate público.
Más de 30 organizaciones de la sociedad civil migrante, junto a representantes comunitarios y tres universidades, suscribieron un comunicado público en el que expresaron su preocupación por los recientes hechos de violencia que han afectado a estudiantes migrantes y afrodescendientes en Chile. En el documento, las entidades hicieron un llamado a fortalecer la convivencia escolar, prevenir la discriminación y garantizar espacios educativos seguros para todos los niños, niñas y adolescentes.
La declaración surge luego de dos graves episodios ocurridos durante la última semana: la agresión sufrida por una niña de 7 años al interior de un establecimiento educacional y la muerte de un adolescente de 15 años tras ser atacado en las inmediaciones de un liceo. Las organizaciones señalaron que, más allá de las circunstancias particulares de cada caso, ambos hechos obligan a reflexionar sobre el clima de convivencia que se está construyendo en las comunidades educativas y en la sociedad.
“Estos acontecimientos deben movilizarnos a actuar con mayor responsabilidad y urgencia. La escuela tiene que ser un espacio de protección, respeto y convivencia, donde ningún niño, niña o adolescente sienta miedo de asistir por el riesgo de sufrir violencia, discriminación o exclusión”, señaló Larissa Chacin, Presidenta de la ONG Solidaridad Activa y Viceprensidenta del Cosoc del Slep Valparaíso.
Por su parte, Lenka Montenegro, vocera de la Asociación de los Centros Generales de Madres, Padres y Apoderados de los Establecimientos Públicos de Valparaíso agregó que la prevención requiere una respuesta integral, con mayor presencia de equipos psicosociales, protocolos oportunos y recursos suficientes. “No basta con reaccionar cuando ocurre una tragedia. Es necesario fortalecer la prevención, la salud mental y la convivencia escolar, considerando también las realidades y necesidades de las familias migrantes y de las niñeces afrodescendientes”, sostuvo.
El comunicado también advirtió sobre el impacto que pueden tener los discursos racistas, xenófobos o estigmatizantes en el debate público.
El homicidio de un estudiante venezolano cometido por otro alumno en la comuna de San Bernardo reabrió el debate sobre la violencia en los establecimientos educacionales y la efectividad de las políticas impulsadas para prevenir hechos graves dentro de las comunidades escolares.
Tras conocerse el caso, el presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, cuestionó la Ley Escuelas Protegidas y sostuvo que la normativa no sería suficiente para enfrentar la problemática. “Sacaron su ley Escuelas Protegidas y les dijimos que no iba a ser suficiente porque solo abordaba un aspecto y que era una ley más efectista que real”, señaló el dirigente gremial.
Las declaraciones también generaron cuestionamientos respecto del rol que tuvo el gremio docente en la discusión de iniciativas anteriores, como la Ley Aula Segura. Desde sectores críticos recordaron que el Colegio de Profesores fue uno de los principales opositores a esa normativa y que, junto a actores políticos vinculados a su postura, impulsó acciones ante el Tribunal Constitucional que derivaron en la exclusión de algunas disposiciones relacionadas con mecanismos de control y revisión de pertenencias de estudiantes.
El debate también ha puesto en el centro el papel de la salud mental en la prevención de la violencia escolar. Mientras algunos especialistas y autoridades plantean la necesidad de fortalecer el acompañamiento psicológico, la detección temprana y las redes de apoyo, voces críticas advierten que estas explicaciones no deben utilizarse para relativizar la responsabilidad individual ni para disminuir la gravedad de hechos que pueden tener consecuencias irreparables.
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El homicidio de un estudiante venezolano cometido por otro alumno en la comuna de San Bernardo reabrió el debate sobre la violencia en los establecimientos educacionales y la efectividad de las políticas impulsadas para prevenir hechos graves dentro de las comunidades escolares.
Tras conocerse el caso, el presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, cuestionó la Ley Escuelas Protegidas y sostuvo que la normativa no sería suficiente para enfrentar la problemática. “Sacaron su ley Escuelas Protegidas y les dijimos que no iba a ser suficiente porque solo abordaba un aspecto y que era una ley más efectista que real”, señaló el dirigente gremial.
Las declaraciones también generaron cuestionamientos respecto del rol que tuvo el gremio docente en la discusión de iniciativas anteriores, como la Ley Aula Segura. Desde sectores críticos recordaron que el Colegio de Profesores fue uno de los principales opositores a esa normativa y que, junto a actores políticos vinculados a su postura, impulsó acciones ante el Tribunal Constitucional que derivaron en la exclusión de algunas disposiciones relacionadas con mecanismos de control y revisión de pertenencias de estudiantes.
