En Chile, el hogar —ese refugio que debería resguardar del miedo— se ha convertido para muchas mujeres migrantes en el lugar donde la violencia se hace insoportable. En lo que va de 2025, una serie de femicidios ha sacudido al país, y varias de las víctimas han sido mujeres venezolanas que, tras cruzar fronteras buscando una vida mejor, encontraron la muerte dentro de los muros que llamaban casa.
Estefany Morales, venezolana de 22 años, fue asesinada en Osorno por su suegra chilena, quien la atacó con 19 puñaladas en la vivienda que compartían. En Independencia, otra mujer venezolana de 45 años fue encontrada muerta con múltiples heridas; el principal sospechoso es su expareja, también migrante, que continúa prófugo. En Temuco, Sarais González, de 22 años, fue hallada sin vida en el departamento de un antiguo novio, después de que su hermana la buscara durante días sin apoyo policial y más recientemente en Arica, Rosannys Calle, de 30 años y madre de dos niños, fue víctima de un presunto femicidio cometido por su excompañero chileno.
Estos casos exponen algo más que violencia de género: revelan la vulnerabilidad de las mujeres migrantes en entornos donde las redes de apoyo son frágiles o inexistentes. Lejos de sus familias, muchas viven dependientes emocional o económicamente de sus agresores. La falta de regularización, el miedo a denunciar o el aislamiento acentúan el riesgo y perpetúan el silencio.
La violencia doméstica en Chile crece entre muros familiares y atraviesa acentos y pasaportes. El problema no distingue nacionalidades, pero castiga con más dureza a quienes no tienen un entorno que las contenga ni un Estado que las proteja.
Nombrarlas es un acto de memoria y también de justicia. Que sus muertes nos obliguen a mirar de frente esta tragedia silenciosa: la de mujeres que dejaron todo para vivir y fueron asesinadas en el lugar donde buscaban reconstruirse.