Por estos días, la conversación sobre migración en Chile ha vuelto a encenderse, como casi siempre ocurre luego de hechos delictivos que involucran a personas extranjeras. El más reciente: un carabinero herido tras un enfrentamiento con tres migrantes en situación irregular. La reacción pública y política suele ser inmediata, y comprensible en su preocupación, pero también equivocada en su diagnóstico: se refuerza la idea de que avanzar en procesos de regularización es «premiar» al irregular. Lo cierto es todo lo contrario.
Hoy en Chile hay más de 250.000 migrantes en situación irregular. Eso no significa que sean delincuentes. De hecho, la mayoría de ellos vive en la sombra no por decisión propia, sino porque no han tenido acceso a mecanismos de regularización. Y en esa sombra, precisamente, es donde el verdadero delincuente encuentra su mejor escondite.
El que viene a delinquir no busca regularizarse. No le interesa figurar en ningún registro ni exponerse a una revisión de antecedentes. El anonimato es su aliado. Y mientras más grande sea la masa de personas invisibles ante el Estado, más fácil es para él camuflarse entre ellos. La no regularización, en los hechos, termina protegiendo al criminal, no al país.
El migrante que quiere trabajar y cumplir con las reglas necesita un camino. Regularizar no es regalarle la residencia a nadie. Es someter a cada solicitante a un proceso de evaluación, revisión de antecedentes y condiciones. Es dar al Estado herramientas para identificar quién está y en qué condiciones está. Es, en última instancia, recuperar el control.
Seguir postergando una política de regularización seria, por miedo o cálculo político, no solo es injusto, sino también peligroso. No enfrentar el problema solo lo agrava: deja a miles de personas a merced del abuso, la informalidad y el crimen, mientras los verdaderos delincuentes operan con total comodidad entre los invisibles.
La pregunta que debiéramos hacernos no es si regularizar o no, sino cómo hacerlo bien: con criterios claros, con rigurosidad, con responsabilidad. Porque lo que hoy está en juego no es una concesión, sino una política de seguridad pública efectiva.
Editorial.