El debate también ha puesto en el centro el papel de la salud mental en la prevención de la violencia escolar. Mientras algunos especialistas y autoridades plantean la necesidad de fortalecer el acompañamiento psicológico, la detección temprana y las redes de apoyo, voces críticas advierten que estas explicaciones no deben utilizarse para relativizar la responsabilidad individual ni para disminuir la gravedad de hechos que pueden tener consecuencias irreparables.
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Un joven venezolano de 15 años falleció este jueves, luego de recibir una puñalada en las inmediaciones del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, en la comuna de San Bernardo.
De acuerdo con información policial, la víctima recibió una puñalada en el pecho a pocos metros del mencionado establecimiento por parte de un compañero del liceo. Este sería el segundo registro de un hecho violento contra un niño o adolescente migrante está semana.
Noticia en desarrollo.
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Un joven venezolano de 15 años falleció este jueves, luego de recibir una puñalada en las inmediaciones del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, en la comuna de San Bernardo.
De acuerdo con información policial, la víctima recibió una puñalada en el pecho a pocos metros del mencionado establecimiento por parte de un compañero del liceo. Este sería el segundo registro de un hecho violento contra un niño o adolescente migrante está semana.
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El Presidente Kast junto al Canciller Francisco Pérez Mackenna anuncian acuerdo con Venezuela para restablecer relaciones consulares.
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El Presidente Kast junto al Canciller Francisco Pérez Mackenna anuncian acuerdo con Venezuela para restablecer relaciones consulares.
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Según la declaración conjunta suscrita en Santiago, esta primera etapa busca avanzar hacia la reanudación plena de las relaciones bilaterales y garantizar la protección y la prestación de servicios consulares a los ciudadanos chilenos residentes en Venezuela y a los venezolanos que viven en Chile.
La iniciativa se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido a ambas naciones desde sus orígenes republicanos. Los gobiernos señalaron que estos vínculos constituyen una base para impulsar esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo, el bienestar de sus pueblos y la cooperación regional.
Chile y Venezuela también ratificaron que el proceso se desarrollará mediante el diálogo constructivo y bajo los principios de respeto mutuo, reciprocidad y estricto apego a las normas del Derecho Internacional.
La reactivación consular representa un primer paso concreto para restablecer los canales institucionales entre ambos países, en un contexto en que miles de ciudadanos venezolanos residen en Chile y requieren acceso a trámites, documentación y servicios vinculados a sus derechos y necesidades consulares.
Según la declaración conjunta suscrita en Santiago, esta primera etapa busca avanzar hacia la reanudación plena de las relaciones bilaterales y garantizar la protección y la prestación de servicios consulares a los ciudadanos chilenos residentes en Venezuela y a los venezolanos que viven en Chile.
La iniciativa se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido a ambas naciones desde sus orígenes republicanos. Los gobiernos señalaron que estos vínculos constituyen una base para impulsar esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo, el bienestar de sus pueblos y la cooperación regional.
Chile y Venezuela también ratificaron que el proceso se desarrollará mediante el diálogo constructivo y bajo los principios de respeto mutuo, reciprocidad y estricto apego a las normas del Derecho Internacional.
La reactivación consular representa un primer paso concreto para restablecer los canales institucionales entre ambos países, en un contexto en que miles de ciudadanos venezolanos residen en Chile y requieren acceso a trámites, documentación y servicios vinculados a sus derechos y necesidades consulares.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela anunció la puesta en marcha de una nueva plataforma digital destinada a facilitar la solicitud de apostillas y legalizaciones internacionales de títulos universitarios. La iniciativa busca agilizar este trámite, especialmente para los ciudadanos venezolanos que residen en el extranjero y requieren validar sus documentos académicos ante instituciones de otros países.
El ministro Félix Plasencia señaló que el nuevo portal forma parte de una estrategia orientada a simplificar los servicios públicos y fortalecer la modernización digital del Estado. Según indicó, la plataforma permitirá avanzar hacia una gestión más eficiente y accesible para los venezolanos, tanto dentro como fuera del país.
Para realizar el trámite, los usuarios deberán ingresar al portal de servicios en línea del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) con su usuario y contraseña. Luego, deberán acceder a la sección “Ver solicitudes”, donde podrán revisar las copias certificadas y protocolizaciones de títulos disponibles.
En la columna “Acciones”, el solicitante deberá seleccionar la opción “Solicitar apostilla o legalización internacional” e indicar el país de destino del documento. Una vez confirmados los datos, el sistema generará la planilla de pago correspondiente.
