El 31 de enero de 2024 pasará a la historia de Chile como el día en que comenzó el trágico incendio forestal que cobró la vida de al menos 135 personas en la región de Valparaíso. Este desastre, calificado por el gobierno como el más grave desde el terremoto de 2010 y el incendio más letal a nivel mundial en los últimos 15 años, sumió al país en duelo.
El 4 de febrero, en medio del luto nacional, el Gobierno informó sobre la existencia de “antecedentes serios” de que el incendio habría sido intencional, lo que desencadenó un enfrentamiento en las redes sociales entre partidarios del gobierno y la oposición.
En medio de esta agitada discusión, surgió una entrevista de la periodista venezolana Nitu Pérez Ozuna, quien hizo pública la tesis de que el incendio habría sido perpetrado por venezolanos “enviados por Maduro” para desestabilizar Chile. Una entrevista que sirvió de caldo de cultivo para que las tropas digitales antimigrantes avivaran la hostilidad hacia los inmigrantes venezolanos, con esta gravísima hipótesis.
Ayer, la justicia chilena detuvo a los presuntos responsables del incendio, quienes serían un bombero voluntario y exfuncionario de la CONAF, y están siendo procesados en la actualidad. Al conocer la identidad de los presuntos culpables, recordé de inmediato la entrevista irresponsable y el daño que causó.
La gran mayoría de los venezolanos rechazamos al régimen de Nicolás Maduro y no ponemos en duda su capacidad para hacer el mal, pero esas afirmaciones infundadas no dañan a Maduro, sino a los millones de venezolanos que ya hemos sufrido demasiado al huir de nuestro país y tener enfrentar a diario las acciones del crimen organizado transnacional para ahora también tener que lidiar con especulaciones y mentiras provenientes de profesionales de la comunicación.
Las democracias se construyen con libertad de expresión por parte de los gobiernos, pero también con responsabilidad y rigurosidad informativa por parte de la prensa.
Editorial El Inmigrante