El pago podrá efectuarse mediante pago móvil, la Ventanilla Única de Recaudación, el portal del SAREN o a través de la banca en línea. Tras completar el proceso, la apostilla será emitida automáticamente y podrá descargarse desde la misma sección de acciones de la plataforma.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela anunció la puesta en marcha de una nueva plataforma digital destinada a facilitar la solicitud de apostillas y legalizaciones internacionales de títulos universitarios. La iniciativa busca agilizar este trámite, especialmente para los ciudadanos venezolanos que residen en el extranjero y requieren validar sus documentos académicos ante instituciones de otros países.
El ministro Félix Plasencia señaló que el nuevo portal forma parte de una estrategia orientada a simplificar los servicios públicos y fortalecer la modernización digital del Estado. Según indicó, la plataforma permitirá avanzar hacia una gestión más eficiente y accesible para los venezolanos, tanto dentro como fuera del país.
Para realizar el trámite, los usuarios deberán ingresar al portal de servicios en línea del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) con su usuario y contraseña. Luego, deberán acceder a la sección “Ver solicitudes”, donde podrán revisar las copias certificadas y protocolizaciones de títulos disponibles.
En la columna “Acciones”, el solicitante deberá seleccionar la opción “Solicitar apostilla o legalización internacional” e indicar el país de destino del documento. Una vez confirmados los datos, el sistema generará la planilla de pago correspondiente.
El pago podrá efectuarse mediante pago móvil, la Ventanilla Única de Recaudación, el portal del SAREN o a través de la banca en línea. Tras completar el proceso, la apostilla será emitida automáticamente y podrá descargarse desde la misma sección de acciones de la plataforma.
El senador de centro izquierda, Iván Flores presentó un proyecto de ley que busca tipificar como delito la celebración de matrimonios o Acuerdos de Unión Civil (AUC) con el propósito de obtener permisos de residencia, nacionalidad chilena u otros beneficios migratorios. La iniciativa surge tras una investigación que reveló presuntos casos de utilización fraudulenta de estos mecanismos.
El abogado en migración Osvaldo Llinás (@osvaldollinas) sostuvo que el Estado puede perseguir conductas fraudulentas, pero advirtió que la regulación debe evitar criminalizar o estigmatizar de manera generalizada a las personas migrantes y a las parejas binacionales. “La existencia de un beneficio migratorio no permite presumir que una relación es falsa. Cualquier sanción debe fundarse en antecedentes objetivos, respetar el debido proceso y proteger la vida familiar”, planteó.
El proyecto propone modificar la Ley de Migración y Extranjería para sancionar estas conductas con penas de entre 61 y 540 días de presidio y multas de 10 a 20 UTM. Además, contempla sanciones para quienes organicen, promuevan o intermedien habitualmente y con fines de lucro en la celebración de matrimonios o AUC fraudulentos.
Según cifras del Servicio Nacional de Migraciones, entre 2022 y 2026 se otorgaron 10.321 residencias temporales vinculadas a solicitudes realizadas tras la celebración de un AUC, mientras que cerca de 600 fueron rechazadas. Sin embargo, no existe información oficial que permita establecer cuántos casos corresponderían efectivamente a acuerdos celebrados de manera fraudulenta.
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@migueltelodice
El senador de centro izquierda, Iván Flores presentó un proyecto de ley que busca tipificar como delito la celebración de matrimonios o Acuerdos de Unión Civil (AUC) con el propósito de obtener permisos de residencia, nacionalidad chilena u otros beneficios migratorios. La iniciativa surge tras una investigación que reveló presuntos casos de utilización fraudulenta de estos mecanismos.
El abogado en migración Osvaldo Llinás (@osvaldollinas) sostuvo que el Estado puede perseguir conductas fraudulentas, pero advirtió que la regulación debe evitar criminalizar o estigmatizar de manera generalizada a las personas migrantes y a las parejas binacionales. “La existencia de un beneficio migratorio no permite presumir que una relación es falsa. Cualquier sanción debe fundarse en antecedentes objetivos, respetar el debido proceso y proteger la vida familiar”, planteó.
El proyecto propone modificar la Ley de Migración y Extranjería para sancionar estas conductas con penas de entre 61 y 540 días de presidio y multas de 10 a 20 UTM. Además, contempla sanciones para quienes organicen, promuevan o intermedien habitualmente y con fines de lucro en la celebración de matrimonios o AUC fraudulentos.
Según cifras del Servicio Nacional de Migraciones, entre 2022 y 2026 se otorgaron 10.321 residencias temporales vinculadas a solicitudes realizadas tras la celebración de un AUC, mientras que cerca de 600 fueron rechazadas. Sin embargo, no existe información oficial que permita establecer cuántos casos corresponderían efectivamente a acuerdos celebrados de manera fraudulenta.
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